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Cuando Brasil obtuvo una calificación crediticia de grado de inversión en 2008, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparó a su anterior encarnación con calificación de chatarra con un bueno para nada que gasta el doble de lo que gana, principalmente en apuestas y alcohol. De ahí en adelante, se jactó el presidente de manera típicamente simplona, Brasil sería un trabajador responsable que “ve por su familia”.

Ahora, sin embargo, bajo la administración de la protegida y sucesora de Lula, la presidenta Dilma Rousseff, Brasil, corre el riesgo de recaer en la bebida.

El 28 de julio, Standard & Poor’s, una agencia calificadora, anunció que el país podría perder su apreciado estatus si no recobra la sobriedad. La advertencia fue precipitada por la decisión del Gobierno la semana pasada, de reducir sus metas para los superávits primarios; es decir antes de los costos del servicio de la deuda, para 2015-2018.

El Banco Central había esperado empezar a reducir las tasas de interés pronto, pero el retroceso fiscal lo ha hecho imposible.

La meta para este año y el siguiente se redujo de 1.1 y 2 por ciento del PIB, respectivamente, a 0.15 y 0.7 por ciento. La meta para 2017 fue recortada de 2 a 1.3 por ciento, aun cuando el Fondo Monetario Internacional recientemente había sugerido que debería subir al 2.5 por ciento.

RETROCESO FISCAL

“El Gobierno parece haber aventado la toalla en cuanto al ajuste fiscal”, se quejó un banquero de inversión. Se espera que las otras grandes agencias calificadoras sigan pronto el ejemplo de S&P.

El Banco Central había esperado empezar a reducir las tasas pronto, pero el retroceso fiscal lo ha hecho imposible. El 29 de julio, más bien elevó las tasas, en medio punto porcentual a 14.25 por ciento, el sexto incremento consecutivo.

Joaquim Levy, el ministro de Finanzas de línea dura, insiste en que las metas relajadas no representan una rendición, sino meramente una retirada táctica. La producción está cayendo más rápidamente que lo esperado, explicaron ministros, haciendo descender los ingresos fiscales. Ahora esperan recaudar 37,000 millones de dólares menos este año de lo que habían previsto.

Levy planea estimular los ingresos con medidas extraordinarias como la venta de concesiones de infraestructura, algunas tímidas privatizaciones y una amnistía fiscal para las utilidades repatriadas. Sin embargo, si el crecimiento no repunta, y no hay signos de que lo hará, la deuda pública bruta excederá el 70 por ciento del PIB para 2018, según analistas de BNP Paribas. Eso es incongruente con un grado de inversión, dada la pesada cuenta de intereses de Brasil, dijo Mansueto Almeida, un experto en finanzas públicas.

Retener esa clasificación requeriría una revisión de los beneficios, las pensiones públicas y otros gastos fijos, que representan un 80 por ciento del presupuesto, pero son políticamente sagrados.

BONOS CHATARRA

Los mercados parecen compartir la opinión de S&P. El precio de asegurar los bonos del gobierno de Brasil contra el incumplimiento de pagos se disparó tras el anuncio de la semana pasada. Ahora es más alto que para los bonos turcos, a los cuales S&P califica como chatarra. El real se debilitó en 3.9 por ciento frente al dólar en una sola semana.

S&P está esforzándose en insistir en que su cambio no equivale a una degradación. India pasó dos años en una observación negativa similar antes de regresar a una perspectiva favorable, señaló.

Levy y el Banco Central han estado haciendo cierto progreso. El déficit de cuenta corriente se ha reducido y las expectativas de inflación han disminuido. La advertencia de S&P aún podría hacer que se concentren las mentes pensantes del gobierno de Brasil, pero el temor de una recaída está aumentando.

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