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Los visitantes que llegan al nuevo aeropuerto de Quito se trasladan a la capital de Ecuador, a 35 kilómetros de distancia, por una autopista nueva de seis carriles. Junto con nuevos hospitales, escuelas, viviendas de interés social, beneficios públicos y subvenciones a estudiantes, la red carretera enormemente mejorada es obra de la “Revolución de los Ciudadanos” del presidente Rafael Correa.

Con su mezcla de modernización tecnocrática y populismo izquierdista, Correa encabeza a un gobierno fuerte y hasta ahora popular, que ha durado ocho años en un país donde ninguno de sus tres predecesores completó su mandato.

Ahora, sin embargo, Correa se está quedando sin dinero y los ciudadanos están empezando a volverse en su contra. En junio, en la más grande de muchas protestas, unas 350,000 personas tomaron las calles de la ciudad portuaria de Guayaquil para manifestarse contra los planes de aplicar punitivos impuestos adicionales a las herencias y a las ganancias por transacciones inmobiliarias.

Las protestas se dieron mientras el desplome del precio del petróleo y la fuerza del dólar, al cual Ecuador ha usado como su divisa desde 2000, se combinaban para frenar el crecimiento económico. La economía se contrajo en el primer trimestre de este año, comparado con el anterior. Economistas independientes prevén que no habrá crecimiento o se registrará una contracción moderada este año y el siguiente.

Inversión pública

El Gobierno afirma estar diversificando la economía para ya no depender de la exportación de petróleo y plátanos. “Toma tiempo”, admitió Nathalie Cely, ministra de Producción.

Señala a las inversiones en el procesamiento de alimentos y en turismo, y a las plantas hidroeléctricas de construcción china y de próxima apertura que reducirán las importaciones de combustibles. Sin embargo, el motor del crecimiento ha sido la inversión pública, en vez de la privada.

“Si se atiborra de impuestos a las empresas, eso produce falta de confianza, una desaceleración económica y compañías que no invierten”, dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien organizó la protesta de junio.

Correa usó los ingresos petroleros y préstamos chinos para erigir un gran Estado, el cual gastó 44% del PIB en 2013 según el Fondo Monetario Internacional. El dolor de cabeza ahora es cómo financiar esto. Pese a dos rondas de recortes presupuestarios, este año sigue habiendo un déficit de alrededor de 7,200 millones de dólares, o 7% del PIB, según el Observatorio Fiscal, una organización
vigilante.

En el camino de Grecia

Aunque la acumulación de deuda pública sigue siendo baja, el 30% del PIB, está aumentando rápidamente. Ecuador carece no solo de su propia divisa sino también de un prestamista de último recurso. Las fuentes externas de financiamiento se están agotando. El Gobierno ha emitido 1,500 millones de dólares en bonos extranjeros este año, pero a una elevada tasa de interés del 10.5 por ciento. El Gobierno ha introducido regulaciones que le permitirían emitir dinero electrónico y documentos del Banco Central.

En ese camino está Grecia, advierte Abelardo Pachano, un exbanquero. Al imprimir una casi divisa se corre el riesgo de una gran demanda de fondos en los bancos por parte de ahorradores que teman que los depósitos no les sean regresados en dólares. El Banco Central tiene reservas de divisas de apenas 4,600 millones de dólares. Correa, al parecer reconociendo el peligro, ha sido cauteloso al implementar estas medidas.

Por tanto, Ecuador está enfrentando una gran contracción fiscal políticamente complicada. Correa sigue siendo relativamente popular, y la oposición está dividida, pero ha perdido a la clase media y a las ciudades. Está tratando de cambiar la Constitución para permitir su reelección indefinida, sin un referendo. Eso provocará más protestas.

Instituciones sometidas

Hay un lado oscuro y putinesco del régimen. Ha dividido a los movimientos sociales izquierdistas que eran sus aliados originales. Ha intimidado a los medios para que se autocensuren. Muchos contratos públicos han sido concedidos sin licitación. Los oponentes afirman que la corrupción es desenfrenada. Quienes hacen denuncias específicas son perseguidos por un nuevo servicio de inteligencia y en tribunales dóciles. Al menos dos testigos de corrupción han muerto de manera misteriosa.

Cléver Jiménez, un congresista de un partido de izquierda, fue sentenciado a 18 meses en una cárcel por acusar a Correa de responsabilidad en cinco muertes durante un motín policial en 2010. Martha Roldós, una política de centro-izquierda que rompió con el presidente, fue privada de sus derechos políticos y dijo que su hija fue amenazada por pistoleros en dos ocasiones. Guillermo Lasso, un exbanquero conservador a quien Correa derrotó en la elección presidencial de 2013, dijo que su teléfono está intervenido.

Los oponentes del presidente dudan de que vaya a ceder el poder voluntariamente.

“Parece que estamos viviendo en una democracia”, dijo Jiménez, “pero todas las instituciones del Estado están sometidas a una persona”.

Correa “solo puede concebir ser presidente, no expresidente”, dijo Lasso. Correa enfrenta una decisión. Pudiera persistir en su intento de aferrarse al poder permanentemente y correr el riesgo de ser destituido, como sus predecesores, o pudiera tragarse su orgullo, estabilizar la economía y renunciar a su intento de reelección.

Entonces terminaría en la historia como uno de los presidentes más exitosos de Ecuador.

 

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