•   Colombia  |
  •  |
  •  |
  • The Economist

Hubo un tiempo en que, conceptualmente al menos, poner fin a las guerras de guerrillas era bastante sencillo. A cambio de la desmovilización, los insurgentes recibían una amnistía y, si tenían suerte, reformas políticas o incluso participación en la redacción de una nueva constitución. Eso, hablando en general, fue lo que sucedió en los acuerdos de paz centroamericanos de los años 90 y con los rebeldes del M-19 de Colombia.

Sin embargo, el derecho internacional ha evolucionado desde entonces. Actualmente, están mal vistas las amnistías generales que conceden impunidad por crímenes contra la humanidad. Esos crímenes también son cada vez más ampliamente definidos: al igual que las masacres, incluyen el secuestro y el desplazamiento forzado de civiles.

Durante años, los guerrilleros de las FARC han participado en esas prácticas. Por esta razón, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC --por mucho el grupo insurgente sobreviviente más grande en Latinoamérica, con unos 6,000 combatientes-- se han prolongado más de lo que muchos esperaban.

Celebradas en La Habana, empezaron hace casi tres años. Después de que se alcanzaron acuerdos sobre los primeros tres temas de una agenda de seis puntos, sobre desarrollo rural, participación política y suspensión del tráfico de drogas, las negociaciones se empantanaron a mediados de 2014 en torno al tema crucial de la justicia en la transición, o qué sanciones deberían enfrentar los comandantes guerrilleros acusados de crímenes contra la humanidad.

Pláticas en peligro

Este estancamiento casi provocó que las conversaciones colapsaran a principios de este año. En abril, las FARC rompieron su propio cese al fuego unilateral cuando una de sus unidades en el estado sureño de Cauca mató a 11 soldados, provocando indignación nacional y ataques de represalia. A principios de julio, el presidente Juan Manuel Santos puso un ultimátum a las FARC: Demandó que las negociaciones se aceleraran, y afirmó que evaluaría en noviembre si valía la pena o no continuar.

La apuesta funcionó. El 23 de septiembre, Santos voló a La Habana y, junto con el máximo comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, anunció un acuerdo en torno a la justicia. Los dos dijeron que esperaban firmar un acuerdo de paz final en seis meses.

Aunque las bases de los combatientes de las FARC recibirán amnistías, los líderes acusados de los delitos “más graves y representativos” enfrentarán a un tribunal especial, el cual incluirá a una minoría de jueces extranjeros.

Quienes confiesen y colaboren con una comisión de la verdad se beneficiarán de sanciones alternativas: entre cinco y ocho años de trabajo comunitario “con restricción efectiva de la libertad”, aunque no en condiciones carcelarias. Quienes no colaboren irán a la cárcel hasta por 20 años. Procedimientos similares aplicarán a las fuerzas armadas y a aquellos encontrados culpables de financiar a los vigilantes paramilitares derechistas.

Los líderes de las FARC han insistido desde hace tiempo en que ningún movimiento guerrillero en Latinoamérica ha renunciado jamás a la lucha para ir a la cárcel. Ese es un destino que quizá hayan evitado, pero han aceptado un régimen más severo de lo que muchos esperaban, siempre que sea adecuadamente aplicado. También han aceptado que disfrutarán esos beneficios solo si han renunciado a sus armas.

Menos estricto

En cuanto a Santos, siempre ha dicho que quería “la máxima cantidad de justicia que nos permita tener la paz”. ¿Lo ha conseguido? La mayoría de los abogados dirá que el acuerdo está en línea con el derecho internacional. Responsabiliza legalmente a las FARC de sus crímenes. Sin embargo, es menos estricto de lo que les gustaría a muchos colombianos. En sondeos, más de 90% de ellos dice que las FARC deberían pasar tiempo en la cárcel. Esa ha sido la opinión del expresidente Álvaro Uribe, el predecesor de Santos y ahora su principal enemigo político.

Muchos concluirán, no obstante, que un acuerdo imperfecto es mejor que nada. El conflicto armado impone una pesada carga en pérdida de vidas y anarquía. El costo total de la violencia en Colombia, que incluye la producción y productividad perdidas así como el gasto en seguridad, equivale a 18% de su PIB cada año, según el Instituto para la Economía y la Paz, una ONG internacional.

La próxima tarea de los negociadores es aprobar acuerdos para que las FARC se desmovilicen y depongan sus armas. Han aceptado iniciar este proceso a los 60 días del acuerdo final. Para que sea creíble, requerirá verificación y monitoreo internacionales vigorosos.

Pasará un tiempo antes de que la paz empiece a convertirse en realidad. El ELN, un grupo guerrillero más pequeño, está involucrado en un diálogo sobre las negociaciones, pero pudiera seguir siendo un irritante violento. Si todo sale bien, para junio el Congreso aprobará una enmienda constitucional que concedería al gobierno los poderes necesarios para poner en práctica el acuerdo con las FARC. Santos ha prometido que los colombianos tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar el acuerdo final.

Sin embargo, el 23 de septiembre marcó un punto de inflexión. Por primera vez en medio siglo, la paz con las FARC ahora parece inevitable.

  • 18 por ciento del PIB al año representa para Colombia la carga de la guerra.
Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus