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Como el resto de Sudamérica, Chile ha sido duramente golpeado por el fin del auge de las materias primas. Sin embargo, ha ido más lejos que la mayoría de sus vecinos en adaptarse a un mundo más difícil.

El peso se ha depreciado en alrededor de 45 por ciento desde enero de 2013, ayudando a extinguir un gran déficit de cuenta corriente. La deuda baja y los años de rigor macroeconómico significan que el gobierno ha podido aplicar una política fiscal expansionista, mientras que la tasa de interés del Banco Central pese a un incremento este mes, es negativa en términos reales.

No obstante, la recuperación económica sigue siendo elusiva. La mayoría de los pronosticadores piensa que el crecimiento de este año será apenas más alto que el anémico 1,9 por ciento del año pasado. El año próximo parece solo ligeramente mejor. La inversión continúa cayendo.

Este entonces, ya no es el Chile que era la economía modelo de Latinoamérica, creciendo a un ritmo constante del 5 por ciento.

De ello, los simpatizantes de la presidenta Michelle Bachelet, una socialista, culpan al mundo exterior. El precio del cobre la principal exportación de Chile, casi se ha reducido a la mitad desde 2011, causando que las compañías mineras recorten su inversión.

BACHELET EN LA MIRA

Los críticos del gobierno señalan a la incertidumbre causada por el programa de reformas radicales de Bachelet, que dicen está destruyendo al “modelo” chileno y el incentivo para invertir.

Hasta ahora, la explicación del gobierno es más factible: las tasas de crecimiento en el Perú de mercado libre también se han reducido a la mitad. Sin embargo, entre más tiempo dure la desaceleración, más fuerte será el argumento de la oposición. Chile enfrenta un verdadero riesgo de perder su camino, y de ello la historia podría culpar mayormente a la propia Bachelet.

La presidenta llegó al poder en 2013 con 62 por ciento de los votos basándose en el programa más izquierdista desde los años 70, destinado a reducir la desigualdad. Era una crítica al modelo chileno --economía de libre mercado combinada con una provisión social gradualmente ampliada-- que había sido adoptado por los gobiernos de centro-izquierda, incluido su propio primer mandato en 2006-2010, los cuales habían regido por dos décadas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Bachelet impulsó polémicas reformas de impuestos, educación y el sistema electoral en su primer año en el gobierno. Otro proyecto de ley otorga más derechos a los sindicatos.

Dos cosas la hicieron descarrilar. La primera fue la desaceleración económica. La segunda fue un escándalo, ante el cual fue lenta al reaccionar, en el cual su hijo pareció haber usado su influencia para obtener un préstamo de 10 millones de dólares para un acuerdo de negocios. La tasa de aprobación de la presidenta se ha desplomado  alrededor de 25 por ciento y las reformas mismas son impopulares.

FLEXIBILIDAD

Bachelet se ha batido en retirada. En mayo incorporó como ministro de finanzas a Rodrigo Valdés, un moderado que es respetado por el sector empresarial. Él dice que planea “simplificar” la reforma fiscal y restablecerá en parte un crédito a la inversión. El gobierno está modificando el proyecto de ley sobre los sindicatos, para equilibrar los derechos de los trabajadores con la flexibilidad para las empresas.

Nicolás Eyzaguirre, uno de los colaboradores más cercanos de Bachelet, admitió recientemente al diario conservador El Mercurio, que el gobierno intentó hacer demasiado.

“Evidentemente nos metimos en un torbellino de reformas que no íbamos a poder diseñar adecuadamente o procesar políticamente”, dijo.
Bachelet llama al cambio de rumbo “realismo sin renuncia”; donde el “sin renuncia” significa que no renunciará, como algunos habían especulado, y que no dará marcha atrás a su programa. Esa frase es preocupantemente contradictoria.

Está siguiendo adelante con el mayor cambio de todos, una nueva Constitución: la actual, aunque muy reformada, fue redactada bajo el régimen de Pinochet. El 13 de octubre, la mandataria anunció un extenso cronograma según el cual el gobierno enviará un borrador al Congreso en 2017, pero será el siguiente Congreso, que empieza en 2018, el que decidirá sobre el mecanismo para aprobarlo.

PIDEN REFORMA

Los sondeos muestran que una mayoría de los chilenos favorece una nueva Constitución. Sin embargo, no es un tema que les preocupe profundamente; Bachelet tácitamente lo admitió al ordenar una campaña de “educación cívica” de seis meses.

Al menos, su plan respeta a las instituciones existentes, pero no hará nada para tranquilizar a los inversionistas.

“Chile necesita una reforma constitucional ahora, y no un proceso de incertidumbre que dure años”, se quejó el expresidente Sebastián Piñera, un centro-derechista que gobernó entre 2010 y 2014.

Los estrechamente unidos cabildeos empresariales de Chile se equivocan al oponerse a todo el cambio. Para seguir creciendo, el país necesita mejor educación, mejores servicios públicos, mercados más competitivos, más meritocracia y menos privilegio.

La crítica más contundente al programa de Bachelet, sin embargo, proviene de las cabezas más sensatas en su propio bando. Le advirtieron que sus reformas eran técnicamente torpes y le dijeron que lo que más les importa a los chilenos es la falta de igualdad de oportunidades y movilidad social; la posibilidad de compartir el “modelo”, en vez de abolirlo, como ella ha coqueteado con hacer. Tenían razón.

 

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