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La Prueba A son los cadáveres; o, más bien, la curiosa escasez de ellos: como el perro que no ladraba en la historia de Sherlock Holmes, los cuerpos han dejado de materializarse cada vez más. Solo 28 prisioneros han sido ejecutados en Estados Unidos en 2015, la cifra más baja desde 1991.

Además, considere la menguante tasa de sentencias de muerte, que es más asombrosa en Texas, Estado que representa más de un tercio de todas las ejecuciones desde que la Suprema Corte reinstaló la práctica en 1976. Una macabra página web enlista a los presos admitidos en el corredor de la muerte de Texas. Solo llegaron dos en 2015, muchos menos que los 11 del año anterior.

También hay evidencia circunstancial de tipo político. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, un candidato presidencial republicano que supervisó 21 ejecuciones durante su mandato, ha reconocido sentirse “en conflicto” en cuanto a la pena capital. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, la favorita demócrata, ha dicho que “exhalaría un suspiro de alivio” si fuera desechada.

Esa postura contrasta con el regreso de su esposo a Arkansas, durante su propia campaña en 1992, para la polémica ejecución de un asesino mentalmente enfermo. El senador Bernie Sanders (demócrata de Vermont), el principal rival de Hillary Clinton, es un abolicionista confirmado.

Se tambalea

Las pruebas son abrumadoras: la pena capital está muriendo. Estadística y políticamente, ya está mortalmente herida, aun cuando se tambalea al ritmo de un canto del cisne indeterminado, pero  probablemente breve. Muy pronto, alguien será la última persona en ser ejecutada en Estados Unidos.

Las razones para esta declinación conforman un relato lleno de suspenso de intrigas a puerta cerrada, giros inesperados y sospechosos inusuales. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a la pena de muerte?

Cuando los políticos van a la zaga, a menudo los votantes tomaron la delantera. La pena capital ya no es una prueba de fuego del machismo político porque el entusiasmo público por ella está menguando. La mayoría de los estadounidenses aún favorecen conservarla, pero esa mayoría se está reduciendo. Un grupo vital, el primer sospechoso principal, es especialmente escéptico: los jurados.

Tomemos el caso de Eric Mickelson. En 2011, un jurado en Luisiana lo sentenció a muerte por asesinar y desmembrar a un anciano. Problemas con el juicio original condujeron a una repetición este año, y el nuevo jurado lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Baja la cifra

Según un recuento del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por su sigla en inglés), un grupo cabildero, solo 49 personas fueron sentenciadas a muerte en Estados Unidos en 2015, el total más bajo en los registros modernos. Esto pese al hecho de que, para participar en un juicio capital, un jurado tiene que estar dispuesto en principio a conceder la sentencia de muerte.

En realidad, hacerlo puede ser traumático: Stewart Dotts se “había considerado siempre un tipo razonablemente duro”, dijo, pero participar en un jurado en Nueva Jersey que aprobó una sentencia de muerte le produjo muchas horas sin dormir.

“Es una carga injusta impuesta a ciudadanos comunes”, concluyó Dotts.

La alternativa ampliamente disponible de una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, que ofrece la certeza de que un acusado nunca será liberado, ayuda a explicar esa tendencia. También la creciente disposición de los jurados, en sus deliberaciones privadas, a sopesar los antecedentes y enfermedades mentales de los asesinos. Y adicionalmente la mayor habilidad con la cual los abogados defensores, generalmente con mejores recursos y más capacitados que en el pasado, reúnen esa evidencia atenuante.

Sin embargo, Richard Dieter, del DPIC, dice que la mayor razón es el nerviosismo de los jurados en torno de imponer un castigo irrevocable. Detrás de esa ansiedad destaca otro participante poco dispuesto en la historia de la pena de muerte: el grupo creciente y bien publicitado de exonerados del corredor de la muerte.

Los exonerados

Se trata de personas como Harold Wilson, quien cumplió más de 16 años de cárcel por un horrible triple homicidio en Filadelfia antes de ser exonerado en 2005. Una década después sigue peleando una compensación, así como haciendo campaña para Testigo de la Inocencia, una organización de exonerados.

Se le hizo “pasar por el infierno”, dice Wilson.

Irónicamente, piensa que podría seguir dentro, cumpliendo cadena perpetua, si los fiscales no hubieran exagerado en su búsqueda de matarlo. Es un “sistema averiado”, según cree.

Solo en 2015, seis prisioneros más han sido liberados del corredor de la muerte.

Esos errores implican a otro sospechoso en la defunción de la pena de muerte: los fiscales. Los renegados que han estropeado casos capitales al suprimir evidencia, manipular a los jurados o concentrarse en los acusados negros le han arrastrado al desprestigio. Sin embargo, algunos fiscales responsables también han contribuido al declinar buscar la pena de muerte en primer lugar.

Familiares de víctimas

Han sido instigados por otro grupo improbable: los familiares de las víctimas.

La hermana de Bethany Webb estuvo entre las ocho personas asesinadas en un salón de belleza de California en 2011. Su madre también fue herida de bala, pero sobrevivió. Quiere que el culpable muera “solo e inadvertido”, en vez de ser sometido a la eutanasia en un circo la noche de la ejecución.

La manera en que los fiscales han manipulado el caso, presentando innecesariamente a un informante de la cárcel, la ha alertado de los riesgos de las injusticias en otros. Además está el desgastante lío legal: el asesino sonreía a las familias de las víctimas en las apariciones en el tribunal, dice Webb, y su madre se ve obligada a revivir el trauma en cada nueva audiencia.

Una sentencia de cadena perpetua, dijo, habría significado que “la próxima vez que viéramos su rostro en el papel sería por su obituario”.

Derroche de recursos

Para evitar esa prolongada agonía, el fiscal de distrito James Farren, del Condado de Randall en Texas, dijo que “un porcentaje saludable” de familias ahora pide a los fiscales evitar la pena capital.

Farren también señaló a otro actor clave en el drama de la pena capital: el contribuyente estadounidense. Los casos capitales son “un enorme derroche de recursos”, al conducir a una espiral de costos que, especialmente dada la creciente renuencia de los jurados a aprobar una sentencia de muerte de cualquier manera, ha ayudado a cambiar el cálculo sobre cuándo buscar una, dijo.

En 2011, un estudio californiano estimó que los juicios de pena capital cuestan al contribuyente un millón de dólares extras cada uno. Los veredictos de culpabilidad significan apelaciones prolongadas y caras, y los prisioneros en el corredor de la muerte a menudo son encarcelados en un costoso aislamiento. Los fiscales en ocasiones son explícitos sobre el trueque entre castigo y pago: en Arizona, uno retiró su petición de la sentencia de muerte, según demuestran documentos de la corte, para ayudar al condado a “cumplir con sus responsabilidades fiscales”.

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