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Al iniciar el 2016, Brasil debería estar de ánimo exuberante. Río de Janeiro será sede de los primeros juegos Olímpicos de Sudamérica en agosto, dando a los brasileños la oportunidad de embarcarse en lo que hacen mejor: realizar una fiesta realmente espectacular. En vez de ello, Brasil enfrenta el desastre político y económico.

El 16 de diciembre, Fitch se convirtió en la segunda de las tres grandes agencias calificadoras del crédito en degradar la deuda de Brasil al estatus de chatarra. Días después, el ministro de Finanzas, Joachim Levy, designado por la presidente Dilma Rousseff para estabilizar las finanzas públicas, renunció desesperado tras menos de un año en el puesto.

Se predice que la economía de Brasil se contraerá en entre 2.5 y 3 por ciento en 2016, no mucho menos de lo que lo hizo en 2015. Incluso una Rusia rica en petróleo y atormentada por las sanciones se encamina a tener un mejor desempeño. Al mismo tiempo, la coalición gobernante de Brasil se ha visto desacreditada por un gigantesco escándalo de sobornos que rodea a Petrobras, una compañía petrolera controlada por el Estado. Rousseff, acusada de ocultar el tamaño del déficit presupuestario, enfrenta procedimientos de impugnación en el Congreso.

Como la B de los países “Brics”, se supone que Brasil está a la vanguardia de las economías emergentes de rápido crecimiento. En vez de ello, enfrenta la disfunción política y quizá un regreso a la inflación desenfrenada. Solo decisiones difíciles pueden encarrilar de nuevo a Brasil. Rousseff no parece tener el valor para tomarlas.

EMPEORA SITUACIÓN

El sufrimiento de Brasil, como el de otras economías emergentes, se origina en parte en la caída de los precios mundiales de las materias primas, pero Rousseff y su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) han empeorado más una situación mala. Durante su primer mandato, entre 2011 y 2014, la mandataria gastó de manera extravagante y poco sensata en pensiones más altas y exenciones fiscales improductivas para industrias favorecidas. El déficit fiscal se infló del 2 por ciento del PIB en 2010 al 10 por ciento en 2015.

Los gestores de crisis de Brasil no tienen el lujo de esperar a mejores tiempos para iniciar la reforma. En 70 por ciento del PIB, la deuda pública es preocupantemente alta para un país de ingresos medios y está creciendo rápidamente. Debido a las altas tasas de interés, el costo del servicio de la misma es de un sofocante 7 por ciento del PIB. El Banco Central no puede usar fácilmente la política monetaria para combatir la inflación, actualmente de 10.5 por ciento, porque tasas más altas corren el riesgo de desestabilizar a las finanzas públicas aún más al incrementar el pago de los intereses. Brasil, por tanto, tiene poca opción más que elevar los impuestos y recortar el gasto.

Levy hizo un intento de renovar el edificio mientras sofocaba el incendio. Recortó el gasto discrecional en un récord de 18,000 millones de dólares en 2015 y restringió la elegibilidad para el seguro de desempleo. No fue suficiente. La recesión hizo bajar los ingresos fiscales. Rousseff dio a su ministro de finanzas solo un apoyo tibio, y el PT se mostró hostil hacia él. La oposición, con la intención de derrocar a la presidenta, no estuvo de ánimo para cooperar.

Aunque fue un alto funcionario de la tesorería durante el desastroso primero mandato de Rousseff, Nelson Barbosa quizá pueda cumplir más como ministro de Finanzas. Tiene apoyo político dentro del PT. También tiene poder de negociación, porque Rousseff no puede permitirse perder a otro ministro de Finanzas. Una primera prueba será si Barbosa convence al recalcitrante Congreso de reinstalar un impopular impuesto a las transacciones financieras.

SE NECESITA MÁS

Un blanco central deberían ser las pensiones. El beneficio mínimo es el mismo que el salario mínimo, que ha aumentado en casi 90 por ciento en términos reales durante la última década. Las mujeres típicamente se retiran cuando cumplen los 50 años y los hombres dejan de trabajar a los 55, casi una década antes que el promedio en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, un club de países mayormente ricos. El gobierno de Brasil paga casi 12 por ciento de su PIB a los pensionados, una participación mayor que en un Japón más rico y con más ancianos.

Si Brasil desea cumplir su promesa, se necesita mucho, mucho más. Una compañía manufacturera típica destina 2,600 horas al año a cumplir con el entorpecedor código fiscal del país, mientras que el promedio latinoamericano es de 356 horas. Las leyes laborales modeladas con base en las de Mussolini hacen costoso que las compañías despidan incluso a empleados incompetentes. Brasil ha protegido a sus compañías de la competencia internacional.

Esa es una razón por la cual, entre 41 países cuyo desempeño fue medido por la OCDE, su productividad manufacturera sea la cuarta más baja.

Para reformar el trabajo y las pensiones, Rousseff debe enfrentar problemas cuya gestación ha llevado décadas. Un 90 por ciento del gasto público está protegido de recortes, en parte por la Constitución que, en 1988, celebró el fin del régimen militar promulgando una generosa protección ambiental y beneficios estatales.

Como es tan difícil de reformar, el sector público de Brasil rivaliza con los estados benefactores europeos en tamaño, pero con los emergentes por su ineficiencia. Durante mucho tiempo una sangría de la vitalidad económica, el estado controlador de Brasil es ahora una causa importante de la crisis fiscal.

Sistema político empeora las cosas

OBSTÁCULOS • Superar las prácticas profundamente arraigadas sería difícil para cualquier Gobierno. En Brasil, se dificulta más por un sistema político disfuncional que favorece la fragmentación partidista y la compra de votos y atrae a mercenarios políticos que tienen poco compromiso con el partido o con un programa.

El umbral para que un partido entre en la cámara baja del Congreso es mínimo: hoy hay 28 partidos representados, lo que intensifica el estancamiento legislativo. Los congresistas representan a estados completos, algunos tan poblados como países latinoamericanos vecinos, lo cual provoca que hacer campaña sea ruinosamente costoso, una razón por la cual los políticos extrajeron enormes cantidades de dinero de Petrobras.

Por tanto, es difícil, pese a las ventajas del ministro de Finanzas, Nelson Barbosa, sentirse optimista sobre las perspectivas de una reforma profunda. Los votantes ven a los políticos con desdén. La oposición está empeñada en impugnar a Rousseff, una batalla mal guiada que pudiera dominar la agenda política durante meses. El PT no tiene ganas de adoptar la austeridad. Lograr el apoyo de las tres quintas partes en ambas cámaras del Congreso necesarias para las reformas constitucionales será un verdadero desafío.

¿Qué tal si Rousseff no logra producir el cambio? La mayor parte del endeudamiento de Brasil es en moneda local, lo cual hace improbable el incumplimiento de pagos. Más bien, el país podría terminar reduciendo sus deudas mediante la inflación. El logro de Brasil ha sido sacar a decenas de millones de personas de la pobreza. La recesión frenará eso, o incluso empezará a revertirlo.

La esperanza es que Brasil, que ha logrado una estabilidad económica y democrática ganada con dificultad, no caiga una vez más en la mala administración y la turbulencia crónicas.

 

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