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  • The Economist

Una tarde hace ocho meses, en las montañas del oriente de El Salvador, Rosario Sánchez se asomó a una fosa donde expertos forenses estaban trabajando. Estaban desenterrando restos humanos, dos delgados huesos de piernas, varias costillas y dos mitades de un cráneo. Uno sostenía en alto una delgada cadena endurecida con sangre y tierra.

Sánchez soltó un grito ahogado.

“A mi hermana le encantaba ese collar”, dijo.

En el curso de tres días en diciembre de 1981, soldados del ejército salvadoreño, que habían sido entrenados por Estados Unidos, acribillaron con ametralladoras a cientos de hombres, mujeres y niños desarmados en la aldea de El Mozote y caseríos circundantes. Fue la peor atrocidad cometida durante la guerra de 12 años entre los guerrilleros izquierdistas y el gobierno derechista de El Salvador, en la cual murieron unos 75,000 salvadoreños.

Nadie ha sido castigado por la masacre, y casi nadie ha sido responsabilizado por algún otro crimen de derechos humanos cometido durante el conflicto. Una ley de amnistía en 1993 protegió a los perpetradores de ambos bandos de la prosecución y ayudó a hacer posible un acuerdo político.

Como lo demuestran las exhumaciones en La Joya, cerca de El Mozote, la amnistía está siendo puesta en duda. La Suprema Corte de El Salvador está considerando una recusación constitucional de la misma. El tribunal dictaminó en 2000 que la amnistía no aplica a las violaciones de los derechos "fundamentales", pero dejó a los jueces y fiscales decidir cuáles crímenes son lo suficientemente graves para calificar como tales.

Reconciliación ejemplar

Algunos defensores de los derechos humanos argumentan que la impunidad de los crímenes de guerra es una razón por la cual El Salvador tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo, aunque otros factores, como la falta de oportunidades económicas, indudablemente también desempeñan un papel.

“El mismo sistema que fue incapaz de investigar las violaciones de los derechos humanos se ha encontrado incapaz de enfrentar a la violencia y la delincuencia posterior a la guerra”, refirió David Morales, el ombudsman de derechos humanos de El Salvador.

La reconciliación de posguerra del país fue ejemplar en muchas formas. Ambos bandos se desarmaron, el ejército se redujo y las fuerzas de seguridad fueron transformadas en una policía civil. 

Después del fin de la guerra en 1992, una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas pasó seis meses investigando "actos de violencia serios". Registró 22,000 quejas, 85 por ciento de ellas contra las fuerzas armadas, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte derechistas. Su enemigo izquierdista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue acusado en cinco por ciento de los casos. 

El informe de la comisión culpó al batallón de élite Atlacatl del ejército del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989 y de la matanza de El Mozote, entre otras conclusiones.

Eligieron la paz

Para los líderes de El Salvador de posguerra, las revelaciones de la comisión fueron suficiente justicia. Cinco días después de que fue publicado su informe, el gobierno promulgó la ley de amnistía. Es una de las pocas cosas en que están de acuerdo políticos izquierdistas y conservadores.

"Elegimos la paz por encima de la justicia", dijo Mauricio Vargas, un general retirado que representó al ejército en el proceso de paz, añadiendo que, sin la amnistía, "todo el edificio se derrumba".

Salvador Samayoa, quien representó a los guerrilleros, advirtió que, si la izquierda demanda juicios de ex oficiales militares, la derecha irá tras los exguerrilleros, incluido el presidente Salvador Sánchez Céren, quien fue comandante del FMLN, el cual se convirtió en partido político después de la guerra.

Otros países en Latinoamérica, quizá más seguros de que sus democracias son estables, están probando si la justicia en los tribunales pondrá en peligro la paz. En Guatemala, una comisión respaldada por Naciones Unidas para investigar la corrupción ha fortalecido al sistema de justicia. Eso ayudó a hacer posible que los fiscales presentaran varios casos de derechos humanos, incluso contra el exdictador Efraín Ríos Montt.

Colombia, que está cerca de un acuerdo de paz con los guerrilleros izquierdistas de las FARC a quienes ha estado combatiendo durante más de 50 años, no ofrecerá una amnistía general, aunque falta por decidir la forma en que los criminales serán castigados.

Estados Unidos, alguna vez refugio de los criminales de las guerras de Latinoamérica, ha cambiado su postura. Está buscando deportar a José Guillermo García, un exministro de defensa salvadoreño, bajo cargos de que es responsable de la matanza de El Mozote y el asesinato en 1980 de tres monjas y una trabajadora laica estadounidenses. 

Recuerdos de la atrocidad

Un propuesto paquete de ayuda de 750 millones de dólares para tres países centroamericanos establece como condición que los gobiernos deben procesar a los soldados y agentes policiales sospechosos de violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra pasados.

En El Mozote, recordatorios diarios de la atrocidad mantienen viva la demanda de justicia. Un campesino, que excavaba los cimientos de una nueva casa, desenterró recientemente los esqueletos de 15 de sus familiares. Reconoció el cráneo de su madre por una corona en un diente.

Aunque aislada y pobre, la aldea comercia con su tragedia: los residentes locales venden recuerdos de la masacre en puestos cerca del sitio y se atropellan para relatar la historia a los turistas a cambio de pequeñas propinas.

La demanda de justicia está haciendo mella en la amnistía de El Salvador. En 1990, familiares de las víctimas ayudados por Tutela Legal, un grupo defensor de los derechos humanos, presentaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veintidós años después, el tribunal ordenó al Gobierno de El Salvador investigar la masacre, castigar a los culpables y compensar a los familiares de las víctimas. El entonces presidente Mauricio Funes admitió la responsabilidad del Estado y, llorando públicamente, rogó por el perdón. Siguió un goteo de ayuda a El Mozote: una clínica, computadoras para la escuela y reparaciones en las carreteras.

Sin embargo, la realización desordenada de las exhumaciones demuestra cuán poco entusiasmo oficial hay por la investigación y el castigo. La unidad de derechos humanos de la oficina del procurador general, que en 2013 prometió investigar la masacre de El Mozote y siete más, puso a cargo de la excavación a un ingeniero en sistemas sin entrenamiento formal para la tarea. El trabajo empezó en la temporada de lluvias, cuando las inundaciones amenazaban con dañar la evidencia de ADN. Los aldeanos no recibieron aviso anticipado y, al principio, tampoco orientación de sicólogos. En vez de ayudar a sanar las heridas, dijeron sus abogados, la investigación las reabrió.

La intervención de la agencia forense del gobierno, el Instituto de Medicina Legal, mejoró las cosas y demostró que la aparente hostilidad del gobierno hacia la investigación no es uniforme. La agencia asignó a tres canadienses --dos antropólogas y una arqueóloga-- para que ayudaran con la excavación. Sin embargo, la oficina del procurador general buscó socavar a las tres mujeres, afirmando que no estaban calificadas.

El director de la unidad de derechos humanos, Mario Jacobo, declinó hacer comentarios sobre la realización de la excavación. Recientemente perdió la responsabilidad de la misma: un juez la suspendió después de dos semanas de excavación, y dijo que debería reanudarse bajo la dirección del Instituto de Medicina Legal. Los trabajos probablemente se reanudarán a principios de 2016.

Procesar a violadores de derechos fundamentales

Aunque la opinión podría estar cambiando, muchos salvadoreños titubean ante la idea de alterar una amnistía que ha servido bien al país en muchas formas. Hay especulación de que la Suprema Corte alcanzará otro compromiso: sostener la ley de amnistía, pero obligar a los fiscales y jueces a procesar las violaciones de los derechos fundamentales, en vez de dejarles la decisión a ellos, como hizo su dictamen anterior.

El 23 de noviembre, seis miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta a los legisladores en El Salvador instándolos a elegir a un "nuevo procurador general enfocado en derrotar a la corrupción y al crimen organizado". Esto fue ampliamente interpretado como una bofetada al actual, Luis Martínez, quien espera ser reelegido por el Congreso de El Salvador.

Las familias de El Mozote esperan que la presión para investigar y castigar los crímenes de hoy conduzca a encausamientos de las atrocidades del pasado. En diciembre, mesas de laboratorio en las oficinas centrales en San Salvador del Instituto de Medicina Legal estaban cubiertas con los huesos de los familiares asesinados de Sánchez. Frágiles y pardos yacen entre montones de prendas raídas y pilas de monedas oxidadas.

Otras mesas mostraban huesos más grandes y de color más claro. Pertenecían a víctimas no identificadas de la reciente violencia pandilleril. El gobierno --y probablemente aún la mayoría de los salvadoreños-- piensa que ir tras las pandillas asesinas de hoy debería ser la prioridad: 95 por ciento de los asesinatos no se resuelven.

Para los sobrevivientes de El Mozote, sin embargo, ambos grupos de víctimas tienen derecho a la misma justicia.

  • 12 años duró la guerra entre guerrilleros izquierdistas y el gobierno derechista de El Salvador.
  • 75 mil salvadoreños murieron en la guerra civil que vivió este país.    
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