•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Durante más de una década, Elliott Management, el fondo de cobertura dirigido por Paul Singer, fue el villano de pantomima en la disputa de Argentina con sus tenedores de bonos. En vez de aceptar una gran reducción de la deuda cuyo pago había incumplido el país, como hicieron otros acreedores en 2005 y 2010, Elliott, junto con varios fondos buitre, buscó el pago total a través de los tribunales neoyorquinos. Eso condujo a un nuevo incumplimiento de pagos en 2014. Ahora el drama está entrando en su acto final. El 29 de febrero, Daniel Pollack, el mediador designado por el tribunal, anunció que Argentina había llegado a un acuerdo en principio con cuatro de los acreedores más grandes, encabezados por Elliott.

El pago de Argentina de 4,650 millones de dólares sería 25 por ciento menor a lo que estaban demandando. Aún así, es un pago grande para los inversionistas que compraron la deuda a una fracción de su valor nominal. Con este acuerdo, Argentina ha zanjado el problema con los acreedores que poseen 85 por ciento de la deuda en disputa.

Es un golpe positivo para Mauricio Macri, el recientemente elegido presidente de Argentina, y ayudará a poner fin al largo aislamiento del país de los mercados de crédito internacionales. Junto con otras medidas que Macri ha adoptado desde que asumió la presidencia en diciembre, incluida la relajación de los controles de cambio y la eliminación de impuestos a algunas exportaciones, el acuerdo crediticio ayuda a restablecer la normalidad en una economía que había sido distorsionada por los controles populistas durante los 12 años de régimen de sus dos predecesores peronistas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo, el presidente Néstor Kirchner. Al dirigirse al Congreso, que inició su nueva sesión el 1 de marzo, Macri culpó a sus predecesores de la economía débil y la alta inflación de Argentina. El aislamiento de los mercados crediticios, declaró, le había costado al país 100,000 millones de dólares y dos millones de empleos.

El verdadero premio 

Los negociadores de Argentina allanaron el camino de vuelta al alcanzar acuerdos con grupos más pequeños de fondos buitre. El 2 de febrero, Argentina acordó pagar a un grupo de tenedores de bonos italianos 1,350 millones de dólares. Dos semanas después llegó a un acuerdo por 1,100 millones de dólares con dos de los seis fondos buitre más grandes, Montreux Partners y EM Ltd.

Sin embargo, Elliott Mangement de Singer encabezaba al grupo más intransigente, así que un acuerdo con ellos es el verdadero premio. Thomas Griesa, el juez que supervisa el caso, había contribuido en gran medida a los aprietos de Argentina en 2012 cuando dictaminó que el país no podía pagar a los tenedores de bonos que habían aceptado una reestructuración, o emitir deuda nueva, a menos que también llegara a un acuerdo con los fondos buitre. Eso precipitó el incumplimiento de pagos de Argentina.

El 19 de febrero, el juez de hecho cambió de bando, diciendo que la elección de Macri había “cambiado todo”. Dijo que levantaría la orden que prohibía a Argentina pagar a otros acreedores a partir del 1 de marzo bajo ciertas condiciones. Ese fue un duro golpe para los fondos buitre, que habían usado la orden para presionar a Argentina a aceptar el pago completo.

La clave: el congreso

“El mensaje a los denunciantes que no aceptaban un acuerdo, muchos de los cuales han tenido la oportunidad de negociar con cualquiera, es inequívoco: lleguen a un acuerdo antes del 29 de febrero o van a ver”, escribieron sus abogados.

El acuerdo no es un hecho. La orden judicial no será levantada hasta que Argentina revoque dos leyes que bloquean los acuerdos con los fondos buitre. La Ley Cerrojo, promulgada en 2005 durante la primera ronda de reestructuración de la deuda, pretendía evitar que Argentina ofreciera a los fondos buitre un acuerdo mejor que los aceptados por los tenedores de bonos reestructurados. La Ley de Pago Soberano de 2014 fue un fallido intento de eludir la orden de Griesa redirigiendo los pagos a los tenedores de bonos que habían aceptado un acuerdo a través de Argentina o Francia.

  • 2 millones de empleos se perdieron en Argentina por el impago a los acreedores.

El gobierno confía en que puede conseguir los votos en el Congreso para revocar las leyes. A principios de febrero, 13 diputados del Frente para la Victoria (FPV), el partido de Fernández, se separaron para formar un más moderado “Bloque Justicialista”. La acción privó al FPV de su posición como la mayor agrupación en la cámara baja. Los desertores han dicho que están dispuestos a trabajar con el nuevo gobierno para revocar las leyes. En la cámara alta, el gobierno planea reclutar el apoyo de gobernadores peronistas.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus