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  • ACAN-EFE

La polémica está servida con la retirada de una concesión a la operadora del primer tramo del tren mexicano conocido como "La Bestia", que utilizan miles de emigrantes cada año para llegar a Estados Unidos enfrentando todo tipo de peligros, tras la disputa surgida entre empresarios mexicanos y autoridades.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mexicana anunció esta semana una "declaratoria de rescate" de ese servicio de transporte operado por la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (CFCM) alegando "causas de interés, utilidad pública y seguridad nacional" para dejar la concesión "extinguida y sin efectos".

Las vías de esta concesión, que representa el 7 % de las líneas ferroviarias del país, quedaron muy afectadas por el huracán Stan de 2005, y si bien se hicieron mejoras, son habituales los descarrilamientos.

La medida ha levantado más ampollas de las esperadas, pues uno de los accionistas de CFCM, Pedro Topete, dijo sufrir "persecución política" mientras es acusado por otra propietaria de "despojarla" de su patrimonio.

Este viernes apareció en los principales diarios impresos del país una "carta abierta" de Guadalupe Gallego Ochoa, accionista de CFCM, y dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En la misiva acusa a Topete de "agraviar su patrimonio y persona" al haber buscado mediante "acciones fraudulentas" apoderarse de sus títulos sobre esta concesión y haberla excluido de "información" que le hubiese permitido participar en la defensa de sus intereses.

Topete es propietario de la firma de tecnología aplicada Infraiber, que mantiene además un litigio con OHL México y ha denunciado favoritismos del Estado hacia esta constructora.

El pasado martes su abogado, Paulo Díez, dijo a Efe que la cancelación de la concesión se debía a una "estrategia de persecución política en contra de un grupo de empresas que resultan molestas al Gobierno federal", y señaló a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, como la mano negra detrás de todo ello, aunque no presentó ninguna prueba al respecto.

Sobre OHL México planea un escándalo desde mayo de 2015, cuando aparecieron filtraciones ilegales de llamadas telefónicas que llegaron a involucrar a Ruiz Esparza, al que supuestamente la constructora habría intentado sobornar pagándole unas vacaciones, algo que él siempre ha negado.

"No se hospedó y, por lo tanto, no pagó cuenta alguna", explicó la SCT en su momento.

Topete respondió este viernes a Gallego con otra carta pública dirigida a Peña Nieto en la que pide que se atiendan las peticiones de su socia "oportunamente y en términos de ley".

En la misiva considera "ilegal" un registro realizado a Infraiber hace unos meses, en el que asegura que la Fiscalía se llevó documentos de Viabilis Holding, una de las propietarias del Chiapas-Mayab y representada por Topete.

Lamentablemente esta disputa descuida una parte esencial de la problemática con "La Bestia": los emigrantes que usan el trayecto para cruzar México y llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida y en el periplo enfrentan la violencia de los grupos delictivos y los accidentes.

Este tramo de "La Bestia" es el más pequeño del recorrido sur-norte, que involucra a las principales líneas de trenes de carga del país, Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern de México, pero es particularmente importante.

Consultado por Efe, el padre y activista Alejandro Solalinde dijo este viernes que en esta decisión gubernamental se "pudiera estar utilizando al migrante como moneda de cambio", si bien explicó que desde hace años el Gobierno consideró esta ruta "estratégica" y habló de no tenerla en concesión.

Además, recordó que el "daño ya está hecho" con el programa Frontera Sur, lanzado por México en 2014 para evitar que los emigrantes se suban a este tren de carga por los riesgos que eso comporta y para combatir las mafias de trafico de personas, y que ha forzado a los migrantes a abrir más de 40 nuevas vías para atravesar ese territorio.

Para el abogado especializado en derechos humanos de los migrantes Ángel Martín Junquera existe una "discordancia" entre las partes implicadas.

"El concesionario no cumplió con lo que exigió la autoridad" en materia de seguridad y "la Secretaría de Gobernación (Segob) actuó con falta de probidad" al no reforzar la policía migratoria, comentó.

En cualquier caso, para Junquera el retiro de la concesión no cambia nada: "Que se lo quede el Estado no va a hacer notar una diferencia. El Estado debería haber sancionado a la empresa a cumplir con su obligación contractual", zanjó.

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