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Más organizados y con una mayor seguridad en sus derechos, la tercera generación de yemeníes en Israel ha afrontado una lucha a la que, en muchos casos, sus padres y abuelos renunciaron y, décadas más tarde, insisten en reclamar al Estado explicaciones sobre las múltiples desapariciones de niños que, según asociaciones y expertos, podrían superar las 5,000. 

Tras tres comisiones de investigación infructuosas, recientemente recibieron un espaldarazo con las declaraciones del ministro sin cartera del Gobierno de Benjamín Netanyahu, Tzahi Hanegbi, que encabezó un comité investigador y reconoció que “cientos de niños desaparecieron en circunstancias que deben ser aclaradas”. 

El escándalo tiene dos factores que lo hacen especialmente doloroso. El primero, es que se trata de judíos emigrados que vinieron al incipiente Estado, que les ofrecía una seguridad que no tendrían en sus lugares de procedencia. 

En su mayoría, fueron ubicados en campamentos de tiendas de campaña, barracones o edificios precarios, no hablaban el idioma y desconocían los códigos de su nuevo país. La sustracción de bebés supuso un abuso de su especial vulnerabilidad. 

Pero hay otro elemento que duele especialmente: el hecho de que la población que sufrió la desaparición de menores fuese mayoritariamente de origen mizrahí, (procedentes de países árabes, de Oriente Medio o África) hace surgir las sospechas de que los robos sistemáticos tuviesen un componente racista. 

Entrevistas a responsables de los hospitales y centros donde se produjeron las desapariciones durante aquellos años han puesto de manifiesto este aspecto. 

“Aunque tan solo 1,053 familias ofrecieron su testimonio a las comisiones de investigación, el número real de niños robados debe rondar los 5,000, la inmensa mayoría de ellos mizrahíes y solo unos pocos ashkenazíes (judíos procedentes de Europa)”, explica a EFE Shosana Madmoni-Gerber, investigadora de la Universidad de Suffolk y autora del libro “Los medios israelíes y la formulación del conflicto interno: El caso de los bebés yemeníes”. 

“Las enfermeras y médicos que les atendían les miraban por encima del hombro. Hay testimonios de enfermeras en las comisiones de investigación que decían que si ya tienen muchos niños, no lo van a notar  o van a recibir una mejor educación”, explica esta investigadora  judía de origen yemení, que tiene dos tías que perdieron un bebé cada una. 

“Analizando la cobertura mediática que se hacía en aquella época de los inmigrantes yemeníes –asegura— se detectan artículos que afirman que no sabían cambiar un pañal o bañar a los niños”. 

La experta resalta declaraciones reveladoras de las enfermeras, como una que dijo: “Ha pasado mucho tiempo, yo estaría feliz de que mi hijo haya recibido una buena educación”, u otra a la que ella misma entrevistó y sugirió: “A lo mejor incluso les hicimos un favor”.

Algunas fueron más lejos al culpar a las madres por no haberse esforzado lo suficiente en buscar a sus hijos. 

“Algunas me dijeron que ellos no cuidaban de sus hijos, que les daba igual. Solo un comentario así ya es racista: ¿por qué unos padres no van a querer a sus hijos?, solo puedes pensar eso si piensas que son inferiores”, afirma Madmoni-Gerber. La vida familiar dentro de una de las tiendas de campaña del campamento de acogida de inmigrantes judíos

Y denuncia que el Estado “no ha investigado nada. Las dos primeras comisiones eran parlamentarias y no tenían capacidad para investigar y, la tercera, que sí podía haber llamado a testigos y obligarles a declarar, no lo hizo. No hicieron ni el mínimo que deberían haber hecho: involucrar a una persona designada por la comunidad yemení”.

Según opina, las autoridades de aquellos momentos “tuvieron necesariamente que estar implicadas en las desapariciones, porque es imposible conocer las cifras de robos y adopciones ilegales que hubo. Como mínimo, miraron hacia otro lado, y eso ya es un crimen”.

“Había tráfico de niños. Un mercado negro. Venían del extranjero a comprarlos. Fue un acto criminal masivo”, denuncia.

Esta investigadora asegura que “uno de cada ocho bebés yemeníes fue robado”, y no es la única en considerar que lo sucedido puede entrar en la categoría de “genocidio”, al suponer la “transferencia sistemática de niños de un grupo étnico a otro diferente”.

Una acusación que duele, especialmente en un país que se creó, entre otros motivos, para acoger y ofrecer un lugar a salvo a cientos de miles de judíos que habían vivido el horror del Holocausto.

Maayan Nahari, también de origen yemení, miembro de la organización Amram, que ayuda a las familias a encontrar a los bebés desaparecidos, hoy adultos, coincide en la importancia del factor racial.

La mirada que tenían los judíos procedentes de Alemania y otros países europeos sobre los judíos que venían de los países árabes “era muy racista, pensaban que no podían ser buenos padres”, sostiene.

“Un médico afirmó que las familias primitivas no pueden tener ocho o nueve hijos. Esto fue también un crimen contra las mujeres. En muchos casos los robaban minutos después del parto. La madre veía a su hijo, le oía llorar y luego le decían que había nacido muerto”, explica.

Precisamente a su abuela le robaron a su bebé cuando vivía en el campamento temporal de Shemen. 

“Fue en 1948 y le robaron un niño de siete meses. Mi abuela habló toda su vida de este tema pero nunca hicimos nada y, cuando se murió, decidí actuar. Los hijos tienen más miedo, porque son una generación que tuvo que luchar por lograr su lugar aquí. Pero para los nietos es otra cosa. Nos preguntamos ¿por qué guardamos silencio? Es algo que todo el mundo sabe, todas las mujeres de Shemen lo saben. No es una historia de una persona, forma parte de la historia de un pueblo”, afirma Nahari.

En su tiempo libre, visita a familias afectadas para alimentar una base de datos detallada que va creciendo sin parar y en la que ya aparecen los casos de 800 personas que se unen a las 1,200 que declararon ante las comisiones.

Fotos de bebés que desaparecieron, certificados defectuosos, órdenes del Ejército llamando a filas a jóvenes que desaparecieron de niños, porque nadie hizo un certificado de defunción, dan testimonio de lo que aconteció a esas familias de inmigrantes.

“Una mujer me contó que tenía mucha leche pero le quitaron a su hijo para que lo amamantase otra mujer, argumentando que ella no podía. No lo volvió a ver”, explica. 

En el caso de Madmoni-Berger, sus dos tías perdieron cada una un hijo, algo conocido por toda la familia, pero a lo que no se prestó gran atención. 

Una mujer yemení con su hijo “Yo crecí con esto. Todo el mundo hablaba de ello, sobre todo de la hermana de mi padre, que le quitaron a su hija cuando la tenía en los brazos aún en el paritorio. Todo niño yemení ha crecido escuchando estas historias. Cuando me hice periodista vi cómo los editores evitaban publicar artículos sobre este tema, no querían hablar del asunto, había un rechazo fuerte”, explica.

Nahari considera que las autoridades israelíes no quieren afrontar la cuestión porque “abre la puerta a todos los crímenes que se cometieron con la creación del estado, incluidos algunos contra los palestinos. Nadie quiere hablar de eso, porque daña la base fundacional de este país”.

Aunque no confía en recibir ninguna ayuda gubernamental, asegura tener fe “en la sociedad civil”, que apoye iniciativas como la de su organización.

“Traer a un niño desaparecido a la tumba de su madre es un objetivo para mí”, dice en referencia a su caso, pero añade que también quiere “llevárselo a otras abuelas que aún están vivas”. Además, cree que es necesario escuchar a esas mujeres.

“Es una deuda que tenemos”, dice. Reclama del Estado “una confesión, reconocer que estas cosas sucedieron”, recuerda que durante los años 70, 80 e incluso en los 90, a muchas de las que hablaban de la pérdida de su hijo “las tachaban de locas”. 

Los afectados, asegura, “eran la clase más pobre, judíos de la clase más baja”, los más indefensos.

También ella cree que las autoridades del momento tuvieron necesariamente que conocer lo que estaba ocurriendo y señala que “hubo confesiones de gente que tuvo cargos en los años cincuenta”, como Avigdor Per, jefe de la Seguridad Social, que denunció las crecientes desapariciones.

Madmoni-Berger coincide en que “las víctimas piden, sobre todo, reconocimiento y todo lo que viene con él: una disculpa, una compensación, que esto salga en los libros de historia y que se garantice que no volverá a ocurrir”, y advierte que “en ausencia de un debate público sobre lo que ocurrió, los hechos se pueden repetir”.

Uno de los problemas con los que se encuentran las asociaciones de afectados son el secreto que imponen las leyes de adopción del país, que no permiten ni siquiera a un adulto que descubre que fue adoptado, conocer su historial completo.

“Cuando uno lo descubre y quiere abrir su carpeta, le dejan ver solo parte”, explica.

Hay casos en los que una persona sufre una enfermedad y los médicos le confirman que no es de origen ashkenazí sino africano, o adultos que han tenido dudas y pidieron información a la agencia de adopciones y se la negaron.

Por eso Amram recopila imágenes e historias y ayuda a los afectados a hacerse exámenes de ADN, fuera del país, porque dentro no está permitido. 

“Hay muchos que aún no saben que son adoptados y, cuanto más se hable de este tema, más puede llegar el día en que se miren al espejo y se pregunten cosas”, pronostica Nahari.

Uno de esos casos, es el de Gil Grunbaum, quien por la insistencia de su esposa descubrió que había sido sustraído a una familia marroquí y entregado a una pareja de supervivientes del Holocausto.

“Cuando lo averigüé tenía 38 años y dos hijos. Fue como si toda mi vida anterior desapareciera. Decidí no decírselo a mis padres, que tenían cerca de 80 años, porque les hubiera destrozado conocer que lo sabía”, explica a EFE, sentado en su casa en Tel Aviv bajo un retrato de sus padres adoptivos, cuyos rasgos polacos contrastan con su piel más oscura.

Tras años de pesquisas, encontró a su madre, descubrió que su padre biológico había fallecido dos años antes y que tenía cinco hermanos. Vivió con su nueva familia un periodo de euforia, retomando una relación injustamente sesgada pero, más tarde, volvió a distanciarse. 

“Solo estábamos relacionados por los genes, pero no teníamos una historia común, de haber crecido juntos, como tienen las familias”, explica.

Grunbaum  está convencido de que su caso “fue parte de una trama organizada” y se pregunta: “Han pasado ya setenta años: ¿Por qué no lo investigan?”. 

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