• Mayo 14, 2013, media noche

Guillermo Areas Cabrera

 

El artículo 36 del nuevo Código Procesal Laboral de Nicaragua, establece el derecho del demandante a solicitar embargo preventivo sin audiencia de la persona contra la que se solicita en los casos en que el demandado realice cualesquiera actos de los que se presuma que pretenden impedir la efectividad de la sentencia que pudiere recaer, desviando u ocultando activos o para situarse en estado de insolvencia.

El arto. 37 establece que este embargo no requiere de fianza, únicamente que el solicitante junto con la solicitud presente los datos, argumentos o justificaciones documentales u otros medios de pruebas presentados en el plazo de un día que induzcan al Juez a pensar que es factible que el demandante pueda tener derechos y que el demandado pretende o está efectuando actos para no cumplir con la sentencia en caso perdiere el litigio.

El artículo 44 de dicho Código establece una lista de otras medidas cautelares que se pueden decretar también sin fianza.

El derecho procesal laboral de algunos países de Sur América aun cuando sus disposiciones son eminentemente protectores de la clase trabajadora, siempre exigen lo que ellos denominan la “contra-cautela” o sea la “fianza” que tiene que otorgar el demandante para que se puedan decretar las medidas cautelares solicitadas.

Nosotros hemos seguido las bases de Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela que no requiere de fianza alguna para que se decreten medidas cautelares.

Cuando el Juez accede a decretar la medida requerida, lo anterior puede constituir una limitación a los derechos de propiedad o cualquier otro derecho del empleador demandado, razón por la cual, es mi opinión que el Juez al decretar el embargo o cualquier otra medida cautelar, está obligado a fundamentar las razones y motivos que lo llevaron a considerar: 1) La presunción grave de la existencia del derecho que se reclama, conocido como el “fumus boni iuris”; 2) la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, conocido como el “periculum in mora” y 3) La existencia de un fundado temor de que una de las partes en el curso del proceso pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, conocido también como “periculum in damni”.

Nuestro nuevo Código Procesal Laboral no obliga al Juez al decreto de ninguna medida cautelar, quedando lo anterior a la valoración que él haga de las pruebas presentadas y con la única obligación de obrar según su prudente arbitrio. Consecuentemente si el Juez en estos casos está facultado para lo máximo, que es el decretar la medida cautelar, también está para lo menos que es su negativa. El decretar el embargo o negarlo es una facultad soberana del Juez.

Los actos a que se refiere el artículo 36 son fáciles de encubrir y difíciles de probar y en su mayoría están tipificados en nuestro Código Penal como simulación jurídica, estelionato, estafa etc. y son objeto de un proceso penal, pero nuestro nuevo Código Procesal Laboral pretende que presentada la documentación o las pruebas del caso en el plazo de un día, el juez en el término de un día tiene que emitir resolución decretando o negando el embargo.

Conociendo la existencia del arto. 131 Cn. el cual establece la responsabilidad por los daños y perjuicios causados por los funcionarios y empleados públicos por abuso, negligencia y omisiones en el ejercicio de su cargo no quisiera verme en el lugar de un Juez del Trabajo tomando tan difícil decisión de decretar o negar un embargo en el término de un día, con pruebas presentadas por el demandante en el plazo de un día. Ya no serán Jueces Laborales, serán Mandrakes Laborales.

En Nicaragua la responsabilidad establecida por el artículo 131 Cn. es ilusoria en cuanto a las autoridades judiciales se refiere. Valdría el considerar si la norma que dispone decretar medidas cautelares en la jurisdicción laboral sin fianza que garantice los daños y perjuicios que se puedan causar al demandado, violenta el derecho a la defensa.

El solo hecho que el Juez no limite las medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio ya está perjudicando al demandado.

De ganar el demandado el litigio y las medidas cautelares aplicadas le causaren daños y perjuicios, ¿Quién le va a resarcir esos daños y perjuicios? ¿Los podrá hacer efectivos en el “paisito”?

Ojala esto no se vuelva una piñata de abogados.

 

* Abogado y notario

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