• Mayo 14, 2013, media noche

Valentín Barahona Mejía

 

El gremio de abogados de todo el país está convocando a hombres y mujeres a un plantón el jueves 16 de mayo, a las 9 a.m., ante la Corte Suprema de Justicia, para exigir a la Sala Constitucional se pronuncie a la mayor brevedad sobre los recursos por inconstitucionalidad interpuestos contra la ley 779.

Los efectos desbastadores que está dejando la ley los resiente la nación entera. En los últimos nueve meses casi 7 mil hombres han sido encarcelados; 696 fueron condenados a penas que van desde 6 meses hasta 30 años de prisión, y más de 5 mil esperan en las cárceles que les apliquen sentencias condenatorias.

A través de los medios de comunicación televisivos hemos visto a mujeres engañadas vilmente por grupos dogmáticos que viven de la desgracia y el dolor ajeno; una señora rompió en llanto ante la Juez de violencia, al escuchar la sentencia de varios años de cárcel dictada contra su cónyuge; el rostro muestra congoja y dolor; la víctima desconocía los efectos que traería su denuncia; hoy los hijos claman por el padre, a quien quizá no vuelvan a ver, pues la norma inquisitiva no contempla el perdón ni otro beneficio carcelario; el resultado final es la destrucción del núcleo fundamental de la sociedad: la familia.

Ha sido tan fuerte la presión de la sociedad contra la ley 779, que los apologistas se hayan desesperados, no encuentran argumentos para bajar la tensión contra una ley que lleva intrínsecamente en su fuero la polarización entre hombres y mujeres. Como Pilatos, algunos se lavan las manos, diciendo yo no fui; otros perdieron la visión jurídica: arguyen que nadie puede prever los efectos de la ley perversa; hay magistradas de la CSJ que, en un acto desesperado, llevan a la televisión a actrices de mala calidad que ni siquiera saben lagrimear ante las cámaras; pagan encuestas amañadas; sacan “spots” publicitarios a favor de la ley; usan a Amnistía Internacional, respaldando la ley; hay magistrados que desde el escritorio quieren reformar la ley introduciendo el trámite de mediación.

La ley 779 nació jurídicamente enferma, y la única manera de resolver el asunto es enterrándola en el cementerio de la historia, con una sentencia de inconstitucionalidad. En el art. 8 la ley promueve el odio; ninguna ley puede tener buen resultado cuando acusa a su contraparte de tener odio a las mujeres; el art. 9 es puro revanchismo, aplica penas durísimas; los arts.10, 11 y 12 conceptualizan todo como violencia psicológica: lo patrimonial, lo laboral, las miradas, el silencio; todo es disparate.

El 90%, de las denuncias interpuestas en las comisarías son por mujeres despechadas y oportunistas; se usa la ley para sacar lucro económico y despojar de los bienes muebles e inmuebles al denunciado.

El art. 24 otorga facultades a la Policía Nacional para dictar medidas precautelares, cuando la Constitución Política es clara: solo los jueces pueden dictar medidas cautelares. El procedimiento penal establecido en la ley 779 anula el principio constitucional de presunción de inocencia y establece el principio de presunción de culpabilidad.

No es con medidas cosméticas como se van a resolver los cuellos de botellas que tiene la ley 779; el asunto no es de forma, sino de fondo; la norma no puede ni debe quedar vigente, con o sin mediación; lo imperativo es declararla inconstitucional, y si se quiere hacer otra ley, la nueva deberá respetar el orden y el marco constitucional.

¡Todos al plantón el 16 de mayo, a las 9 a.m. ante la CSJ!

 

* Abogado y notario

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