• Mayo 22, 2013, media noche

Los levantamientos violentos que han causado daño a la propiedad, lesionado personas, agredido agentes policiales y destruido equipos e instalaciones de la Policía Nacional en Nicaragua durante los últimos años, podrían clasificarse en dos categorías: 1) los provocados por razones políticas y/o socioeconómicas, como los vinculados a los procesos electorales, los mineros en el centro del país y el desalojo de asentamientos, y 2) los relacionados a problemáticas delictivas y de inseguridad.

En la última categoría se encuentran los ocurridos en La Paz Centro (15/9/2008), Catarina (26/5/2010), Chichigalpa (7/7/2010) y recientemente en Tipitapa (30/4/2013). Todos implicaron un grave levantamiento violento de personas que, después de un homicidio que consternó a la comunidad, reclamaban sanción contra los culpables o exigían rectificación de la actuación policial. La Policía, en todos los casos, fue el blanco del ataque con piedras y morteros, obstaculizaron las vías, destruyeron vehículos particulares y policiales, saquearon las instalaciones policiales y levantaron barricadas.

La incidencia delictiva en Tipitapa, según registros oficiales, se encuentra en la media nacional y la de La Paz Centro, Catarina y Chichigalpa por debajo de ella. Es decir, no son poblaciones con alta delincuencia. Los acontecimientos no tienen nada que ver con la delincuencia organizada, fueron provocadas por conflictos de la convivencia local, aunque sus efectos generan, a nivel nacional e internacional, mayor percepción de inseguridad, desorden y caos que aumentará la brecha entre hechos delictivos y percepciones. Son los problemas de la delincuencia común y la convivencia cotidiana los que causan mayor impacto y preocupación de inseguridad.

Los actos vandálicos ocurridos son inaceptables, son de naturaleza delictiva y ameritan investigarse para establecer las responsabilidades penales y civiles de las personas involucradas. Dejar los hechos impunes es un desafortunado precedente por cuanto estimulará que ocurran otros similares.

También hay que analizar, desde una vista multidisciplinaria y multisectorial, institucional, social y política, las causas y condiciones que permitieron que tales sucesos ocurrieran y las que pudieran permitir que ocurran otros en el futuro. Comparto algunos comentarios:

1. La Policía es la entidad pública más visible del poder público, es contra quien se enfoca la protesta vandálica. La gente “no identifica” el rol de otras instancias de justicia; muestra su inconformidad hacia la Policía.

2. La acción violenta evidencia un problema de confianza y desinformación, posible desconfianza hacia las autoridades locales y quizás hacia el sistema policial, penal y político local.

3. La desocupación local -mucha gente sin hacer nada-, permite que acciones similares cuenten con grupos de adultos y jóvenes, que deambulan en el desempleo, la informalidad o fuera del sistema educativo.

4. Aunque la media nacional de las tasas delictivas, la percepción de inseguridad y la confianza en la policía son favorables, estos promedios pierden de vista los extremos. Hay realidades en municipios, barrios y colonias, en donde el riesgo objetivo y las percepciones pueden tener alto deterioro, identificarlas de manera diferenciada, microlocalizar las inconformidades y preocupaciones de la comunidad, anticiparse a ellas, es la base fundamental de la prevención y la seguridad ciudadana.

5. Existen condiciones socioeconómicas, culturales y políticas diferenciadas y conflictos particulares en cada localidad que requieren ser identificados, administrados y resueltos.

6. Es conveniente aprender social e institucionalmente de los hechos mencionados e identificar vulnerabilidades similares en otras localidades que pueden generar conflictividad similar o mayor.

No existe una inseguridad homogénea sino muchas diferenciadas en el territorio, entre hombres, mujeres, adultos y niños, y en relación a su condición socioeconómica. La seguridad ciudadana no está determinada únicamente por los hechos delictivos, es inseparablemente, respuesta institucional y percepción social y confianza y credibilidad hacia las instituciones y hacia las personas en la sociedad donde convivimos.

 

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