• Sept. 11, 2013, media noche

 

 

Es una equivocación pensar que una Ley de Protección al Consumidor solucionará todos los problemas. En este sentido, es importante mencionar el rol que deben jugar las asociaciones de consumidores del país, la educación en materia de consumo y la exigencia del consumidor. Sin embargo, en cuanto a regulación se refiere, existe todo un sistema que tiene su origen en la Constitución.

En Nicaragua, a diferencia de otros países de América Latina, la Constitución no se refiere de forma especial al deber que tiene el Estado de proteger al consumidor. Sin embargo, al revisar el texto de la misma, se encuentra la semilla que da lugar para que a partir de ahí se desprendan herramientas legales de protección al consumidor. El artículo 105 de la Constitución dispone el principio general de protección al consumidor: “Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios…”

A partir de esa disposición, se creó la Ley 182, de Defensa del Consumidor, aún vigente; la Ley 842, que protegerá a los consumidores a partir de los primeros días de octubre próximo; las normas de obligatorio cumplimiento y el Código Penal.

El consumo de alimentos es un medio por el que se puede producir daños a la vida y a la salud de las personas, y por esa razón existen normas de obligatorio cumplimiento, que se refieren a las condiciones de producción, transporte, almacenamiento y manipulación de alimentos, así como a la información que deben tener las etiquetas de los productos envasados para consumo humano.

En el caso de los productos preenvasados, la norma para el etiquetado exige que, entre otros datos, las etiquetas informen sobre el registro sanitario, instrucciones para la conservación y fecha de vencimiento. En ese sentido, la futura Ley de Protección al Consumidor establece que el incumplimiento de las normas técnicas obligatorias constituye una infracción grave, y sancionará económicamente esa conducta.

Según la nueva ley, ofrecer al público productos vencidos constituye una infracción muy grave. En este caso, encontramos que el Código Penal también castiga esa conducta, describiendo que comete delito quien introduzca, exporte, distribuya o comercialice alimentos envasados sin registro sanitario, vencidos o en mal estado.

El penalizar conductas que atentan contra la salud pública, toma fuerza a partir del caso de envenenamiento masivo causado por el consumo de aceite de colza en España. En materia de alimentos existen muchísimas normas, de las que hablaré en su oportunidad. Por ejemplo, la Norma sobre los procedimientos básicos para la inspección visual de lotes para alimentos envasados, define algunos defectos visibles inaceptables en los productos, como la corrosión externa con perforación y la hinchazón o soplado del envase.

En realidad, aunque es tarea del Estado crear un sistema que proteja al consumidor, le corresponde a este una tarea importante de análisis antes de comprar. Leyes y sanciones siempre han existido. Por ejemplo, el Rey Juan de Inglaterra, en 1202, cansado de los fraudes cometidos por panaderos (reducción de peso y adulteración de la harina), sancionó a este gremio de la siguiente manera: “Si cualquier falta es encontrada en el pan de cualquier panadero de esta ciudad, la primera vez permítanle que sea arrastrado desde el Hall gremial hasta su casa y la falsa tajada cuelgue de su cuello; si una segunda vez, él es encontrado cometiendo la misma ofensa, él deberá ser puesto en un cepo y permanecer ahí por lo menos una hora”.

 

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