• Sept. 25, 2013, media noche

 

 

Es necesario definir quién es considerado consumidor, porque quien adquiera esa condición será sujeto de protección de la Ley 842. Gema Botana García, coordinadora del libro Curso sobre protección jurídica de los consumidores, explica: “El término consumidor procede de la ciencia económica, aunque hoy día forma parte también del lenguaje jurídico. Para los economistas, consumidor es un sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus propias necesidades, personales o familiares. El empresario, a diferencia del consumidor, adquiere el bien por su valor de cambio, esto es, para incorporarlo transformado, a su proceso de producción o distribución, a fin de recuperar lo invertido más tarde y multiplicarlo…”

En consecuencia, el destino que se le dé a la compra es un elemento esencial para determinar si estamos en presencia de un consumidor que adquiere como destinatario final, sujeto a la protección de la Ley, o si el comprador adquiere con la finalidad de integrar el bien a su proceso de producción, transformación o distribución, sujeto que según la Ley 842, en su artículo 3, quedaría excluido de la protección que brinda.

No obstante, el artículo 2 de la Ley dispone que también tendrán condición de consumidores los microempresarios, siempre que estos evidencien una situación de asimetría informativa con su proveedor sobre los bienes o servicios que no formen parte del giro de su negocio. Por ejemplo, cuando el empresario adquiere un vehículo para el uso de su gerente, en esta situación no resulta previsible que el empresario tenga conocimientos especializados equiparables a los de su proveedor, porque su objeto social no tiene relación alguna con fabricación, distribución y comercialización de vehículos.

La Ley 842 expresa que consumidor es aquella persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios, tanto privados como públicos, como destinatario final. Según esa definición, no solo el que compra o adquiere es considerado consumidor, sino también quien utiliza o disfruta, aun sin haber comprado. Una persona puede recibir regalado un bien, que después resulte defectuoso. Igual puede ocurrir cuando el padre compra juguetes para sus hijos.

El delimitar quién es consumidor, no basta para afirmar si es sujeto o no de la protección de la Ley. Es necesario, además, que la compra se realice frente a un proveedor, quién de forma profesional y habitual ofrece bienes y servicios en el mercado.

Una vez definido quién es consumidor final y proveedor, la Dirección General de Protección de los Derechos de los Consumidores es la instancia creada para aplicar la Ley, aunque, los entes reguladores, como el INE, INAA y TELCOR, actuarán como autoridades específicas para proteger al consumidor en sus sectores respectivos.

El artículo 49 faculta al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), en su carácter de ente regulador del sector vivienda, para tomar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 842, incluyendo la revisión previa de los modelos de contratos de construcción y venta de vivienda, o de ejecución de obras con carácter habitacional. En este ámbito, los consumidores podrán presentar su reclamo ante el INVUR, solicitando la reparación o reemplazo de los bienes que resulten con vicios ocultos.

Otros entes reguladores que, según la Ley, tendrán la tarea de proteger al consumidor en el sector financiero, son la SIBOIF y la CONAMI.

 

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