• Dic. 30, 2013, media noche

Una primera conclusión de fin de año, desde el Programa Ciudades Sostenibles Emergentes impulsado por el BID, es que el cambio de las dinámicas de las violencias y delitos que afectan a nuestras ciudades, pasa por la capacidad de dotar a las autoridades locales, de suficientes herramientas gerenciales para la seguridad ciudadana.

En Trujillo, Perú, y Santa Ana, El Salvador; dos de las cinco ciudades donde el programa está en marcha, la primera de las apuestas fue fortalecer la institucionalidad local–municipal para la planeación y gestión de seguridad. En el COPROSEC –Comité Provincial de Seguridad Ciudadana-, en el caso de Trujillo, y el Comité Municipal para la Prevención de las Violencias, en Santa Ana, esto se traduce en conocimiento pleno de los problemas, capacidad de diseño de programas de respuesta, capacidad de ejecución y seguimiento y en la existencia de fortalezas para convocar activamente a la ciudadanía a un ejercicio corresponsable de la seguridad.

Para hacerlo, y dentro del Programa de Ciudades Sostenibles, se ha diseñado, primero, un plan de capacitación de los actores locales de seguridad, cuyo desarrollo pleno estará en vigencia en 2012. Luego, sumando distintos esfuerzos locales, se ha impulsado en cada municipio la recopilación y análisis de información estadística sobre seguridad ciudadana. En Santa Ana el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana está en marcha, pero será fortalecido en su capacidad de análisis y gestión de planes de respuesta, a través de asesorías técnicas e intercambios con otros Observatorios de la región. Se ha diseñado el de Trujillo y estará en funcionamiento en el primer semestre de 2012.

A partir de procesos de recopilación y análisis de información ordenados, en ambos municipios se está en un proceso de revisión  y formulación de los Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

A la debida gerencia, la buena información y la correspondiente planeación, se ha sumado la reflexión sobre otros dos puntos centrales: como buscar ordenamientos jurídicos qué respalden la función local–municipal de la seguridad ciudadana y cómo fortalecer los mecanismos de financiamiento de la seguridad. El primero de los asuntos es vital, porque la demanda ciudadana a las autoridades locales por seguridad, no es correspondiente, a veces, con lo que las normas le permiten hacer. La claridad normativa sobre las competencias de las autoridades locales en el tema es necesaria y urgente en la mayoría de países de la región. La reflexión iniciada en Trujillo y Santa Ana sobre el tema, dará muchas luces sobre el tema en otros municipios de la región. Lo mismo pasa con el tema de la financiación local de la seguridad. Allí hay más preguntas que respuestas, pero dentro del Programa Ciudades Sostenibles Emergentes, buscaremos avanzar en la discusión.

Capacitación o profesionalización, información de calidad, planeación, buena financiación, normatividad apropiada, son todas claves de un cambio en las dinámicas de la seguridad ciudadana en la región. En ellas, más una activa y corresponsable gestión con los ciudadanos esta la clave para que la región empiece a caminar por senderos distintos en el campo de la seguridad ciudadana.

 

Este texto fue publicado originalmente en el blog Sin Miedos, de seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). @BID_Seguridad

 

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