• Ene. 9, 2014, media noche



Una vez finalizado el período de garantía de fábrica de los bienes, el interés del consumidor radica en la posibilidad de disfrutarlos durante lo que se considera su período de vida útil; para ello, es indispensable que el empresario que los comercializa ofrezca servicios postventa de mantenimiento, tales como: servicios de reparaciones e inventario de repuestos. La diferencia fundamental entre las reparaciones debidas por garantía de fábrica y los otros servicios postventa es que la primera tiene carácter gratuito y los otros son servicios pagados.

En este particular es preciso destacar que en Nicaragua, según la Ley 842, el empresario que comercializa el bien está obligado a ofrecer los servicios postventa mencionados una vez concluida la garantía; en caso contrario, este debe informarle al consumidor, previo a la compra, si cuenta o no con un taller de mantenimiento y un inventario de repuestos, de tal manera que el consumidor debe revisar esa condición antes de hacer su elección, pues comprar bienes que carecen de repuestos y talleres especializados es una opción que va en detrimento de sus bolsillos, y le genera una verdadera dificultad para mantener la utilidad del objeto adquirido. En este sentido, si el empresario falta a su deber de información previa y no avisa al consumidor que no ofrece los servicios postventa, en principio sería sujeto de una sanción económica y, además, estaría obligado a proporcionar el servicio.

La ley no dispone de un tiempo determinado por el cual el empresario debe mantener un inventario de repuestos necesario para procurar el uso del bien. Es este un problema, en vista de que el período no puede ser muy corto, pues afectaría la vida útil del bien y por ende al consumidor; tampoco se le puede exigir al empresario que tenga repuestos de un bien que vendió 10 años atrás.

Ahora bien, en el caso de que el consumidor necesite reparar el bien adquirido una vez finalizado el período de garantía, debe buscar el taller que se adecúe a sus posibilidades y necesidades; una vez determinado, debe realizar la solicitud, y el taller está en la obligación de realizar un diagnóstico previo a la reparación, asimismo debe pedir la autorización por escrito del consumidor para proceder.

Finalizada la reparación, el empresario está obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación indicando los siguientes aspectos: descripción de la reparación realizada, las piezas reemplazadas o reparadas y las fechas en las que el consumidor entregó y recibió el bien. Asimismo, se le deben entregar las partes o repuestos que hubieren sido reemplazados, no para que este las recupere, sino para que pueda comprobar la ejecución del trabajo.

La Ley 842 establece una garantía mínima que debe tener todo servicio de reparación. Se trata de 30 días contados a partir de la recepción del bien, en los que el consumidor puede reclamar si el bien presenta algún problema relacionado con el servicio de reparación. En este caso, el empresario está obligado a prestar nuevamente sin costo adicional el servicio o a devolver las sumas pagadas por el consumidor.

Puede suceder que durante la reparación surjan imprevistos; es decir, averías o defectos ocultos que aparecen durante la reparación. En tal situación, a pesar de que la ley no lo dice, una buena forma de proceder es que el empresario ponga en conocimiento del consumidor sobre la condición y solicitarle manifestación de consentimiento por escrito para reparar los defectos.

Cuando el consumidor considere que el servicio no ha sido satisfactorio, puede reclamar ante el mismo empresario, y si este no resolviese, la Dirección de Protección al Consumidor es la institución competente para conocer.

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