• Ago. 13, 2007, 1:22 p.m.
Personajes política y económicamente interesados han comenzado a afirmar que la economía nicaragüense ha entrado en un proceso de desaceleración producto de la inestabilidad política y falta de seguridad jurídica que existe en el país con el regreso al poder del FSLN y el presidente Daniel Ortega Saavedra.

Esos personajes representan a los grupos que en los últimos años se han beneficiado de los incentivos económicos ideados por ellos mismos, así como por los elevados salarios, combustible, gastos de representación y la asignación de los principales proyectos y servicios en los amañados procesos de privatización y licitación de los últimos años.

El ex presidente Enrique Bolaños se rodeó desde el inicio de empresarios que se convirtieron en funcionarios y asesores que se dedicaron a crear una serie de exoneraciones fiscales para beneficio de los grandes empresarios: turismo 60%, zonas francas 38%, hidroelectricidad 31%, hidrocarburos, forestación 27% y energía térmica 14%, según datos oficiales.

Pese a ello, la Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano – Rural del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizada a mediados del año pasado reveló que el empleo en las empresas grandes decreció de 10.7 por ciento en 2004 a 8.6 en 2005.

Además de decrecer en la generación de empleo, un estudio realizado durante la Administración Bolaños por Daniel Artana, experto argentino en temas tributarios, reveló que el 4.14% del Producto Interno Bruto (PIB), 186.3 millones de dólares, se perdió en exoneraciones en 2004, mientras la evasión fiscal fue de 6.78% (305 millones de dólares).

Las voces de los representantes de estos sectores son quienes han comenzado a gritar que la economía ha comenzado a estancarse mientras otros más alarmistas ya dicen que hay desaceleración porque no hay condiciones para la inversión, ¿cuál inversión?, si Artana afirma en el estudio que: “Las exoneraciones vigentes en Nicaragua resultan en aportes del Estado al financiamiento de los proyectos muy importantes (entre 7 y 60%)”.

El caso extremo es el de los proyectos de turismo, donde el Estado actúa como una suerte de “socio tonto”, ya que termina aportando más de la mitad del costo de la inversión por la vía de menos impuestos, mientras la totalidad de los beneficios son retenidos por los inversores privados”, sostiene Artana.

Cómo no van a sentir estancada o desacelerada sus economías estos señores que además de recibir jugosos salarios como funcionarios, sus empresas y las de sus amigos eran los principales vendedores de bienes y servicios, a través de trucos con los que burlaban la ley y colmaban sus bolsillos.

La mayoría de los escandalosos gastos de sus residencias salían del Estado, si no miremos para qué servía la cuenta confidencial que manejaba Bolaños, o cómo se recetaban jugosos préstamos que nunca se cancelaron en la mayoría de instituciones públicas, o se creaban cuentas fuera de control que se desviaban a los bolsillos de los funcionarios, como ha quedado reflejado en más de una docena de resoluciones de la Contraloría General de la República a los principales funcionarios de la administración pasada.

Todo ese dinero salido de forma ilegal y seudo legal del erario era lavado en el mercado cuando los funcionarios – empresarios llegaban a los hoteles, restaurantes y centros comerciales de lujo a darse la gran vida. Pero ahora tienen que sacarse el dinero de sus bolsillos si quieren mantener ese status.

Los ciudadanos comunes y corrientes, que han vivido de su trabajo honrado y de remesas familiares, que han representado entre 600 y 700 millones de dólares los últimos años, sin privilegios fiscales, ni exoneraciones, continúan haciendo milagros para sobrevivir con sus familias.

La gente del campo, que más ha sufrido la implementación de las fracasadas políticas de los organismos internacionales, continúa en su miseria: sin trabajo, salud y educación con la esperanza de que el gobierno sandinista ponga en marcha proyectos sociales que le ayuden a salir del hoyo en que se encuentra.

La encuesta del INEC reflejó que el 66.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), o sea 1.3 millones de nicaragüenses, labora en el sector informal, en centros de trabajo que concentran de uno a cinco empleados, y el 15.7 %, en la pequeña empresa que concentra de seis a 20 trabajadores.

Lo anterior significa que el 81.8% de las personas empleadas trabajaban en la micro (66.1%) y pequeña empresa (15.7%), seguido de un 9.5% que labora en la mediana empresa (de 20 a 100 trabajadores). De acuerdo con la encuesta, ese 1.3 millones de ocupados gana menos del costo total de la canasta básica.

La encuesta deja claro que el gran empleador es el sector informal, pese a que tiene muy poco acceso al crédito del sistema financiero, pues el propio BCN refleja en su informe de 2004 que el 67.7% de los créditos se concentró en el sector comercial (comercio, tarjetas y préstamos personales).

Todas estas cifras, oficiales y de estudios realizados por la Administración Bolaños, reflejan que la gran empresa fue en los últimos años un parásito de lujo del Estado y que hoy reciente el ver en peligro sus privilegios y “desacelerados sus bolsillos”.

Los funcionarios de gobierno no deben preocuparse por las expresiones rayadas de estos sectores, y por el contrario deben comenzar a cambiar las cosas, para que el sector informal, la mediana y micro empresa tengan acceso a créditos y mejores condiciones, porque son ellos quienes sostienen la economía nicaragüense.
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