• Mayo 7, 2014, media noche

En estos días, en las oficinas del BID en Washington, se celebró el Primer Diálogo de Políticas de Gobierno Abierto para América Latina y el Caribe.


Es un esfuerzo que refleja y cristaliza el anhelo de muchos países de la región por avanzar de manera decidida hacia la generación de nuevos espacios para la transparencia y el acceso a información pública, configurando nuevas formas de participación ciudadana y compromiso cívico.

 

Encontrar soluciones a los complejos problemas que enfrentan nuestras sociedades es una responsabilidad que supera, hoy en día, el esfuerzo aislado del gobierno y sus instituciones.

 

Ese monopolio exclusivo y excluyente de antaño, en la provisión y entrega de bienes y servicios públicos, ha dado paso a las semillas de un emergente modelo de trabajo, en tiempo real,  distribuido, que aprovecha la inteligencia colectiva y las capacidades disponibles en la ciudadanía. Se trata de recrear un juego democrático más horizontal, más orgánico y menos formal, más dinámico y menos burocrático, basado en la confianza y no en la imposición o en la autoridad, en definitiva, más adaptativo y que se nutre de la idea de la innovación abierta, por, para y a través de los propios ciudadanos.

 

En este contexto, me ha correspondido presentar los resultados de un reciente estudio que desarrollamos junto a Nicolás Dassen del BID sobre el avance de las políticas de gobierno abierto en la región, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Se trata de un análisis exploratorio sobre el proceso de instalación de la agenda de gobierno abierto en la región a partir de observar las etapas de creación y puesta en marcha de los planes de acción.

 

La evaluación es un tema pendiente que debe resolver, en primer lugar, la AGA a través del Mecanismo de Evaluación Independiente y, a partir de ello, asumir y responder a los desafíos de futuro que enfrentará la alianza en los próximos años.

 

Para hacerte más fácil la lectura de nuestro trabajo, comparto algunos de los principales hallazgos que nos encontramos en este estudio, que contó con la participación y opinión de los encargados nacionales de los planes de acción de gobierno abierto y representantes de organizaciones de la sociedad civil en la región.

 

La agenda regional y los compromisos de gobierno abierto

Los compromisos asumidos en los planes de acción por los 14 países que los han formulado e implementado, suman 328 en total (Cuadro 1) los que, de acuerdo a las categorías que promueve la AGA sobre ejes temáticos o desafíos, se desglosan en:

- Mejoramiento de los servicios públicos: 75 compromisos 

- Incremento de la integridad pública: 177  compromisos

- Gestión efectiva de recursos públicos: 63 compromisos

- Incremento de responsabilidad y rendición de cuentas: 12 compromisos; y

- Creación de comunidades más seguras: 1 compromiso

  • El concepto de gobierno abierto es… demasiado abierto. Existen diferencias en la forma de abordar y presentar los “compromisos” en los planes de acción de gobierno abierto, lo que dificulta comparaciones directas (tanto en la forma como en el fondo) a lo que se suma que cada país interpretó el gobierno abierto desde perspectivas muy diferentes y con énfasis en aspectos de diversa naturaleza; 
  • Un gobierno digitalizado no es lo mismo que un gobierno abierto. Gobierno abierto no es equivalente a gobierno electrónico ni a datos abiertos, es necesario diferenciar las herramientas tecnológicas disponibles del propósito mayor que se persigue; 
  • Redacción autorreferente. La redacción de los planes no está pensada desde una perspectiva ciudadana, se usa un lenguaje abstracto, excesivamente formalista y técnico que puede redundar en inhibir la apropiación de quienes (suponemos) son los principales depositarios de sus potenciales beneficios: los ciudadanos; 
  • Más de lo mismo versus demasiado de lo nuevo. En los planes se observan desde compromisos de tipo incremental (hacer más de lo mismo), al uso intensivo de tecnologías, hasta iniciativas de carácter más sustantivo (cambios legales o reformas institucionales). Más allá del debate que esto pueda generar, es preferible asumir compromisos acotados y alcanzables que, sin perder ambición, puedan ser factibles de ser cumplidos, que respondan a las expectativas del proceso. Ello permitiría evitar que el “remedio propuesto sea peor que la enfermedad que se pretende resolver”; 
  • El proceso de diálogo entre los actores gubernamentales y la participación ciudadana importan tanto (o más) que los compromisos asumidos en los planes de acción. La plena participación ciudadana en los procesos de consulta ha sido la excepción, no la regla. Es necesario fortalecer este ámbito (tanto en la forma como en el fondo, más allá de la formalidad) e incorporar a otros actores (Poder Legislativo, sector privado, universidades y centros tecnológicos) o niveles de gobierno (subnacional, regional y municipal); y 
  • Para avanzar en la consolidación de gobiernos abiertos se requiere un mayor compromiso, una mayor participación y un mayor involucramiento de los actores que, justamente, están fuera de él. Se requiere “ciudadanizar” el discurso y que exista una “apropiación cívica” de la idea y prácticas de gobierno abierto en toda la sociedad. Dicho de otro modo, el éxito de las políticas de gobierno abierto dependen mucho más de la configuración de un ecosistema de actores y relaciones que favorezca alinear iniciativas y trabajar conjuntamente. 

 

Sobre el camino a seguir y unas pocas recomendaciones.

  • Orientar los planes de acción hacia las necesidades de la gente. 
  • El gobierno abierto no se agota en el gobierno: hacia un nuevo modelo de sociedad. La idea de lo “abierto” va más allá del gobierno y se relaciona a un profundo cambio de paradigma en materia tecnológica, de conocimiento, educación, etc.

·         El debate entre el acceso a la información, la privacidad y la seguridad. Existen tensiones evidentes y no resueltas entre el tratamiento de la información pública y la protección de datos personales o sensibles, entre otros temas.

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