• Jun. 17, 2014, media noche

Recientemente, en Nueva York, un grupo de profesionales de la salud pública y expertos en seguridad y delincuencia se juntaron en una conferencia para discutir cómo implementar  los conceptos de la salud pública a la “epidemia” de la encarcelación masiva en los Estados Unidos.

 

“Los temas de la salud pública, la encarcelación y la justicia están estrechamente relacionados entre sí, tanto en las causas de la tasa de encarcelación, como en las soluciones que debemos proponer”, dijo Linda Fried, decana de la Facultad Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia.

 

Fue un ejemplo más del profundo cambio en las actitudes hacia la delincuencia y el castigo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Con la mayor población penitenciaria en el mundo – unos 2,2 millones de adultos – un creciente número de personas de todo el espectro ideológico comienza a darse cuenta que las políticas de mano dura de décadas pasadas no han producido los resultados esperados. Su legado es familias destruidas y algunas de las comunidades más pobres de Estados Unidos condenadas a un ciclo de decadencia y negligencia. Y su impacto ha sido mayor en las comunidades hispanas y afro americanas.

 

Casi no había periodistas en la conferencia de la Universidad de Columbia. Y eso es un problema.

Mientras algunos profesionales de la prensa estadounidense están comenzando a cubrir los temas con más profundidad, abundan los medios que alimentan una constante dieta de escándalos y homicidios sensacionales.

 

Sospecho que la situación es la misma en América Latina. Pablo Bachelet, en su reciente blog en Sin Miedos, describió el problema muy bien: los periodistas tienen muchas dificultades en convencer a sus editores (y a veces a sí mismos) que vale la pena el esfuerzo y el gasto adicional para ir más allá de los titulares para destapar las historias más profundas de la prevención de violencia.

 

A juzgar por los titulares, América Latina se encuentra inundada por guerras de los carteles de drogas sin tregua, corrupción y otras formas de malversación de fondos públicos.

Desde luego, es parte de la realidad. Pero no es la única realidad – como descubrí cuando nuestro Centro sobre Periodismo, Delincuencia y Justicia organizó, con el apoyo de la Fundación Tinker, un taller especial para periodistas mexicanos y centroamericanos sobre “Los Desafíos de la Justicia en las Américas” en Washington, en abril.

 

Los periodistas llegaron con sus computadoras portátiles repletas de proyectos que analizan las reformas dramáticas que están siendo debatidas en sus países sobre los sistemas judiciales, las estrategias policiales, y los esfuerzos en la prevención – para citar apenas algunos casos. Tenían ganas de intercambiar experiencias con sus pares estadounidenses sobre los retos muy similares que enfrenta el sistema de justicia criminal en EE.UU.

 

Pero para que puedan tener éxito – es decir, lograr que sus historias sean publicadas o transmitidas – las autoridades de justicia (y sí, las ONGs) deben cambiar sus actitudes hacia los medios de comunicaciones.

 

Aquí algunos de los principios básicos  que deben incluirse en una reformulación de la relación entre los reporteros que cubren los sistemas de justicia y la delincuencia, y el estado – y de paso con la sociedad civil en general:

  1. Transparencia: Todos comenten errores. Pero encubrirlos es una mala política pública. Jueces, fiscales y jefes policiales con demasiada frecuencia perciben a la prensa como un “enemigo” o una fuerza a ser manipulada. Facilitar un acceso más amplio a documentos públicos y a las instituciones de manera similar a las leyes de “puerta abierta”  en muchos estados de EE.UU., es una manera saludable de abordar el problema, que sirve para fortalecer la democracia.

  2. Asociaciones: La prensa y el gobierno necesariamente tendrán una relación difícil. Pero distanciar a los periodistas nos asegura que las buenas innovaciones y reformas sólo serán reporteadas de manera superficial. Las autoridades deben reconocer el rol crítico de los medios en mejorar el entendimiento y el respaldo público para las nuevas ideas que están surgiendo en muchos ministerios de justicia latinoamericanos y en los centros de estudio.
  3. Educación: Los cambios en el escenario de medios tanto en los Estados Unidos como en América Latina a menudo deja pocos recursos o tiempo para desarrollar las habilidades necesarias para informar sobre la “nueva” historia de justicia criminal – como es el caso de las estadísticas. Esto puede llevar a malos entendidos o, peor, críticas destructivas que socavan las reformas. Un buen ejemplo es el cubrimiento en los Estados Unidos sobre la llamada epidemia de la heroína. Resulta crítico una mejor formación para tener las habilidades necesarias para cubrir estas nuevas áreas.

No existen respuestas fáciles para desarrollar y fomentar el tipo de cobertura necesaria para abordar los problemas complejos de los sistemas de justicia del siglo 21. Pero sin este tipo de cobertura, los esfuerzos de crear sociedades más seguras y equitativas arrancaran con demasiados hándicaps en contra.

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