• Sept. 9, 2014, media noche

Mientras el recientemente reelegido presidente Juan Manuel Santos continúa con las conversaciones de paz con los rebeldes en Colombia, muchos colombianos siguen experimentando los efectos de décadas del conflicto armado en su vida cotidiana. Las mujeres colombianas, en concreto, han sido las principales víctimas de los desplazamientos internos, a menudo expulsadas ​​de sus hogares a consecuencia del conflicto. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, departamento del gobierno, tenía registradas hasta agosto pasado más de 6,7 millones de víctimas de desplazamiento en el país. De ellas una ligera mayoría (52,4%) son mujeres.

 

Las mujeres desplazadas se encuentran entre las personas más vulnerables en Colombia. ¿Quiénes son estas mujeres y qué tienen en común? Según un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría provienen de zonas rurales (60%) y son menores de 25 años de edad (64%). Es probable que dependan económicamente de sus maridos u otros familiares varones, ya que sólo un 32,7% tiene un empleo de algún tipo, mientras que la tasa de empleo entre los hombres desplazados es del 57,4%.

 

Estas mujeres se enfrentan a altos niveles de violencia sexual y de género, en parte debido al hecho de que deben reasentarse en zonas donde cuentan con pocas relaciones estrechas o lazos familiares. La violencia contra la mujer también es más frecuente dentro de las familias desplazadas. Una encuesta de USAID/Profamilia de 2010 encontró que el 48% de las mujeres desplazadas reportaba haber sufrido violencia a manos de su pareja o esposo, en comparación con el 37% de las mujeres en la población general.

 

Sin embargo, la estructura de los recursos públicos disponibles para las familias desplazadas hace difícil para estas mujeres abogar por sí mismas. Para poder recibir ciertos beneficios del gobierno, por ejemplo, la familia debe registrarse como una unidad utilizando el nombre de un solicitante principal, normalmente el marido. El resultado es que muchas mujeres en situaciones de violencia doméstica deben elegir entre que tanto ellas como sus hijos pierdan esas prestaciones o permanecer en una relación violenta.

 

En el mismo estudio de USAID/Profamilia, las principales razones citadas por las mujeres desplazadas en situaciones de abuso para no denunciar a su pareja incluyen “el miedo a la separación” y “yo puedo resolverlo por mi cuenta,” respuestas que hablan del grado de vulnerabilidad en que se encuentran.

Las leyes colombianas que se centran en la prevención y la prestación de apoyo a las víctimas de la violencia sexual y de género son rigurosas. En 2008, el gobierno avanzó en su trabajo para abordar la violencia sexual al establecer una vía de referencia que – entre otras cosas – pretende informar a las víctimas sobre los servicios públicos a su disposición, incluidos los de salud, justicia, protección y apoyo psicosocial.

 

Sin embargo, un estudio de 2012 de Human Rights Wacht indicó que esta vía de referencia aún tiene retos que resolver, entre ellos que el acceso de las víctimas a la atención médica y otros servicios públicos es limitado. Un ejemplo de esto se vio en Cali, donde el director de una organización que trabaja con mujeres desplazadas encontró que los servicios de salud no conocían las leyes que garantizan métodos anticonceptivos de emergencia gratuitos a las víctimas de una violación.

 

Mientras las mujeres desplazadas sigan siendo vulnerables a la violencia sexual y el abuso -tanto dentro como fuera del ámbito familiar-, la necesidad de acceso a una atención oportuna y adecuada se convierte en crítica para que puedan ser ciudadanas plenamente activas en la Colombia postconflicto.

 

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