• Nov. 27, 2014, media noche

En la última década, los gobiernos de la región han financiado iniciativas que asocian al sector público y privado con el fin de solucionar problemas en conjunto. Estas experiencias, conocidas como asociaciones público-privadas (APP), no son una opción estándar dentro de los sistemas de inversión pública en el área de salud en la región. Por ello, la pregunta clave es, ¿qué se requiere para que este modelo de inversión sea exitoso?

 

 

La respuesta no es única ni simple, sino que como toda política pública innovadora, requiere que se den un conjunto de  variables:

 

  1. Conocer los requisitos de inversión. La existencia de un plan de inversiones con un enfoque integral y de red es una pieza clave, ya que permite que los gobiernos entiendan los desafíos en términos de volumen de recursos necesarios y tomen las decisiones sobre el plazo en el que pueden responder a esta demanda.
  2. Seleccionar proyectos adecuados para el esquema de APP. Se debe establecer que el mecanismo de APP es el más adecuado luego de evaluar todas las otras formas posibles de ejecución.  Los proyectos deben ser técnicamente sólidos para asegurar las condiciones de oferta y demanda necesarias con el fin de que funcionen eficientemente una vez que estén operando.
  3. Establecer un marco legal. Se debe contar con contratos o leyes que permitan gestionar adecuadamente las exigencias a largo plazo (pagos y exigencias), para asegurar el balance de derechos y deberes del estado y de la  empresa.
  4. Asegurar fondos a largo plazo. El estado es el que paga la cuenta en las APP de infraestructura social. Para ello debe comprometer una fracción de sus recursos al pago de las cuotas en el largo plazo.
  5. Contar con recursos humanos competentes en el sector público. Por tratarse de formas de contratos más complejos que los de tipo tradicional, es necesario contar con mandantes involucrados capacitados para gestionar las variables técnicas, legales, financieras, administrativas y de negociación en los contratos.
  6. Involucrar a empresas privadas con modelos de negocio de largo plazo. A diferencia de los contratos tradicionales que presentan una duración limitada, en las APP los contratos son de largo plazo, por lo que se requiere de empresas que tengan modelos de negocio compatible con ellos. Esto, no solo involucra exigencias en términos financieros y técnicos, sino también de tipo relacional, ya que la naturaleza del contrato requiere de una cultura de “trabajo en equipo”.
  7. Contar con apoyo político. La construcción técnica, financiera y legal de los contratos de APP se basa en el apoyo de las autoridades del país, ya que por tratarse de nuevos mecanismos de contratación requiere de un alineamiento de las diversas entidades públicas involucradas. Asimismo debe dar garantías a los sectores sociales que este tipo de contrato no afectará el acceso a la atención, ni la estabilidad de los trabajadores de la salud.

 

En este escenario de crecimiento, la división de protección social y salud del BID, ha considerado pertinente profundizar el conocimiento en torno a los modelos de APP en salud, para lo cual está preparando cinco notas técnicas que buscan contribuir al conocimiento de este tipo de esquema de reciente incorporación en la región. La primera nota es “Conceptos generales y modelos, serie de notas técnicas sobre asociaciones público-privadas en el sector de la salud de América Latina” y explica las diferencias y ventajas respecto al modelo tradicional y provee una descripción de los diferentes modelos de APP. Las siguientes cuatro notas se publicarán en los próximos meses.

 

Asimismo, hemos estimado necesario generar un espacio para análisis y reflexión en torno a las APP en salud por lo que esperamos tus aportes, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios abajo o a través de Twitter.

 

Ignacio Astorga es especialista líder en salud de la División de Protección Social y Salud (@BIDSPH) del BID. Su trabajo se centra en redes de salud, infraestructura y asociaciones público-privadas.

 

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