• Mar. 9, 2015, 8:39 a.m.

A un lado de la carretera entre Ocotal y Jalapa encontramos a don Florencio Arauz, dueño de una finca forestal. Hombre ya entrado en años, se fue de la ciudad al campo y ahora se dedica exclusivamente a vivir de su bosque de pinos. Comprendiendo la vocación de su propiedad, durante los últimos años ha hecho una transformación notable: de un 85 por ciento del área de la finca que dedicaba a la agricultura y pastos, ahora es un 90 por ciento forestal. Vive del bosque de una manera sostenible.

Cuando llegamos se encontraba apurado reparando una bomba de agua para poder atender a un grupo de turistas alemanes que habían reservado las cabañas de madera de pino construidas por don Florencio. La propiedad está rodeada de un pequeño río que nace en la cordillera de Dipilto y Jalapa y se une al río Jícaro muy cerca de ahí. El río Jícaro a su vez se encuentra con el Coco a unos 50 kilómetros aguas abajo, después de haber pasado Quilalí. Las atracciones turísticas de la propiedad son el senderismo, visitas al río y una aguas termales que prometimos a don Florencio visitar algún día.

Don Florencio no se queja de la vida, dice que su trabajo le da lo suficiente para vivir aunque no le da para lujos como viajar por ejemplo. Su casa es amplia y hermosa, de adobe a doble fila, muros anchos y amplios corredores. Ha producido en su vivero más de dos millones de arbolitos, que ha vendido o replantado para regenerar el bosque que aprovecha. Saca madera certificada y tiene un pequeño aserrío. Dice que compradores de madera ofrecen el metro cúbico a US$30 en pie, pero él ha hecho una pequeña fábrica de polines y logra vender ese mismo metro a una diez veces su valor. No siempre le va bien, ya que la fábrica exportadora de Chinandega le rechaza parte de los polines, los que ha aprovechado para construir las cabañas para los turistas. Don Florencio ha sembrado otras variedades forestales como melina, acacias y cipreses, pero ninguna le ha dado el resultado del pino nativo, que dice tiene una capacidad de regeneración asombrosa. La propiedad está en la falda de una pequeña loma y nos cuenta que un par de viejos pinos se han encargado de regar sus semillas y ahora la loma está completamente poblada de árboles jóvenes. Al otro lado del cerco se aprecia la otra cara de Nueva Segovia, un campo seco con vestigios de guate de maíz seco, lomas peladas y uno que otro pino que aún se ha escapado de la motosierra. No pudimos ver muchas iniciativas como las de don Florencio y discutimos el porqué.

La veda forestal, política bien intencionada como muchas otras, no ha hecho mucho por el bosque de pino en el norte. Cuando le preguntamos a Florencio si el precio de US$30 era antes o después de la veda, dijo que era el mismo precio con o sin veda. Esta respuesta esconde un elemento básico: el mercado no entiende de lejanas prohibiciones difíciles de implementar. Esta política ha sido particularmente cruel para los dueños de plantaciones certificadas no afectadas por la veda como las de don Florencio, porque redujo el valor de sus inversiones y esfuerzos de años. El establecimiento de la veda y su posterior levantamiento le ha venido a dar más incertidumbre al sector, al cambiar abruptamente las reglas necesarias para fomentar las inversiones de largo plazo, vitales para industrias de este tipo. En este momento, son muy pocos los productores segovianos que están pensando establecer plantaciones forestales, en detrimento de la potencialidades del departamento y los beneficios de estas en mitigar los efectos del cambio climático.

Más allá de los recursos que don Florencio pueda generar para su familia, su finca genera beneficios reales, externalidades ambientales positivas en el argot económico, a las comunidades aguas abajo de la cuenca. Al retener humedad, Florencio contribuye con proveer agua a un sinnúmero de comunidades y cabeceras municipales como El Jícaro, Quilalí e incluso Wiwilí. Nadie le paga por ese servicio ambiental porque nadie percibe ese servicio, pero existe y es real. Es ampliamente conocido que los ríos de Nueva Segovia se están secando, así que el servicio ambiental de don Florencio va a tener que ser reconocido algún día. Existen experiencias positivas en Nicaragua de pagos por servicios ambientales, pero requiere de muchos recursos y mayor coordinación.

La riqueza forestal que existe en la finca de don Florencio no existe financieramente, porque el país no cuenta con un esquema que reconozca como un activo económico el vuelo forestal, que constituye los árboles, la madera y sus subproductos. Mientras en Nicaragua no existe separación legal entre la propiedad y el vuelo forestal, en países latinoamericanos ya es posible vender la plantación forestal sin vender la propiedad. Don Florencio podría por ejemplo, adelantar ganancias al vender árboles que sembró hace diez años y el comprador se ahorraría el riesgo de esperar diez años para tener una plantación que podrá aprovechar en poco tiempo. Igualmente, al definir el vuelo forestal como un bien mueble separado de la tierra, puede atraer inversionistas que estarían interesados solo en la inversión forestal y no en comprar tierras, que como sabemos es un asunto complicado en Nicaragua.

El vuelo forestal tiene la ventaja que a pesar de ser un bien mueble, es fácil su supervisión y difícil su movilización, por lo que el riesgo de desvíos y fraudes es menor que en el caso de otros bienes muebles. Es igualmente seguro frente a destrucción de incendios cuando el bosque ya está establecido. El crecimiento del bosque permite además que la garantía se revalorice, en contraste con la mayoría de las garantías que se deprecian. El definir el vuelo como garantía ha ayudado desarrollar esquemas fiduciarios en países como Chile y Colombia que han inyectado importantes recursos financieros al sector de las plantaciones forestales.

Establecer políticas de incentivos de este tipo son particularmente importantes para Madriz y Nueva Segovia, departamentos con clara vocación forestal. Como lo muestran las pocas experiencias como las de don Florencio, es posible encontrar intervenciones sostenibles en beneficio del medio ambiente, el ingreso de los hogares y el país en general. Este tipo de acciones deberían de diferenciarse de aquellas enmarcadas en los bosques naturales de reserva, que demandan otro tipo de incentivos y políticas.

Nueva Segovia podría ser el buen inicio de una experiencia a nivel nacional. Con un 44% del total de las tierras de Nicaragua con vocación forestal, muchas de ellas ya deforestadas, establecer incentivos al establecimiento de plantaciones forestales, mediante una Ley de Vuelo Forestal podrán ayudar al amortiguamiento del avance de la frontera agrícola y darle al bosque el verdadero valor que posee, tanto económico como ambiental.

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