• Mar. 14, 2016, 10:59 a.m.

La economía informal, conocida por varios aliases: subterránea, clandestina, ilegal, de la sombra, etc.- casi todos peyorativos-, en los países en vías de desarrollo y con América Latina en mente -que es donde más se observa- es tratada por los agentes económicos tradicionales -y bajo el consenso neoclásico predominante como un “lastre económico-social” -un “enemigo”- que hay que “eliminar” por no aportar tributos ni contribuciones al seguro, además de ser el “génesis” de la baja productividad, de la competencia “desleal”, y hasta de la perpetuación de la pobreza.

Aunque esta advertencia es extrema y excluyente, tiene algo de cierto, sobre todo cuando la economía informal es persistente y está creciendo. Hay amplísima evidencia empírica -a través de números estudios conducidos por el BID, Cepal, entre otros- de una clara correlación entre pobreza y desigualdad vs. Informalidad, y entre baja productividad vs. Informalidad, y una de las más terribles, entre desigualdad de género vs. Informalidad. Hay grandes “sin embargos”, veámoslos:

Mucha gente vive en la economía informal por elección racional (análisis costo-beneficio), pero otros nunca tuvieron otra opción y están en ella por exclusión involuntaria. Muchas de estas personas que no tuvieron esa opción son mujeres pobres y sin educación que entregan su trabajo “gratis” criando a sus hijos y sosteniendo la base de la pirámide social en nuestra sociedad.  Este durísimo fenómeno es un síntoma de una patología socio-económica fundamental y sistémica. Aquí comenzamos a divergir con el “consenso tradicional” porque vemos muchos aspectos de la informalidad como síntomas ligados al fracaso de políticas económicas fallidas que a la larga funcionaron para algunos pero no funcionaron para un 40 por ciento de latinoamericanos que según Cepal conforman hoy el sector informal del subcontinente-. La economía informal es por eso un refugio (yo le llamo el refugio de las tres “i”: instintivo, intuitivo, inteligente), como lo es también la migración -y su consecuente envío de remesas- ante las serias -y obvias- limitaciones de la economía formal en su capacidad de absorber fuerza laboral de manera sostenida y generar incentivos para invitar a la gente a integrarla.   

Nos hemos mal acostumbrado a que el trato estadístico que se le da a la economía informal es el de una “caja negra” de la que se sabe muy poco o casi nada. En Nicaragua, alguien que sí conoce esta “caja negra”, es el Dr. Orlando Núñez-Soto (PhD. Universidad de la Sorbona, París) científico e investigador social que ha dedicado toda una vida no solo a estudiarla, sino a integrarla plenamente al ámbito económico y político de nuestro país a través de propuestas concretas, algunas de ellas en marcha y caminando con buen suceso. A Núñez-Soto debemos el término inclusivo de “economía popular” vis á vis el término excluyente “economía informal”, que aunque estadísticamente no la sustituye, si la engloba o abarca. En su reciente ensayo “Quien produce la riqueza en Nicaragua” (Diciembre 2015) el Dr. Núñez nos ayuda a dimensionar y diseccionar esta “caja negra” y nos sugiere que la economía informal (extrapolando sus datos respecto a la economía popular o social) aporta aproximadamente un 45 por ciento del Producto Interno Bruto del país (nuestro numero coincide con el estimado que hace la CEPAL para Nicaragua), y emplea poco más del 60 por ciento de la fuerza laboral.

En línea y a la vez complemento del ensayo del Dr. Núñez, mencionamos -entre muchas- tres realidades: La primera realidad es que la economía informal es muy grande para ser ignorada; la segunda realidad es que la economía informal representa un estabilizador social - y por ende político- muy poderoso en tanto es una válvula de escape - mayormente mas no exclusivamente- para los más pobres y vulnerables a la falta de alternativas en una micro-economía muy limitada en su escala y desarrollo; y la tercera realidad es el papel de amortiguador de choques negativos en el empleo y en los ingresos de la gente en las épocas duras. En este sentido la economía informal contribuye a la resiliencia de la economía y su sostenibilidad.

No coincidimos con una visión de “la batalla” contra la informalidad, que suena más como darnos tiros en el pie.  En su lugar, debemos hablar de llevar los beneficios de la economía formal a todos. De hecho cualquier estrategia para reducir el tamaño de la economía informal debe descansar más en el éxito de la economía formal (incluyendo sus regímenes tributarios y de seguridad social) que en las medidas de coerción contra el “sector informal”.  Hablemos de iniciativas que aprovechan el emprendedurismo micro-empresarial y de los trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas).  El Gobierno de Nicaragua en este sentido ha marcado la pauta y ha venido impulsando varias e importantes iniciativas (usura cero, bono productivo) a favor del bienestar de sus protagonistas -particularmente las mujeres-. Estas son expresiones específicas del crecimiento inclusivo. Estas iniciativas en nuestro país además de ser una muestra de no-alineamiento con la visión discriminatoria de la economía informal es una plataforma que a través de políticas públicas inclusivas aportan a una transición gradual hacia formas más organizadas y socialmente más avanzadas de los agentes de la economía informal que en el mediano y largo plazo puede servir de trampolín hacia empresitas más productivas, que registren a sus trabajadores en el seguro social, tengan mayor acceso al crédito y asistencia técnica, y -en la medida que obtengan mayores ingresos-  tributen como sus contrapartes de la economía formal.

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