• Oct. 24, 2016, media noche

El impacto potencial del cambio climático sobre la agricultura, nos obliga a reflexionar sobre cómo atenuar su efecto, y una forma de mitigar estos cambios en el corto plazo es el riego, que tiene otros beneficios porque permite una planificación mejor del negocio agrícola y una diversificación mayor.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 40% del aumento en la productividad agrícola en los últimos 50 años se logró gracias a proyectos de riego, lo que demuestra la importancia del riego para la productividad agropecuaria, sin ser, por supuesto, el único factor que la determina.

El Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2011, realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), reveló que en el país existen 262.5 miles de empresas agropecuarias (personas naturales y jurídicas) que utilizan 7.2 millones de manzanas de tierra. De esta área, el 83% dispone de fuentes de agua; sin embargo, solo el 2% cuenta con sistemas de riego.

Existen diferentes hipótesis de por qué las tierras productivas del país cuentan con tan poca irrigación. Podría ser que los agricultores simplemente no reconocen el impacto negativo potencial del cambio climático, aunque también podrían existir condiciones estructurales que limitan la adopción de esos sistemas o que faltan incentivos correctos para hacer atractiva la inversión en ellos.

Entre los factores que afectan la decisión de invertir en riego, destacan el alto costo de la energía en el país (aun teniendo una tarifa especial); la falta de títulos de propiedad o de documentos que acreditan su posesión, que en ambos casos encarecen el crédito o no permiten acceder a él; el nivel de informalidad que tiene el mismo efecto en el crédito, por falta de contabilidad básica y tabulación de datos para estimar y proyectar cosechas y flujos; la falta de infraestructura y soporte técnico, porque no hay suficiente capacidad de perforación de pozos artesianos y recursos humanos especializados para la instalación de sistemas de riego en caso de una demanda creciente; y el hecho de que al menos en la región del pacífico, una porción importante de la producción agrícola, quizás más del 50%, ocurre en tierras rentadas, sin los incentivos contractuales para que arrendador y arrendatario usufructúen conjuntamente la inversión.

No existe ambigüedad alguna sobre los beneficios de aumentar el riego en las tierras productivas. Para el agricultor significaría al menos duplicar su producción con las mismas áreas, alternar o rotar cultivos por ciclo, diluir costos fijos y mejorar rendimientos e ingresos. Para los acreedores sería una reducción del riesgo por cambios en el clima, aumento del crédito al sector por habilitaciones de forma proporcional al incremento de los ciclos en el año, y la concatenación de los préstamos para inversiones en riego con los flujos necesarios para amortizarlas.

Para el país, los beneficios son también relevantes. El riego contribuiría a contener la frontera agrícola, reduciría la vulnerabilidad de los cultivos de productos básicos ante las sequías, aumentaría la competitividad en el sector agropecuario, crearía más empleos rurales y crecería la generación de divisas mediante una oferta más segura de cultivos.

Un diagnóstico sobre la situación y el potencial del riego en Nicaragua, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala las limitantes del país a mediana o gran escala donde existen elementos de bien público y baja exclusión que limitan el rol del sector privado, en que destacan la fuerte heterogeneidad en la distribución temporal y espacial de las fuentes de agua y la falta de mecanismos e instancias públicas con capacidad para promover proyectos de irrigación a una escala mínima que justifiquen la inversión.

Eso deja espacio para la expansión del riego de uso privado, para el que existe financiamiento local, al menos para los medianos y grandes productores que cuentan con la escala necesaria para amortizar la inversión. Para estos agricultores la oferta de financiamiento al riego excede la demanda. Los bancos privados disponen de recursos en condiciones competitivas que no están siendo utilizados, lo cual indica que quizás los incentivos no han sido los mejores y hay espacio para que las políticas públicas ayuden a alinear estos incentivos en beneficio de todos.

Hay espacio para normar, de consenso entre el sector público y el privado, los contratos de arriendo de tierras para crear los incentivos entre ambas partes y que se invierta en riego. La industria del petróleo en Estados Unidos tiene ejemplos claros de leyes que regulan los contratos de arrendamiento y producción compartida que eliminan los desincentivos para la inversión.

También hay espacio para mecanismos de regulación financiera para incentivar el crédito a los agricultores que utilizan o deciden invertir en riego, frente a quienes no lo hacen (mitigantes de riesgo).

Otras políticas necesitan ser revisadas, buscando eliminar trabas burocráticas que impiden o encarecen el riego, reducir los costos de la energía para este rubro y dar asistencia técnica efectiva para su implementación correcta. Otras acciones complementarias ayudarían a que los mantos acuíferos no se agoten cuando las sequías sean prolongadas, en particular la limitación del uso de riego por gravedad, el cual es muy ineficiente y pone en riesgo la capacidad de aumentar las áreas irrigadas de forma sostenible.

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