• Mayo 8, 2017, media noche

Nicaragua es uno de los países con mayor desigualdad y pobreza en la región, legado histórico que siempre ha suscitado un amplio rechazo. Como en otras experiencias la única manera de romper esa dependencia es a través de un crecimiento económico cuyos beneficios se distribuyan a todos los factores de producción. Sin embargo, se tiene el sentimiento que los beneficios del crecimiento en el país siguen patrones regresivos y empobrecedores que se originan en instituciones excluyentes que han subsistido a los diferentes regímenes políticos. Entre estos están las faltas de oportunidades educativas y de buena calidad que en última instancia significan desiguales acervos de capital humano. El producto interno bruto es el retorno al acervo de capital en un país tanto humano como físico. 

Las investigaciones económicas han comprobado que un tercio del ingreso per cápita se debe a la educación en sí y otro tercio a la rentabilidad social de la educación. Si los incentivos fiscales y crediticios favorecen a la educación terciaria que exhibe la menor rentabilidad social comparada con la primaria y la secundaria se infiere que este es un mecanismo de exclusión e imprime regresividad en la redistribución del ingreso.

Uno de los estudios más completo para Nicaragua, sobre la productividad y sus fuentes de crecimiento se realizó por el Banco Mundial. No es un trabajo reciente pero las relaciones estructurales e institucionales que se analizan podrían ser la base para una reforma económica que eleve el crecimiento del ingreso per cápita a 7% o más y en contexto inclusivo. El estudio demuestra que las fluctuaciones, más bien, colapsos económicos se deben a caídas de la productividad promedio (productividad de todos los factores) y a la destrucción del acervo del capital por terremotos físicos y políticos.

Uno de los resultados interesantes es que dichas fluctuaciones son explicadas por factores como las crisis bancarias, la infraestructura física y la educación. El estudio explora la posibilidad de aumentar el ingreso per cápita a 7% anual, a cuyo efecto simula pronósticos con el uso de indicadores que son propios de las reformas estructurales.

La predicción de este mayor crecimiento depende de la infraestructura, en especial el transporte, así como de la educación –primaria y secundaria- y de la profundización financiera, esto es del crédito de largo plazo para la inversión. 

Este escenario le presenta un dilema a la política económica. Una reforma estructural que priorice factores como la educación, la infraestructura física y el crédito de largo plazo pondría al país en una trayectoria de convergencia con Costa Rica y Panamá. La alternativa de mantener el actual patrón de crecimiento haría muy difícil el logro de esa convergencia, amén que contiene muchos elementos de exclusión social.

Actualmente, el país mantiene aumentos razonables del ingreso per cápita (un 3%) pero sin avances a nivel regional. Simplemente nos nivelamos con Haití y con la complicación de ser excluyente. Por ejemplo, si el crecimiento proviene de la minería, del sector financiero corto-placista, del turismo, del comercio o de productos agrícolas tecnificados es casi seguro que el resultado es un crecimiento con beneficios sesgados que aumentan la desigualdad y la pobreza. Esto es debido a que estos sectores concentran la distribución del ingreso y generan poco empleo adicional. El gasto público se ve presionado por los sectores excluídos para que compense ese sesgo con programas sociales. Esta es una situación donde carece de sentido buscar culpables, es el resultado de un legado histórico. Lo que sí es obvio es el fracaso de los sucesivos gobiernos para diseñar estrategias que ofrezcan una solución.

En este sentido, Funides presentó en 2012 un análisis sobre el impacto de los programas sociales en el país. Mediante el uso de técnicas de análisis de redistribución del ingreso (curva de Lorenz) demostró que el impacto de dichos programas estaba sesgado hacia la población no pobre evidenciando el efecto de los mecanismos de exclusión que, a la larga, han originado el Estado clientelista o corporativo. Es decir la política económica tiende a favorecer clientela política y partidaria en vez de servir a los planteamientos sociales de amplia cobertura. El proceso político son simples partidos de cuadros.

El análisis precedente enfatiza que hay fuentes del crecimiento  de la productividad que podrían conducir a un aumento mucho mayor del ingreso per cápita con inclusión social y complementado en el corto plazo con programas de seguridad social.  También evidencia que los programas de reducción de la pobreza deben ser multi-dimensionales, con base en criterios de productividad donde el ingreso o el consumo  son una variable entre otras. 

Entre los economistas existe un acuerdo generalizado que consiste en darle mayor valor a una unidad del ingreso de los pobres comparado con el ingreso de los ricos. Otros pensadores como John Rawls, desde el campo de la filosofía y de la ética,  han desarrollado argumentos que reflejan un mayor grado de aversión a la desigualdad. Estas fallas del sistema de mercado deberían compensarse con intervenciones inteligentes de parte del Estado.

Sin embargo, los retrocesos del país en indicadores como el de transparencia, costo de hacer transacciones económicas, competitividad, progreso social y corrupción son un síndrome de las fallas del Estado en proporcionar las políticas que conduzcan a una mayor eficiencia económica con equidad social. 

En un curioso melodrama hollywoodense, El Príncipe de las Mareas, se expone el poder catártico del análisis del pasado. En el país tenemos que comprender que para seguir en el camino hay que quebrar con el pasado.

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