• Oct. 2, 2017, media noche

El área de las políticas públicas es un proceso complejo en la toma de decisiones. El análisis se refiere a las decisiones públicas por lo que excluye cuestiones privadas como la actividad económica rutinaria. En este contexto emergen los requerimientos de planificación propios en un sistema de mercado.

Dado que las políticas públicas administran recursos económicos escasos resulta relevante distinguir beneficios y costos y aquí reside la relevancia del análisis microeconómico. Al tomar una decisión relativa a un programa o proyecto hay que distinguir cuatro fases: 1) identificación de impactos relevantes; 2) monetización de dichos impactos; 3) descontar dichos impactos debido al riesgo; 4) la selección del proyecto o programa dependiendo del análisis beneficio-costo.

El primer punto identifica qué grupos son afectados por los costos y cuáles otros por los beneficios. En la actualidad se observa el problema de comparar preferencias cruzadas, por ejemplo, si se aumenta el salario mínimo, por lo general se toma en cuenta el beneficio para los sindicatos pero no el costo para los que no están sindicalizados o permanecen en la informalidad. Claramente, esta es una decisión sesgada y arbitraria, una demostración de interferencias monopolísticas y gubernamentales. La eficiencia requeriría del análisis beneficio-costo, y ver si hay un beneficio neto para la economía.

Esto lleva a la monetización de los impactos y cubre tanto los costos como los beneficios. Se distinguen dos conceptos interrelacionados que son el costo de oportunidad de los recursos (los costos económicos), y la voluntad de pago (los beneficios). Costo de oportunidad en economía es el precio del recurso en su mejor empleo alternativo socialmente considerado, esto sería el precio en un mercado competitivo. La valoración de costos y beneficios depende de la estructura de mercados. Hay tres situaciones: 1) el mercado de los recursos es eficiente y el costo no tiene ningún efecto en el precio (mercados competitivos); 2) el mercado es eficiente pero el uso de los recursos afecta el precio (mercados monopolísticos); 3) el mercado es ineficiente (mercados distorsionados o fallidos). 

El caso más complicado está en los mercados ineficientes o fallidos. En estos mercados, el precio difiere del costo marginal resultando en una asignación ineficiente de los recursos y se debe, entre otros factores, a fallos de mercado (externalidades, mercados ausentes, asimetrías de información o existencia de bienes públicos), a intervenciones de Gobierno (impuestos, subsidios, precios máximos o mínimos). Todos estos factores complican la estimación del costo de oportunidad de los recursos. Por ejemplo, el salario de los maestros, de las enfermeras y médicos en el sector público subestima lo que estos profesionales ganarían en el sector privado, subestiman su costo de oportunidad, con el resultado de quejas constantes y hasta de riesgo en el tratamiento de los pacientes o alumnos, con la consiguiente ineficiencia del sistema.

En el caso de los beneficios, la valoración de resultados depende de la voluntad de pago. Los beneficios son el monto máximo que las personas están dispuestas a pagar para obtener un producto o servicio que consideran deseable. Cuando se estaba evaluando el programa de limpieza del Xolotlán se realizó una encuesta entre la población beneficiaria respecto a cuánto estarían dispuestos a pagar por los beneficios del programa, esto es un ejemplo de la voluntad de pago; alternativamente, los beneficios también se miden respecto al monto máximo que las personas están dispuestas a pagar para evitar un producto o servicios que consideran indeseable. Sería interesante una encuesta para captar cuánto las personas están dispuestas a pagar para evitar la ausencia de agua durante el día.

Las decisiones de política, por lo general, se extienden al futuro. El concepto de valor presente neto proporciona el enfoque utilizado para las situaciones de riesgo. El precio que se utiliza es lo que se llama la tasa de preferencia social en el tiempo, es decir la tasa a la que cada individuo es indiferente entre consumir ahora o ahorrar–consumir en el futuro. Por ejemplo, si las personas fueran indiferentes entre sacrificar una unidad de consumo presente por 1.06 unidades el próximo año, su tasa de preferencia es de 0.06 o 6%. Si el mercado fuera competitivo, la tasa social de preferencia sería igual a la tasa de interés del mercado o sea la tasa que equilibra la oferta y demanda de crédito.

Para ver por qué ambas tasas deben ser iguales (en un mercado competitivo), considere lo que pasaría si la preferencia en el tiempo fuera menor que la tasa de interés, por ejemplo si fuera de 0.06 comparado con una tasa de mercado de 0.08. En este caso, al aumentar el ahorro se obtiene 0.08 que excede al 0.06 y al continuar trasladando consumo al futuro su tasa de preferencia tendría que bajar hasta nivelarse en 0.06 restableciendo el equilibrio entre consumo presente y futuro. Al contrario, si la tasa de preferencia en el tiempo fuera mayor que la del mercado la persona estaría mejor aumentando su consumo presente, hasta que su tasa de preferencia haya caído al nivel de la tasa de interés del mercado. Esta última situación podría explicar los bajos niveles de ahorro interno en el país donde la magnitud del consumo refleja las bajas tasas pasivas de los bancos además de la incertidumbre del futuro.

Al hablar de la tasa del mercado se asume un mercado de capitales muy competitivo, pero la realidad es muy distinta. El mercado de crédito está lleno de restricciones y distorsiones, así que habría que escoger cuál tasa es la del mercado si la que afecta el consumo o la que afecta la inversión. Cuál debería ser interpretada como la tasa de preferencia en el tiempo, y la respuesta se da en términos del costo de oportunidad. Si se financia con crédito que iría al consumo sería la tasa de descuento del consumo, si se financia sacrificando inversión privada sería la rentabilidad de la inversión.

Hay una complicación adicional. Como nadie conoce el futuro hay que utilizar probabilidades en la estimación de beneficios y costos trasladando el problema al campo de la Teoría de la Decisión. Por otro lado, solo hemos considerado políticas aisladas. Sin embargo, la regla general implica escoger entre políticas múltiples que se pueden complementar o interferir. La regla sería maximizar el beneficio neto del paquete de políticas. Cuando Nicaragua accedió al Programa HIPC, el Banco Mundial utilizó un estudio sobre la función de producción del país que incorporaba el paquete de políticas de reconstrucción post-Mitch. El crecimiento económico y la reducción de la pobreza respondieron tal como estaba previsto, desafortunadamente esa estrategia se abandonó al igual que la del Reto del Milenio. Por eso muchos economistas argumentan que las políticas gubernamentales pueden tanto acelerar el crecimiento como retardarlo. 

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