• Ago. 29, 2008, 12:12 p.m.
Como fumador, conozco perfectamente los perjuicios que esa adicción  socialmente aceptable acarrea a la salud, sin embargo, el  gobierno, ante la adicción al tabaquismo me propone la discriminación social y el peso de una   carga impositiva tremenda a aquellos que tenemos esta adicción.

Digamos que  la solución para nuestro problema  pasa por la discriminación  social y la   carga impositiva al consumo de tabaco. La discriminación social se da cuando el fumador es sometido a prohibiciones de fumar en determinados lugares públicos y privados mediante leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas.

Sin embargo, cuando se trata de adicciones relacionadas a drogas  ilegales, la propuesta del actual gobierno es hacerlas socialmente aceptables mediante la despenalización del consumo y tenencia, tema del que no opinamos porque no somos especialistas.

Pero ante este proyecto de despenalización, en cualquier café de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los fumadores somos tratados como lacras, que no son aceptados por el hecho de ser fumadores, tranquilamente un adicto a la cocaína podrá sentarse a tomar un cafecito y jalar una raya de cocaína. Sin que ello implique delito, ni condena social.

El fumar, es reconocido mundialmente como un adicto en pie de igualdad con cualquier otra adicción, sea acostato socialmente aceptable o no.

Por lo que cuando el fumador adquiere tabaco (elemento adictivo)  mediante la acción de compra venta  debe pagar impuestos para sostener su adicción y el Estado Nacional, como método de presión le impone una carga impositiva importante con la finalidad de  desalentar su consumo.

El adicto a sustancias hoy prohibidas, al momento de adquirir su  porción de cocaína, marihuana, paco, LSD u otras sustancias sintáticas, también ejerce un acto de  compra venta,  al cual el estado nacional no le impondrá ninguna carga impositiva, ni al comprador ni al vendedor. Por lo que el concepto de imponer una gravosa carga impositiva para desalentar el consumo en estos casos será sustituida por una excepción impositiva de hecho tanto para el comprador como para el vendedor.

Digamos entonces, que si ambos somos adictos  y el Estado Nacional  desea legalizar el consumo de drogas para adictos socialmente no  aceptadas, comprendemos que también deberá legalizar  y regular la venta de dichos estupefacientes y aplicar una carga impositiva  similar al que debemos soportar hoy los adictos al tabaco, e imponer las mismas restricciones de consumo público.

De no hacerlo, estará generando una discriminación notoria e incomprensible entre los adictos al tabaco en favor de los adictos a los estupefacientes que estará permitiendo de el ejercicio del comercio por fuera de las normas que regula la actividad de compra venta de mercancías y aceptando la presencia de un mercado negro al cual  no se le impone una carga impositiva, ni regulación en cuanto a calidad, fraccionamiento, etc.

Por eso, como adictos al tabaco, pedimos la igualdad ante la ley  para todos aquellos que posean adicciones, bajo las mismas reglas, con la misma carga impositiva y bajo las mismas normas que regulan el ejercicio del acto de compra venta.

El autor pertenece al Grupo Mapuen

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