• Oct. 15, 2008, 9:42 a.m.
Desde hace algunos meses el derecho penal en Nicaragua ha adquirido un exponencial protagonismo. Un breve vistazo a los medios de comunicación arroja un altísimo porcentaje de noticias relacionadas en mayor o menor medida con Tribunales, jueces, delitos, policía, fiscalía, política, artículos de opinión, etc. Estos hechos tienen como telón de fondo ni más ni menos que la entrada en vigencia de un nuevo código penal, es decir, la  segunda ley en importancia de un país dado los intereses que afecta, precedida únicamente por la Constitución que a su vez complementa y afecta directamente a aquélla. Por lo tanto, en el actual escenario legislativo nicaragüense, lo contrario, o sea, el defecto, el mutismo o indiferencia, sería como mínimo preocupante y calificar alguno de esos hechos como una moda es simplificar y trivializar algo tan trascendental.

Sobre este contexto me referiré a algunas cuestiones en cuanto la interpretación del derecho penal se refiere. Si bien es cierto, se acusa al respecto una abundancia de artículos de opinión en los medios periodísticos, los cuales, como ya ha sido señalado por alguien más, muchos son ilustrativos, pero muchos otros son desafortunados. Que ello sea bueno o malo es discutible.

Por mi parte, me inclino por el exceso, quizás porque prefiero los debates de ideas antes que a los monólogos, aunque claro está son preferibles las ideas informadas y fundamentadas a otras que pueden rayar en la imprudencia sino es que en el dolo eventual. Argumento con un ejemplo mi postura: en la coyuntura de la aprobación de la disposición derogatoria del artículo 165 sobre el aborto terapéutico, se echo mucho en falta una participación activa mediante análisis jurídicos, informes técnicos y artículos de opinión de juristas, asociaciones jurídicas, alguna de las más de veinte facultades de derecho existentes en el país, o alguno de sus profesores (por ejemplo Conader, la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales o el grupo Pro Justicia), ausencia contrastada con la clara y manifiesta posición de los profesionales del sector médico como aludidos directos.

La verdad, que sobre ese tema se ha opinado desde todos los sectores a excepción del sector jurídico-académico (salvo honrosas excepciones). Cómo cuesta deja de ser política o convenientemente correcto y comprometerse con algunos temas.

La discutible calidad de recientes artículos de opinión referentes al derecho penal, creo debe ser interpretado como un botón de muestra de lo que es o ha sido en nuestro país el binomio enseñanza-estudio de la disciplina del derecho penal. Salvo error u omisión de mi parte, que en todo caso sería otra honrosa excepción, el estudio del derecho penal se ha hecho siguiendo un método eminentemente positivista descriptivo o conceptual y carente de sistemática, teniendo como único referente de estudio la norma penal sin ninguna o mínima referencia doctrinal y jurisprudencial, considerando a la ley como verdad absoluta e irrebatible, en definitiva un análisis ausente de contenido crítico en la interpretación y aplicación del derecho vigente en la realidad social. Se ha de celebrar todo cambio que últimamente se haya hecho en sentido contrario.

La falta de sistemática y coherencia en la interpretación de los fenómenos jurídico penales es un vicio de gran importancia. Porque la sistemática obliga a interpretar y aplicar  las normas en coherencia y armonía con el resto del sistema jurídico, pero principalmente con la Constitución, la cual erige los principios del orden jurídico. Una errada interpretación lleva a entrar en patentes contradicciones que a su vez pueden derivar en posiciones propias de un período previo al siglo de la ilustración (S. XVIII).

Así por ejemplo, es contradictorio afirmar por un lado que el nuevo código penal es garantista y a su vez decir que éste incrementa los delitos con penas privativas de libertad por lo que será necesario crear más centros penitenciarios porque con la entrada e vigencia de la nueva norma habrá más privados de libertad. Afirmar que un código penal es garantista, es afirmar que esta norma regula y pone claros límites al Estado en contra de su facultad de castigar penalmente y en favor de las libertades y garantías individuales de aquéllos a quienes va dirigido ese castigo. Aquí resulta ilustrativa, y por ello lugar común, la frase dicha hace más de un siglo atrás por Von Liszt: “el derecho penal es la carta magna del delincuente”.
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