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Estoy segura que la viuda y
el pequeño hijo del periodista Julio César Padilla preferirían hoy que su vida
transcurriera igual como lo fue hasta la noche del viernes nueve de marzo,
cuando el hombre que conducía una camioneta, bajo efectos del licor, chocó
contra el vehículo del profesional de la información y le propovó la muerte.
Ella tendría a su lado a su
compañero, después de cada jornada de trabajo, su apoyo económico, el padre de
su bebé. El niño tendría a su padre, una figura insustituible en la familia.
Pero ambos sólo tienen una
tumba a la que probablemente van a enflorar con frecuencia y el consuelo de
saber que al menos el responsable de la muerte temprana de Padilla, a los 37
años, se declaró culpable. Aunque quizá no lo sienta, sino que lo hace para
recibir la pena mínima por homicidio culposo, un beneficio que contempla la
ley.
Y allí viene lo difícil de
la ley. La pena mínima que podría recibir el autor de la muerte del colega
sería de un año de prisión, perfectamente conmutable por un arresto domiciliar.
Es decir, nada comparable con la idea de justicia que a todos nos gustaría ver
aplicada.
Más allá de las
repercusiones que esto pueda traer, hay que analizar más a fondo. Valga decir
que los crímenes horrendos, no accidentes, que son castigados con la pena
capital –de muerte-- en países diversos, no han disminuido por la aplicación de
tan radical sanción.
En Guatemala, único país de
Centroamérica que esporádicamente aplica la pena de muerte, el fenómeno de las
“maras” tiene “contra la pared” a autoridades y ciudadanos, por cuanto la ola
de crímenes espantosos, incluyendo feminicidios, va en aumento.
De nada entonces ha servido
que la ley se endureciera, si las causas del fenómeno de las pandillas no ha
sido atacado en su raíz.
Aunque el homicidio culposo
de ninguna manera se puede comparar con las decapitaciones, descuartizamientos
y crímenes masivos que se cometen en Guatemala, la lógica dice que debería
haber un castigo más fuerte, si una persona conduce totalmente sin control, por
efectos del licor, pues está cometiendo una negligencia que puede costarle la
vida a uno o más ciudadanos.
Claro, peor aún si la
víctima de un conductor ebrio es nuestro ser querido, nuestro amigo, nuestro
compañero. Pero créanme, si me dan a escoger entre poner en prisión a una
persona durante cinco o más años, y tener con vida a la persona que tanto
significaba para mí, me quedo con la segunda opción.
Es decir, yo no creo que
estableciendo penas más prolongadas para personas que provocaron una o más
muertes en accidente de tránsito, se logre reducir el número de desgracias que
ocurren en la vía.
Cuando hay operativos
policiales por una situación X, llámese elecciones, feriados, temporada navideña,
Semana Santa, la presencia de
Y sobre todo, la presencia
de
Cuando un conductor sabe que
a lo largo de las calles y avenidas, carreteras y caminos hay autoridades que
lo detendrán si lo pillan al volante y con un alto grado de alcohol en la
sangre, sólo tiene dos alternativas: Evitar embriagarse o esperar el día
siguiente, cuando ya el cuerpo ha superado los estragos de su borrachera.
Por eso estoy convencida de
que si los diputados legisltaran para que
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