• Jun. 5, 2009, 11:41 a.m.
El primero de junio asumió la presidencia de El Salvador por el revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, el periodista Mauricio Funes, y el profesor Salvador Sánchez Cerén, dirigente magisterial y guerrillero del FMLN. El país, el menos extenso de la región (9.7% de Centroamérica) con siete millones de habitantes (18% de la población de C.A), su principal rubro de exportación es su gente, la cual, principalmente desde Estados Unidos, envía remesas familiares por casi 4 mil millones de dólares (18% del PIB). Su dolarizada economía es la tercera de la región después de Guatemala y Costa Rica. Su posición en el Índice de Desarrollo Humano entre 177 países del mundo es la 103, por encima de Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Dos son los problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno, y fueron anunciados a su manera por los dos candidatos que polarizaron finalmente la elección durante la campaña: a) la persistente violencia criminal e inseguridad ciudadana, b) la crisis económica que se agudiza durante el último año sumada a los críticos problemas internos de exclusión y desigualdad socioeconómica. El déficit de las finanzas públicas, según el nuevo gobierno, asciende a 5.4% (1,200 millones de dólares) cuyo hueco, en parte por el exceso de gastos de la administración anterior durante el año electoral, la caída del PIB, la reducción del empleo, la baja en las recaudaciones tributarias y la reducción de remeses, requerirá medidas urgentes.

No son por lo tanto, desde el contexto económico, estos años favorables para la nueva administración gubernamental. Los pasados dos gobiernos de ARENA fracasaron en la lucha contra la delincuencia, los programas de “mano dura”, “más mano dura” y “super mano dura” demostraron ser ineficaces, las detenciones y redadas aumentaron, se ha criminalizado la pobreza y estigmatizado ciertos comportamientos; los daños de la violencia continúan en ascenso y las causalidades permanecen sin ser tocadas. Hoy, El Salvador tiene la mayor tasa de homicidios de Centroamérica (el indicador más confiables utilizado para medir la gravedad de la violencia criminal, por cuanto tiene menor cifra oscura y afecta el bien más preciado, la vida) y una de las tres más altas de Latinoamérica, que es a su vez la región más desigual y con mayor violencia delictiva entre las regiones del mundo.

La desiguladad observó un pequeño descenso en 2008, pero volvió a subir a fines del año y continúa ese ritmo de ascenso en 2009. Si esa tendencia se mantiene, la tasa será cercana a 60 x 100 mil habitantes. En el 2007, a pesar que la cantidad de muertes violentas, disminuyó cuantitativamente en 11%, la tasa aumentó (60 x 100 mil h), porque el censo poblacional redujo en más de medio millón la población estimada en el país. En el 2008 murieron por la violencia delictiva 3,179 personas (55 x 100 mil h.), el promedio de los últimos seis años fue de 2,956 víctimas anuales (cuatro veces más que en Nicaragua). Entre 2003 y 2008 la tasa subió en 51%. Según el “Estado de la Región” (septiembre 2008), el 78% de las muertes son provocadas por armas de fuego. Los 86% de los salvadoreños perciben que la inseguridad es el principal problema del país.

Las maras o pandillas tienen en El Salvador, junto a Honduras y Guatemala, la expresión más crítica en la región; controlan pequeños territorios urbanos, siembran el terror, demandan “peaje” a transportistas, comerciantes y pobladores, provocan graves delitos y alteraciones a la seguridad pública. El complejo problema social se agudiza con el incremento de las deportaciones de Estados Unidos y las limitadas opciones que se ofrecen a la juventud.

A pesar de ello, la Policía Nacional Civil (1 policía x cada 360 habitantes, fundada en 1993), es una de las instituciones con mayor credibilidad social; tiene la fortaleza de contar con alto nivel de profesionalización (por encima de la media centroamericana); puede ser un instrumento útil que, adecuadamente enfocada dentro de una nueva visión estatal preventiva, proactiva e integral, podría contribuir a mejorar los niveles de seguridad. Las soluciones, está demostrado, no son exclusivamente “policíacas” ni coercitivas, hacerlo desgasta la credibilidad institucional y agrava el problema social engendrando más violencia.

El sistema de justicia penal no se da abasto y se muestra ineficaz. El complejo abordaje del fenómeno, cuyas características, origen y magnitud es diferente al nicaragüense y menos grave que el guatemalteco (por cuanto las instituciones conservan mejor su capacidad de reacción en un ambiente de mayor gobernabilidad), requiere políticas públicas con visión social, incluyentes y descentralizadas. La legítima capacidad represiva del Estado debe articularse con amplios y urgentes programas sociales, información social y promoción de la solidaridad y la cooperación comunitaria y regional.

El Salvador de Claudia Lars, poetisa de América y de Roque Dalton, quien labró en su muerte sus versos, ambos lo más representativo de la poesía y la esperanza de un pueblo hermano y cercano, integrado por gente trabajadora y emprendedora, merece una nueva oportunidad de seguridad y justicia social. Quizás ha comenzado esa oportunidad ahora. Veremos si la historia confirma que fue aprovechada o desperdiciada…
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