• Jul. 8, 2009, 3:58 p.m.
Las ambiciones reeleccionistas del Presidente de Honduras Manuel Zelaya le condujeron a cometer graves ilegalidades, incluyendo la violación de la propia Constitución Política del país, que juró respetar al asumir su cargo. Si a eso le sumamos los graves errores de procedimiento en que incurrieron sus adversarios políticos para expulsarlo de su cargo y del país, tenemos a la hermana República de Honduras sumida en un verdadero laberinto jurídico e institucional, del que no se ve clara la salida.

La consulta que el Presidente Zelaya pretendía llevar a cabo el domingo 28 de junio, no obstante las advertencias sobre su ilegalidad que le hicieron en su momento el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, representaba una abierta violación a disposiciones muy claras de la Constitución Política hondureña.

Pareciera que en Honduras la experiencia de los funestos resultados que la reelección presidencial trajo al país en el pasado llevaron al Poder Constituyente a introducir en la Carta Magna del país una serie de singulares prohibiciones como para que nunca más se dieran intentos reeleccionistas.

Efectivamente, el artículo 4 de la Constitución establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”. A su vez, el artículo 42 de la Constitución establece que se pierde la calidad de ciudadano “por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. El artículo 239 prescribe que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años...” Incluso, otro artículo de la misma Constitución, el 374, señala que los artículos que prohíben la reelección presidencial no podrán reformarse. Veamos: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.

Las propuestas del Presidente Zelaya, referente a la “encuesta” y la “cuarta urna”, encaminadas a crear una corriente de opinión ciudadana en favor de una Constituyente, fueron percibidas por los otros Poderes del Estado y, aparentemente, por la mayoría de la población, como intentos reeleccionistas del Presidente y contrarias a la letra y el espíritu de la Constitución vigente. La “encuesta” fue declarada ilegal por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, esos Poderes del Estado que se oponían a la pretensión reeleccionista del Presidente Zelaya debieron de hacerle, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, un juicio por su desacato, que culminara con la comprobación de las violaciones legales y constitucionales y su sustitución por el Congreso Nacional de los Diputados.

Precipitadamente, los adversarios de Zelaya se valieron de la sentencia de un juez para involucrar al Ejército en la ejecución de la misma y sacar al Presidente de su casa en ropa de dormir y desterrarlo a Costa Rica. En esto se equivocaron rotundamente y empañaron la rectitud de su propósito: hacer que el Presidente respetara la Constitución Política. La consecuencia ha sido el rechazo casi universal a una medida que de inmediato fue calificada como “golpe de Estado” y trajo reminiscencias de las épocas más oscuras de la historia política latinoamericana, cuando los cuartelazos militares ponían o destituían a los presidentes civiles.

No debe, entonces, extrañar el repudio de la comunidad internacional, donde este error garrafal de los defensores de la institucionalidad democrática y del orden constitucional les hizo pasar a ser los villanos y el Presidente Zelaya, responsable del clima que condujo a estos hechos, la víctima.

De lo que se trata ahora es de ofrecer una mediación inteligente para encontrar un camino que permita salir del laberinto en que se encuentra el hermano país. Esta mediación le correspondería a la OEA. Restituir a Zelaya en la presidencia puede ser misión imposible, aun con la intervención de la OEA. Quizás convendría más bien examinar, como una posibilidad, que el Congreso de Honduras, con el número de votos indispensables, acuerde reformar la Constitución para, por esta vez, recortar el período presidencial de Zelaya y convocar a elecciones presidenciales en un par de meses. Tal vez así pueda superarse la crisis y encontrar la salida al laberinto en que unos y otros sumieron al hermano país y de cuyas consecuencias todos son responsables.
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