• Oct. 17, 2009, 5:42 p.m.
Para que los partidarios de la tiranía se tornen amigos locos de la libertad, no hay más que encarcelarlos. Jouy

Por disposición constitucional, en todos los países democráticos la libertad de prensa faculta a escritores, periodistas y editores a poder criticar sin censura al gobierno. No hay que olvidar, sin embargo, que la humanidad consolida el progreso material y espiritual de la sociedad sólo en la medida que los derechos formales adquieren contenido concreto. Lo que lleva a orientar la libertad de prensa hacia una práctica realmente efectiva, sobre bases económicas colectivas que garanticen un acceso aún más democrático de los ciudadanos a los medios de expresión.

Cuando los intereses burocráticos dan prioridad, en cambio, a la consolidación de un régimen político autoritario, el concepto mismo de libertad de prensa –quizás antes que el resto de libertades- se restringe y retrocede, con argumentos de mala muerte que identifican toda crítica al gobierno con una conspiración contra la nación. Un partido absolutista en el poder, en lugar de debatir ideológicamente, como cualquiera, en defensa de su programa y de su gestión, asume, por principio burocrático, que toda crítica ciudadana al gobierno sea un acto de insurrección que se deba reprimir.

En este sentido, en un foro reciente de periodistas partidarios del gobierno actual, realizado en el auditorio de la UNI, el 7 de septiembre pasado, uno de los organizadores, Aldo Díaz, agitando con énfasis las manos, con la efusión solemne de un predicador, reclamaba en voz alta a los asistentes por no ser capaces de exprimirse las neuronas, para encontrar algo similar a la regulación del espectro radioeléctrico, con el fin de controlar a la prensa escrita. Este llamado a la censura en abstracto, como si fuese un principio de gobierno fuera de la ley constitucional, es una invocación despótica de una burocracia reaccionaria autónoma (que no alcanza, siquiera, la coherencia ideológica del fascismo, cuya estrategia absolutista, consistente con el capitalismo en crisis, se apoya en la desesperación de una de las tres clases fundamentales de la sociedad moderna).

Así, en lugar que en el foro tomase la palabra un dirigente político que analizara las reivindicaciones propias del gremio, o que presentara un programa de participación activa de la población en la transformación consciente de la realidad económica, ante un núcleo de periodistas urgidos por trabajar en su profesión, que aspiran, en consecuencia, a informar, a investigar o a combatir ideológicamente a favor de un proyecto creíble de superación social y de desarrollo económico, se presenta, en cambio, como orador principal, un agente del absolutismo, que expone con rimbombancia, como si hubiese descubierto una consigna capaz de entusiasmar al gremio, la idea burocrática ramplona de coartar la libertad de expresión con una formalidad técnica.

La idea de organizar el foro de periodistas nace, entonces, de una visión burócrata, cuasi medieval, que concibe a los profesionales del periodismo, únicamente, como miembros de un cuerpo represivo que ciegamente trabaja para el poder absoluto.

Para comprender a cabalidad la exhortación de Díaz, hay que recordar que con la amenaza de retirar la licencia de concesión de la frecuencia radioeléctrica (que el Ente Regulador de Comunicaciones concede en una banda definida a una emisora o a una empresa de televisión), este gobierno ha conseguido cerrar con facilidad la casi totalidad de espacios noticiosos de televisión, críticos a su gestión.

Toda regulación, hasta la más inocente, como dirigir el tráfico vehicular, para un burócrata puede convertirse en una fuente de represión, o de apoyo a la impunidad del poder político absoluto. Así, el expositor cree que con la argucia burocrática de controlar la divulgación, en este caso, de los temas sensibles para el gobierno (como se controla la asignación de frecuencias electromagnéticas), se podría censurar la prensa escrita y ocultar, a la vez, el carácter bonapartista del modelo de gobierno. La carencia ideológica para justificar la represión burocrática se suple, sin más imaginación, con una norma administrativa. Es tan sonso, como creer que oculta su naturaleza felina un gato si calza guantes cada vez que caza ratones.

La libertad de prensa es una conquista que se entrelaza dialécticamente con la lucha progresiva de la humanidad. A medida que el género humano avanza en la difusión del conocimiento y de la tecnología, alcanza un mayor dominio sobre la naturaleza y hace posible llegar a abolir toda forma de opresión y de explotación. De ahí, que la libertad de expresión debe ser algo más que un derecho abstracto, puramente pasivo. Para convertirlo en algo concreto, los ciudadanos deberán tener libre acceso a los medios de difusión, a las rotativas de prensa, a los transmisores de radio y de televisión, etc., en proporción a su fuerza organizada, para apoderarse de la cultura administrativa necesaria con la cual ejercer un control sobre la planificación de la producción y la distribución de riquezas. Lo que sólo es posible si la estructura política da un salto cualitativo hacia adelante, de modo que prevalezcan los intereses colectivos en la sociedad.

Para caracterizar, aunque sea superficialmente, los intereses de las fuerzas en el poder que amenazan restringir la libertad de prensa, es interesante leer lo que escribía en abril del año 2000, en el número 217 de la revista ENVÍO, un señor de apellido Grigsby, también organizador del foro de periodistas afines al gobierno, del pasado 7 de septiembre.

“En lugar de hacer oposición, la dirigencia política del FSLN lo que ha hecho es un cogobierno con el somocismo y, en lugar de defender los intereses populares, ha pactado para defender sus intereses personales. La actual dirigencia del FSLN no tiene derecho a manejar el Frente como si fuera una empresa privada y ellos la junta de accionistas. De nada nos sirve que el FSLN alcance el poder si lo que va a hacer es administrar las políticas neoliberales, aunque lo haga poniendo más énfasis sociales. No nos servirá de nada llegar al poder con el 35% de los votos -como Daniel Ortega acordó en el pacto con Arnoldo Alemán-, porque aun si ganáramos, tendríamos únicamente el respaldo de la tercera parte de la ciudadanía, lo que hace casi imposible emprender cambios estructurales. Nuestra táctica es hoy disputarle la hegemonía política a la burguesía, que se ha apoderado de la dirección del Frente Sandinista, recuperar el control del Frente Sandinista para que la hegemonía sea revolucionaria, popular.”

¿Cómo se explica que con la mayor naturalidad este señor pueda organizar, ahora, un foro que apoya a la misma dirección política que antes denunciaba de somocista; y que condene su propia táctica como obra de la conspiración imperialista? Este hecho es parte de la inmadurez política del país, donde no hay una formación básica de constituir partidos políticos con fundamento en la definición de principios teóricos. Los partidarios de estos movimientos ambiguos pasan a voluntad de una posición política a una posición contraria, y viceversa, según el sentido de la oportunidad personal, sin tropezar con el obstáculo insuperable de la debida coherencia teórica. Esto facilita que cualquier fuerza corrupta, carente de ideología y de carácter social, pueda apoderarse de las estructuras de poder de la nación por acuerdos de cúpulas, e improvise discursos reaccionarios incoherentes sin chocar con tradiciones programáticas progresistas, ni con el rechazo activo de organizaciones de masas con un mínimo de conciencia de clase.

Hoy es necesario defender cada resquicio de libertad formal ante la amenaza absolutista del partido en el gobierno, precisamente, para ir construyendo, a partir de esa defensa (en particular, de la libertad de prensa), la capacidad organizativa y la conciencia necesaria que desarrolle las bases objetivas, incluso, culturales, de una sociedad progresiva más libre (que ponga los medios de expresión al alcance de los ciudadanos organizados).

*Ingeniero Eléctrico
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