• Oct. 29, 2009, 10:18 a.m.
Como recién egresada de la Carrera de Derecho, me resulta sorprendente la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. El 19 de octubre pasará a la historia como el día en el que, una vez más, se sepulta el Estado de Derecho, que no es más que el sometimiento, limitación y control del Estado a la Constitución Política y a las leyes, el imperio del Derecho debe ser su finalidad sustancial. Comentando brevemente sobre nuestra historia constitucional, Nicaragua ha tenido trece Asambleas Constituyentes y se registran sólo cuatro “Constituciones Tipos”, el resto son prácticamente iguales, dejando en evidencia que las Asambleas Constituyentes no tenían un interés de reformar el Estado y crear nuevas instituciones, sino simplemente favorecer intereses particulares y de grupos.

Por ende, seguimos viendo que la historia se sigue repitiendo, sólo que ahora no se hizo por la vía correspondiente, declarar inaplicable el Artículo 147 de la Constitución por sentencia proveniente de un Recurso de Amparo, es totalmente absurdo, la Constitución misma señala en su artículo 191 que el órgano facultado para reformarla parcialmente es la Asamblea Nacional y también para conocer y resolver sobre la iniciativa de la reforma total de la misma y eso a través de una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema de Justicia no puede declarar de institucional la misma Constitución, no puede reformarla, ya que esta supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier otra norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con la norma suprema provocaría la nulidad de la norma inferior.

Además, el objeto que motiva el amparo, en base al art. 23 de la Ley de Amparo y el art.188 de la Constitución, son los actos, disposiciones, resoluciones o bien cualquier acción u omisión de funcionarios, autoridad o agentes que violen o tratan de violar los “Derechos y Garantías consagradas en la Constitución”. El Amparo tiene sus raíces en la necesidad de encontrar un medio jurídico que consagre y respete los derechos establecidos en la misma, es un instrumento legal para ejercer el control del ordenamiento jurídico, de las actuaciones de los funcionarios públicos para mantener y establecer el imperio de nuestra Carta Magna; no por el contrario pisotearla y escupirla al permitir la perpetuidad de un presidente altamente incompetente, incapaz de darle solución a las grandes necesidades de la mayoría de los nicaragüenses; la Constitución Política no le niega el derecho de reelegirse, únicamente lo limita, para así evitar todo tipo de caudillismo, absolutismo, totalitarismo o dictadura.

Esos magistrados, que ahora se ufanan de tener la razón y suponen que lo que hacen es porque el pueblo así lo ha pedido, lo cual no es cierto, deberían tener vergüenza por esas acciones tan descabelladas y esa aberración jurídica, que va a traer consecuencias graves al país, a claras luces vemos que hay una lucha desmedida por el poder, estamos sumidos en grandes intereses hegemónicos, la corrupción abunda por todos lados, nuestro país está sumido en un letargo, requerimos de un poder judicial fuerte y respetado como uno de los poderes fundamentales del Estado cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema no deje de funcionar y la democracia no dé paso a la tiranía.

Es necesario hacer un estudio sumamente minucioso sobre el efecto de esta ilegal reforma Constitucional, debemos comprender que el Ordenamiento Jurídico de nuestro país se encuentra gravemente herido, profundizado por una desmedida ambición de poderes políticos. Es preciso que la Constitución sirva de marco jurídico y que goce de un alto grado de estabilidad en su texto, soportando el paso de sucesivos gobiernos, sin necesidad de estar cambiando su letra. Debemos tener el compromiso de ver a nuestra carta magna con una conciencia Nacional de respeto y de subordinación, donde se gobierne a todos y todas incluyendo los poderes del Estado. Si todos nos sujetamos al imperio de una ley justa y universal estaremos dando paso al establecimiento de un verdadero Estado de Derecho y una sociedad mejor para todos los nicaragüenses.

Y hago un llamado a todos los estudiosos y profesionales del Derecho a enfrentar una dura labor en el campo legal, hay una serie de constantes políticas que nos conviene conocer para mejorar los factores negativos y formular procesos positivos que vayan en pro del desarrollo institucional de Nicaragua.

¡Arriba Nicaragua!

*Egresada de la Carrera de Derecho- UPOLI.
aydasidiana@hotmail.com
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