• Nov. 10, 2009, 9:34 a.m.
El proyecto al que aspiran algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de crear un Consejo Supremo Electoral creíble y garante de unas elecciones limpias y transparentes para los próximos comicios electorales de 2011, es extremadamente difícil. Para realizar este cambio se debe contar con los dos partidos mayoritarios dentro de la Asamblea Nacional y ambos partidos tienen intereses divergentes.

En primer lugar, el orteguismo no tiene la más mínima intención de cambiar el estatus quo dentro de esa institución del Estado, la que le favorece ampliamente. La maquinaria electoral del partido de gobierno busca ganar las elecciones de 2011 de cualquier manera, aunque éstas sean una repetición de las municipales de 2008, con lo cual se aseguraría no sólo la continuidad de Ortega en el poder, sino también ampliaría significativamente la cantidad de diputados con la que contaría la bancada sandinista, hasta lograr una mayoría calificada. Esto les permitiría controlar de una forma total, el único poder del Estado que no está totalmente sometido a su área de influencia, para de esa forma modificar de una manera más legal y legítima la Constitución, aunque la elección quedara en entredicho.

Por otra parte, está el arnoldismo, o el PLC, el otro gran partido dentro de la Asamblea Nacional, cuyos votos serían indispensables para ese cambio. Creo, los liberales únicamente estarían interesados en cambiar la composición del CSE si se garantiza que el candidato en contra del actual Presidente Ortega sea el Dr. Alemán. No veo, sinceramente, al Dr. Alemán utilizando sus votos en el Parlamento para elegir un CSE creíble si no es él, el candidato. Una forma de saber esta disponibilidad sería pedirle al PLC que exija la elección de los nuevos miembros del Consejo antes de realizar las primarias del liberalismo o de la oposición si deciden ir juntos.

La intención de abocarse a la tarea de remozar, de hacer más transparente al CSE, sólo parte de la intención del Dr. Alemán de reelegirse a la Presidencia de la República, ya que está consciente de que a como está estructurado actualmente el poder electoral, no tiene ninguna oportunidad de salir electo en un proceso electoral.

Una de las ventajas de esta situación es que ninguno de los dos grandes partidos dentro de la Asamblea Nacional, el FSLN y el PLC, por sí mismo o con sus aliados puede elegir a ningún funcionario de los otros poderes del Estado. De aquí a junio de 2010 todos los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, Contraloría, Procuraduría de Derechos Humanos y una parte de la Corte Suprema de Justicia, y unos cuantos más, unos antes, otros en ese mes, se les vence su período para el que fueron electos, a excepción del Fiscal y su adjunta que se les vence el período el 27 de marzo del año 2012. Si no hay un acuerdo entre los dos partidos no es posible elegir a esos funcionarios.

Desgraciadamente, la visión que tiene el PLC y en particular el Dr. Alemán, no es de democratizar al país o de devolverle su institucionalidad, lo único que busca es ser electo presidente, pero manteniendo el resto de poderes dentro del pacto ya que en ningún momento se ha planteado la escogencia de personas idóneas para componer las otras instituciones del Estado.

Mucho se habla de elegir a los funcionarios "en combo", o sea, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, los dos grandes partidos votan en una sesión por todos los funcionarios cuyos períodos ya vencieron, por supuesto, negociados previamente. Aquí la disciplina del orteguismo y la supremacía de los intereses personales de la oposición ha hecho que un supuesto pacto de gobernabilidad firmado en 1999, se convirtiera en una repartición de puestos y bancadas que obedecen a los dictados de los partidos políticos dentro de los poderes del Estado y no en un fortalecimiento institucional.

La expiración del período para el que fueron electos la casi totalidad de los funcionarios de alto nivel que son nombrados por la Asamblea Nacional en un período de unos seis meses, le da al país la oportunidad de elegir, sino a personas idóneas, por lo menos a funcionarios menos comprometidos con los partidos políticos dominantes. Sin embargo, todo depende de la actitud que tomen el FSLN y el PLC.

La posición del FSLN es mucho más cómoda, prefiere la situación a como se encuentra, sobre todo una vez resuelto el problema de la reelección continua del Presidente Ortega, todavía sin ser aceptada por algunos partidos políticos. Su mayor preocupación radica en ampliar el número de diputados con los que cuenta para las elecciones de 2012.

Para el PLC es un poco más difícil, les guste o no a los sectores que se oponen al orteguismo. El PLC juega un papel fundamental en cualquier cambio institucional, sobre todo porque es el único partido elector dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, su mayor debilidad viene del interior, de las lealtades dispersas y poco confiables. No cuenta con una disciplina que le permita soportar un proceso largo y de fuerte presión para mantener una posición férrea que lo enfile a romper de una vez por todas con el pacto. Por otro lado, creo que no estarían dispuestos a dar parte de su importante cuota en los poderes del Estado a sus aliados, lo que debilitaría cualquier alianza electoral, de haber alguna.

Hay dos salidas para los acontecimientos que se avecinan: o el PLC cede una vez más y pacta con el FSLN, se le garantiza al Dr. Alemán la cuota de poder con la que ha contado en los órganos del Estado y el CSE queda básicamente como está, con algunos cambios cosméticos. El FSLN gana a como sea las elecciones, controla ampliamente la Asamblea Nacional y consolida su proyecto político.

La otra salida es que el PLC y las demás fuerzas dentro del Parlamento se opongan al nombramiento de las nuevas autoridades, lo que pondría al país al borde de una crisis de ingobernabilidad y llevaría al FSLN a tomar dos caminos, o negocia con las fuerzas opositoras la escogencia de personas más calificadas y con menores compromisos políticos partidarios que las actuales, fortaleciendo la institucionalidad, o el Presidente Ortega rompe una vez más el orden jurídico que le permita gobernar por decreto, lo que violaría flagrantemente las reformas constitucionales de 1995 y nos regresaría a ser gobernados por la Constitución de 1987. Lo que expondría a todos los nicaragüenses a la verdadera esencia del gobierno orteguista.
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