• Feb. 13, 2010, 2:30 p.m.
Ningún nicaragüense medianamente informado, desconoce la oblicua actuación de los grupos oligárquicos respecto de los intereses populares, a la par de su lineal defensa de su condición de clase dominante. Ya es el principio para reconocer en la conducta de los grupos políticos que emergieron a raíz de la conmoción revolucionaria del 79, la queresa dejada en ellos por esos grupos oligárquicos.

Desplazado el somocismo del poder, del cual a su vez había marginado a los libero-conservadoras tradicionales, vino el período del gobierno sandinista; luego, después del 90, llegó el de la coalición de partidos de la UNO, entre ellos los liberales arnoldistas, somocistas sobrevivientes.

De entre los ofuscados del primer gobierno con la restitución de sus privilegios y tras la afirmación de sus nuevas cuotas de poder político y del poder de maniobra para enriquecerse a la sombra del Estado, emergieron los liberales arnoldistas. Igual que algunos del gobierno que le sucedería, se dedicaron a fortalecer su poder económico, dejando al margen y a merced de la voracidad empresarial a los sectores obreros, campesinos y pueblo en general. La recuperación económica, fue paralela al empobrecimiento de esos sectores populares. El cambio fue: libertades políticas por derechos sociales, contrario al período precedente: derechos sociales sin libertades políticas.

De la recuperación del poder (2007) por el clan oportunista surgido de entre el sandinismo --el orteguista-- después de un período de 16 años acumulando poder económico sobre la base del capital y de las propiedades usurpadas, y de gobernar “desde abajo”, resultó algo similar al viejo sistema político-social, encubierto con un discurso de izquierda. Un neoliberalismo “revolucionario”, con gobierno autoritario actuando al margen de la Constitución y las leyes, y que del poder económico partidario al poder económico familiar.

Nada de lo dicho es desconocido. Pero hay que definirlo como causa inmediata de la descomposición política actual. El orteguismo, como nuevo componente del neobipartidismo junto a los liberales, no ha desperdiciado mañas ni truculencias heredadas de la oligarquía política tradicional. Sólo han renovado las formas de negociar al Estado. No pueden, sin embargo, eliminar contradicciones nacidas de la repartición desigual del poder y de sus recursos, pese al pacto y sus continuas actualizaciones, entre agrias disputas politiqueras.

Somos testigos de una de esas crisis. Por un lado, el orteguismo y, por el otro, los liberales partidos, en al menos, cuatro pedazos por sus respectivas ambiciones. La ventaja es del orteguismo. Creó esa ventaja, pese a ser minoritario respecto al total del electorado –38% en la elección de 2006—, por ser el más sólido grupo político organizado. Su gente es disciplinada hasta el borreguismo y fanática del culto a su líder.

A esta ventaja, el orteguismo sumó una extraordinaria: la que le dio la circunstancia “providencial” de haber llegado al gobierno en pleno ascenso del movimiento político que dio impulso a la formación del Alba, como alternativa a la histórica influencia de los Estados Unidos. Hugo Chávez ha sido pródigo poniendo recursos multimillonarios en manos de Daniel Ortega, los cuales gasta sin control ni medida, reforzando su poder personalista y familiar, sumando a su imperio económico toda clase de propiedades, incluidos medios de comunicación.

De forma adicional, y para impulsar sus medidas inconstitucionales destinadas a garantizarse la continuidad en el poder, Ortega está cosechando la influencia que cultivó –con todas las malas artes de la política criolla— sobre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y otros entes estatales. El poder Legislativo no homogéneo, desde el punto de vista partidario, es escenario de un sucio drama de pujas, chantajes múltiples, ofertas y compra-venta de votos y adhesiones. En eso, utiliza poder político y los recursos económicos indistintamente.

La situación política es una especie de charca de aguas sucias, de la cual, gobierno y oposición, son los mayores accionistas, pero con desventajas para esta última. Primero, por su falta de unidad y coherencia en sus actuaciones; y luego, la fragilidad ética de sus líderes, lo cual facilita al gobierno causarle divisiones y profundizarles otras. Para colmo, no tiene ningún proyecto con rasgo social.

Ortega le provoca inestabilidad de forma continua, ordenando medidas y fallos jurídicos inconstitucionales para allanarse el camino de su reelección. La gelatinosa oposición reacciona sin garras, sin alternativas y sin coherencia, sólo con simples amagos legales que no pasan de alharaca parlamentaria intrascendente e inocua.

Llegado el momento de las proposiciones de candidatos para los cargos de magistrados en los poderes del Estado –claves y en manos de Ortega—, la oposición parlamentaria, desesperada y cual niños tras los caramelos de una piñata rota, se tiraron de cabeza en busca de agarrar algo. Lanza inmorales auto propuestas, de parientes y de amigos, cuya idoneidad para el cargo empieza y se acaba en su propia ambición. Han propuesto a algunas personas capaces y solventes, pero sólo para adecentar sus listas. Y ni piensan en las propuestas de las organizaciones sociales.

En su incapacidad, la oposición, tras su fracaso para detener los fallos inconstitucionales de Ortega, sacó de la huesera parlamentaria un proyecto de ley de Amnistía, mayoritariamente considerada una inmoral promotora de impunidad para los delitos comunes de los políticos. Perdonaría oficialmente, de antemano, la futura delincuencia de los políticos.

Decisión oportuna para que Ortega tome la bandera de la anticorrupción para intentar cubrir la propia. Junto a eso, Ortega, burlesco y arrogante, le propone reelegir a quienes no tienen parangón como los funcionarios corruptos más repudiados por la ciudadanía en toda nuestra historia. Ante tanta inmoralidad, no existe de parte de la oposición suficiente resistencia, aparte de las declaraciones pomposamente inútiles.

Aun si pudieran lograr detener la ofensiva reeleccionista –por un “milagro” que obligara a Ortega cambiar sus candidatos por otros incondicionales—, sería una victoria, la cual no podría garantizar que los nuevos candidatos no serían igualmente de corruptos y obsecuentes, y hasta más, que los Rivas y compañía. La victoria sobre Rivas, sólo sería de orden moral.

Otra debilidad es que la oposición lo ha enfocado todo sobre el corrupto presidente del CSE, él es el frondoso árbol que les impide ver el bosque. Poco o nada alude el cambio del sistema de corrupción, represión política, compra-venta de votos, opositores oportunistas y facilidades de enriquecimiento para los colaboradores. Todo señala que esta oposición, junto a sus líderes, merece, por lo menos, una poda en el bosque opositor.

Como la poda no sería fácil hacerla en poco tiempo, se impone crear y hacer crecer una nueva oposición. Su primera tarea: no permitir nada que le facilite al orteguismo seguir cosechando de su sistema de corrupción. Existen las organizaciones sociales y políticas –más las bases populares del liberalismo—que, con una agenda propia y libre de oportunistas, son el germen de esa nueva oposición que se fortalecería en la lucha diaria y sin cuartel contra el autoritarismo.
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