• Feb. 13, 2010, 2:34 p.m.
La Constitución Política de Nicaragua en el artículo 30 establece que “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.

A pesar de eso la población está clara de que es un mandato que no se cumple, no porque la sociedad no quiera, sino porque son pocos los espacios que existen para ejercer la participación ciudadana.

El contexto actual es idóneo para cumplir con lo que nuestra Carta Magna contempla, ya que en Nicaragua se elegirán próximamente Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, Contralores Generales de la República, Procurador de Derechos Humanos y otros cargos.

Es precisamente en estos momentos que se debe tomar en cuenta la opinión de la población, que demanda personas probas, honorables, con una vasta experiencia académica, imparciales y con estricto cumplimiento y apego a la ley.

Nicaragua necesita funcionarios públicos con experiencia profesional, que hayan dado aportes para el bienestar de la sociedad, equitativos, que emitan sentencias justas y de esta manera se estará trabajando con justicia.

Además, no deben mostrar ninguna condición partidaria, situación que hemos venido observando en algunos funcionarios, ya que han estado vinculados con este tipo de adhesiones de afinidades, por lo que se considera que existe una tradición de manipular políticamente los nombramientos de los cargos públicos, sin importar que la institucionalidad está en función de los principios de nuestra Carta Magna .

Otro aspecto importante es la intención de algunos funcionarios de reelegirse a quienes se les debe de tomar en cuenta su actuación en el periodo anterior, conforme con la ley. Además su declaración de probidad, lo que garantizará el buen funcionamiento de las instituciones para que la justicia se aplique de manera directa y se pueda desarrollar una verdadera Democracia, Estado de Derecho, Institucionalidad, Gobernabilidad, etc.

En Nicaragua se deben de retomar los ejemplos de otros países para la elección de los funcionarios, por ejemplo, realizar audiencias públicas, donde la ciudadanía cuestione al candidato, pedirles sus metas, propósitos, propuestas, sus cambios y que éstos tomen en cuenta las recomendaciones de la sociedad, lo que se traduciría en una buena administración de justicia, donde se trabaje por los intereses de la sociedad y de la patria.

Los candidatos a funcionarios públicos deber cumplir con los requisitos legales, morales y éticos, además de lealtad a la justicia y por ende al pueblo nicaragüense, ser imparciales políticamente, apegados rigurosamente al ordenamiento jurídico, a la Constitución y las Leyes, lo cual permitirá que en Nicaragua exista justicia transparente y equitativa sin atender intereses políticos, económicos y personales.

*Periodista y miembro del Grupo Projusticia.
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