• Mar. 12, 2010, 11:45 a.m.
Definitivamente, la estupidez humana no tiene límites y cuando va adornada con ribetes políticos y unos toques de prepotencia, uno solo puede preguntarse hasta dónde es capaz de llegar un funcionario alérgico a la crítica.

Y es que más allá de la censura ordenada por Roberto Rivas Reyes al impedir a EL NUEVO DIARIO, Canal 2 y La Prensa el acceso al Centro Nacional de Cómputos, del Consejo Supremo Electoral -por demás un edificio público pagado con los impuestos de los nicaragüenses al igual que los jugosos salarios de estos seudofuncionarios-, no puedo menos que pensar que esa actitud es producto de la insensatez de un mal llamado servidor público para quien la crítica no es más que un mecanismo desestabilizador.

La intolerancia mostrada por el Presidente del CSE es comparable con la del actual mandatario Daniel Ortega, así como también con la del ex correligionario de Roberto Rivas, Arnoldo Alemán Lacayo, de quien recuerdo, durante su mandato, prohibió el ingreso de varios periodistas a diversos edificios públicos, incluyendo la entonces Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, DICS, ubicada donde es hoy la Vicepresidencia de la República.

El mal de la censura es -más que un reflejo de la prepotencia-, una actitud vil, utilizada por los cobardes a falta de argumentos para responder a las críticas a su función pública. “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”, es una de las tantas frases que me encontré recientemente leyendo un reportaje en Internet.

El camino más fácil para evitar la crítica pública es la censura y los funcionarios de este y anteriores gobiernos se han vuelto expertos en aplicarla de diversas maneras, desde los halagos hasta la agresión verbal y física, pasando por el ahogo publicitario a los medios de comunicación independientes.

El artículo 52 de nuestra Carta Magna establece que “los ciudadanos tienen derecho a hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o cualquier autoridad…”.

El artículo 66 de la Constitución Política también señala que “los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Seguido, el artículo 67 establece taxativamente que “el derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley…Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa…”.

Si la Constitución Política que, conforme la jerarquía jurídica, está por encima de las leyes ordinarias, decretos, reglamentos y normativas no le da al señor Rivas la facultad para censurar a un medio de comunicación, lo único que se me ocurre pensar es que su actitud es producto de la miopía política, alimentada por la irracionalidad que le provoca la crítica a su gestión.
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