• Mayo 22, 2010, 2:58 p.m.
Hay una incongruencia entre la ofensiva orteguista y la inercia de la oposición parlamentaria. La escalada orteguista contra el orden constitucional no tiene visos de bajar el ritmo, porque el tiempo se le agota. En rápida sucesión de actos violatorios de la Constitución --sin contar la constante violación del carácter laico del Estado y los nombramientos al margen de la Asamblea Nacional--, se le ha visto imponer fallos y decretos tan ilegales que más parecen ajusticiamientos del orden jurídico.

La causa de esta escalada de ilegalidades es el obsesivo propósito de la reelección de Ortega, quien viola el artículo 147 Cn.; impone el decreto 03-2110, con el que se arroga funciones que no son suyas, al prorrogar los períodos de magistrados; ordena exhumar el artículo transitorio 201 de la Constitución aprobada en 1987, para justificar la violación anterior; y ahora --y seguro que sólo por el momento--, el fallo de apenas dos de sus magistrados de la Sala Constitucional y un ex magistrado alzado contra la Ley, que amenaza con dejarlos sin inmunidad y hasta con cárcel a los diputados que sigan con la discusión de ley derogatoria de su decreto ilegal.

Si el empeño de violar las disposiciones constitucionales para abrir paso a la reelección presidencial no ha tenido freno, es de esperarse que el gobierno altere cualquier otro artículo del orden legal establecido, con tal de imponerla. A nadie asombraría la continuidad de esta escalada de violaciones constitucionales, pero sí asombra que los 48 diputados, supuestamente dispuestos a frenarlas, continúen “clandestinos” frente a esta ofensiva orteguista. Eso es incongruente e injustificable.

Los orteguisitas no van a dejar de hacer lo menos, cuando ya han avanzado bastante con sus atropellos. Y quienes más en contacto viven con ese desenfreno son los diputados de oposición, pero no todos, ni mucho menos, reaccionan en consecuencia, sino que más bien parecen sólo interesados en hacer un rechazo declarativo. Aparte de los jefes de las bancadas opositoras, algunos presidentes de comisiones y otros directivos, que no suman ni diez, el resto –que también hace mayoría en la composición de la Asamblea Nacional—, vive dentro de un mutismo no ajeno de sospechas.

¿Temor, inconciencia, oportunismo, complacencia, yoquepierdismo, acomodamiento? Podría haber de todo, como también de nada, pero el hecho evidente y criticable es su silencio y su inercia ante el conflicto. Y si lo hicieran por ese nefasto sentido de la disciplina partidaria, tampoco es plausible, porque detrás pueden esconderse, precisamente, actitudes temerosas, inconscientes, oportunistas, complacientes, yoquepierdistas y muy cómodas, hasta llegar a la complicidad.

Se sabe que no están dejando de hacer algo. Y ese “algo” es, sin dudas, atender sus asuntos personales –negocios, sobre todo—, por cuestión de viejo oficio o porque ahora se los facilita el enorme ingreso económico que reciben. En definitiva, significa que los diputados están haciendo cualquier cosa, pero no todo lo que debieran hacer y a lo que se han comprometido hacer ante la ciudadanía para defender la institucionalidad del país.

En fin, cualesquiera fueran las causas de su apatía frente al avance reeleccionista, ya es suficiente motivo de preocupación para la ciudadanía y una motivación para su reclamo, porque, así sean los diputados sólo formalmente sus representantes en el Poder Legislativo, con su cargo hacen su vida muelle a costa de los impuestos de la misma ciudadanía. Si no es posible que cambien de raíz esa conducta, al menos podrían variarla; es una obligación moral, más que una obligación política.

No es necesario hacer constar que este reclamo no es para los orteguistas, y no porque los creamos exentos de responsabilidades, sino, por el contrario, precisamente, porque son los más responsables por ser parte de la maquinaria que está contribuyendo con los magistrados orteguistas al aplastamiento del orden constitucional. Y actúan en consecuencia con su condición de máquinas para votar, no para hablar, menos para razonar siquiera su voto.

El reclamo es para los diputados cuyas acciones y posiciones políticas son proclamadas por ellos mismos como de oposición. Pero parece que están, como se dice, sólo “de corazón” opuestos al continuismo y la reelección, más todo lo que está significando para el futuro del orden constitucional del país. En todo caso, su posición es meramente oficial, no sentida como un deber patriótico individual, y eso permite –como ya lo ha permitido— la evasión de responsabilidades y la fuga del compromiso de actuar como verdaderos opositores.

Si bien tienen a sus portavoces de bancadas, el resto de diputados no tiene derecho al silencio. Los dueños de los 48 votos deben salir de las listas oficiales, por demás dudosas, y hacerse presente ante el pueblo trabajando contra la reelección. A los diputados les sobran recursos y tiempo para hacer algo más concreto y decisivo frente a la ofensiva orteguista contra las leyes.

Parte de ese “algo” debería ser reunir y movilizar a los ciudadanos en las regiones que supuestamente representan; explicarles en qué consiste la peligrosidad de las medidas al margen de la Constitución. Sus correligionarios verían, por primera vez, quizás, que tienen representantes en las Asamblea Nacional, y para eso no requieren del padrinazgo de las cúpulas de sus partidos, sino actuar, incluso, como un solo grupo parlamentario. Cualquiera sea su partido, su ideología o su proyecto político, si esos 48 diputados tienen la misma visión sobre la peligrosidad de la ofensiva orteguista, es suficiente razón para actuar unánimemente, no sólo para “pensar”, en contra de la reeelección.

Y no piensen que se les están dando “consejos”, sino exigiendo el cumplimiento de sus deberes para con el pueblo que supuestamente los eligió y, lo que es más importante, el pueblo que trabaja para mantener sus ingresos económicos y sus privilegios. El pueblo tampoco está exento de la responsabilidad de llamar la atención a los diputados, si es que quiere ser bien representado. Hacerlos pasar de la representación formal a la representación real. Si no se comienza siquiera con eso, no podría aspirarse a contar con una Asamblea Nacional representativa de la voluntad popular.

El ejercicio de la democracia no es una declaración política, sino una práctica cotidiana de los ciudadanos, mucho más cuando --como ahora-- tratan de imponer una falsificación de la democracia y, peor aún, hasta de imponer una revolución falsificada. Con la indiferencia, la pasividad y la espera de que desde el exterior venga el esfuerzo por los cambios políticos y sociales, no se hace honor a la trayectoria del pueblo nicaragüense. Tampoco debe olvidarse que las falsificaciones no se detienen dentro de las fronteras nacionales, y que la pasividad permite a los falsificadores presentarse en el exterior como depositarios de la voluntad popular.

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