• Jun. 4, 2010, 5:05 p.m.
A la ciudadanía total --oficialista u opositora, apática o pasional, habitante en la pobreza o inquilino de la riqueza, a la buena o a la mala-- el orteguismo la está dejando con un lenguaje rezagado, en relación con la realidad del país. Se habla de un Estado de Derecho cuando todo se está poniendo al revés. Se piensa en la Constitución Política como si estuviera sana, siendo ya casi una cosa muerta. Nos remitimos a su articulado como si aún reflejara el orden jurídico del Estado, siendo un cuerpo de letras sin espíritu de ley. Se refiere a las autoridades encargadas de aplicar las leyes, como si tuvieran realmente autoridad, siendo sólo un conjunto de incondicionales del poder.

Somos una sociedad desarticulada, comenzando a vivir a espaldas de sus propias referencias históricas, porque también éstas pierden autenticidad y relación hasta con sus versiones escritas. La clase dominante --con el orteguismo al frente-- ejerce el poder con más semejanza a los días iniciales de una república mal formada y peor orientada que a esta hora del mundo. Ni siquiera se parece a la democracia conservadora de los treinta años en cuanto a la alternabilidad en el poder, pues el actual gobernante quiere su presidencia vitalicia.

La democracia es un concepto refugiado en el numen de los intelectuales, quienes --además de escasos-- también están divididos según sus intereses partidarios, y algunos según su necesidad de sobrevivir dignamente en lo material, aunque divorciados de la ética.

Al General Augusto C. Sandino --lo tienen parecido a un santo laico de su prostituida religión política--; ya no le caben más traiciones en su memoria, porque sus autonombrados apóstoles se han perdido entre las cantidades millonarias de palmos de tierra, de los cuales él no quiso ni uno solo para su sepultura, pero que ellos los transformaron en ricas y extensas propiedades. Todos los referentes culturales, jurídicos, morales y patrióticos están perdiendo su legítima equivalencia verbal en nuestro lenguaje cotidiano.

Lo peor es que la ciudadanía actúa como si no se diera cuenta de esta pérdida de la unidad entre lenguaje colectivo y realidad social. Tal es el daño causado por las ambiciones personales detrás de las tretas políticas de quienes controlan el poder político con pasión y perversión, por ahora, incontrolables.

En sólo tres años y medio, han desmantelado la eficacia de la Constitución y las leyes para servirse de ellas en sus afanes continuistas. Y como si no le fuera suficiente, el presidente Ortega se permite lanzar la idea y pedir apoyo a la clase patronal para destruir de una vez el orden constitucional medio democrático que él ha venido matando a pellizcos, para suplantarlo por una institución, como el Consejo de Estado, que sólo tuvo razón de ser en un momento único de nuestra historia. En el 79, destruido el orden institucional somocista y para iniciar la construcción de uno nuevo orden constitucional, se convocó a todas las clases, todos los sectores y todo tipo de organizaciones políticas y sociales para co-legislar con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Aquella etapa murió.

Nació la Asamblea Nacional y se creó una Constitución Política que hoy, con un espurio fallo de cuatro serviles contra el artículo 147, anularon su validez de la no reelección continua. Con decretos de igual ilegitimidad --como el 03-2010-- hicieron añicos las funciones de la Asamblea Nacional y violaron hasta el sepulcro de un venerable artículo transitorio que tenía veinte años de gozar de la paz de lo que fue justo. El colmo es que han clonado un diputado en busca de hacerse de una mayoría espuria.

Mientras todo lo vital para que un orden constitucional tenga vigencia está sometido a la destrucción, los atilas del orteguismo están siendo cada día menos cautos en el manejo de su lenguaje oral y corporal. Ejercitan el cuerpo tirando piedras y morteros contra todo lo que les parece contrario a sus propósitos, personas o instituciones. A los violadores de la ley y que usurpan cargos institucionales, les da lo mismo encabezar una turba enardecida que un tribunal de justicia amaestrado, porque han perdido el sentido de la responsabilidad junto al respeto por todo lo que se oponga a sus ambiciones.

Pésimo ejemplo en vivo y color chicha es el ex magistrado Rafael Solís, tan activo agente político del orteguismo, como descalificado factor de justicia. Este señor, no disimula su lenguaje similar al de un pandillero, con el fin de exhibir la fuerza del poder para atrapar las funciones de la Corte Suprema de Justicia. Veamos algunas muestras: “Sin nosotros (los ex magistrados) no hay acuerdo de Corte Plena”. Los magistrados liberales “la beben o la derraman”; o sea, que sesionan en Corte Plena con los dos usurpadores o no les permitirán sesionar.

Los magistrados liberales, quienes nunca han renegado de sus simpatías por el somocismo y, algunos de ellos, de su condición somocista, han sido obedientes y fieles a su caudillo, aún no se sabe que hubiesen tenido la misma conducta y bajeza de los orteguistas, al menos, no públicamente. Pero son co-responsables de esta situación y de haber contribuido a liquidar la eficacia de una oposición parlamentaria.

Hoy importa más el orteguismo con sus actitudes, por cuanto son los amos del poder político y los interesados en atropellar, aún más de cómo lo han hecho, en su carrera por atrapar este poder para siempre, pasando por sobre leyes jurídicas y morales que --con muchos antibajos-- habían mantenido el orden institucional. Y dentro de esta avalancha contra todo para conseguir sus objetivos, han producido desequilibrios en el orden social, en el institucional y hasta en el lenguaje.

De la presidencia de la república ya no se emiten decretos, sino decretazos con pretendido carácter de ley. El presidente Ortega no se refiere a los periodistas como corresponde a su profesión, sino como “hijos de Goebels” y les niega declaraciones e información. Todo crítico o adversario del gobierno no es opositor, sino “pelele del imperialismo” o algo peor. Y así como en el lenguaje del orteguismo todo va cambiando de nombre, ha creado adjetivos demagógicos casi risibles, como “pueblo-presidente” para un gobernante individualista y de tendencia oligárquica.

De sus consignas, que Ripley se ha tardado en recoger, está una ejemplar: Nicaragua, cuyo sistema político no ha dejado de ser y de hacerse sentir como capitalista dependiente, causante de desequilibrios económicos y sociales, y con un campesinado sin tierras, la han bautizado “cristiana, socialista y solidaria”. Para los orteguistas, sus turbas periódicamente desbordadas en sus agresiones físicas con piedras, palos y morteros, sólo hacen demostraciones de “júbilo popular”.

Entre la perversión de valores, del orden constitucional y del lenguaje, la mayoría de los diputados ha perdido su derecho a considerarse representantes del pueblo. Y el pueblo debe tomar nota de eso para asumir su propia representación, incluso en las calles.
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