• Nov. 14, 2010, 10:46 a.m.
En mi novela “El País de las Mujeres”, una de las características del gobierno femenino es la de no actuar tras bastidores. La presidenta y sus ministras abren las puertas de sus reuniones más privadas a la prensa bajo la premisa de que “sólo se esconden quienes quieren hacer travesuras o tienen algo que ocultar”.

En nuestro mundo moderno, bajo la supuesta cobija de las democracias, se cocinan dentro de los gobiernos de turno, muchos potingues de los que los ciudadanos nunca nos enteramos. Votamos por quitar o poner a alguien en el poder, pero luego esta persona, a su arbitrio y ayudado por toda una maquinaria burocrática, toma decisiones en nuestro nombre cuya racionalidad u objetivo ulterior ignoramos los que le concedimos el poder.

Wikileaks, al publicar las secretas conversaciones, opiniones y valoraciones del mundo diplomático estadounidense e internacional, está señalando una vieja realidad, aquella que dice que no hay nada oculto bajo el sol. En la trilogía de novelas, “Milenio”, ya el escritor sueco Stieg Larsson se adelantó a la realidad creando su heroína, Lisbeth Salander, una “hacker” que logra traspasar los muros que protegen los trapos sucios de poderes que, hasta ser denunciados, se consideran omnímodos e impenetrables.

Es de esperarse que, a medida que aumente el tráfico cibernético, aumentarán también las filtraciones y el número de personas que podrán desentrañar y revelar secretos. A mi juicio, la conciencia de ser vulnerables a esta posibilidad, tendrá que tener efectos positivos en el manejo de los asuntos de estado, por mucho que los complique.

Obviamente que semejante “transparencia” tiene sus bemoles pero este nivel de apertura nos da a los ciudadanos la verdadera posibilidad de vigilar a nuestros representantes electos y pedirles cuentas por la rectitud de su ejercicio.

Es un periodismo nuevo que augura la posibilidad también de una nueva y más beligerante democracia.

No quiero terminar este blog sin referirme a las Leyes de Defensa, Fronteras y Seguridad que, quizás, para cuando se publiquen estas líneas, habrán sido aprobadas.

Mientras la discusión de las leyes que abogan por la protección de la mujer ante el incremento de los delitos violentos, se pospone, estas leyes que no hacen otra cosa que dar al traste con lo que fuera una de nuestras conquistas más importantes: la apoliticidad y sometimiento del ejército al mandato civil, se pasan a la Asamblea con carácter de urgencia. Es muy grave lo que se gesta en Nicaragua. De aprobarse estas leyes, no sólo estamos creando las condiciones para que se imponga de nuevo el Servicio Militar Obligatorio, sino que estamos concediéndole a UNA SOLA PERSONA, el Presidente de la República, sin la participación de otros organismos o instituciones civiles, el mandato sobre el ejército. Estas leyes crean de hecho una subordinación sin ningún intermediario, entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y colocan al Ejército como un efectivo Quinto Poder dentro del país.

Es un mal síntoma. Los ejércitos, como ya hemos visto en la historia, tienen que estar subordinados y controlados por los poderes civiles. Nuestra Constitución ya contempla dentro de sus artículos la función subordinada del ejército. Al subirle a éste el perfil, colocándolo como un poder independiente, bajo su discreción, el Presidente Ortega continúa ampliando su radio de acción y de operaciones personal, ésta vez de manera que incluya la capacidad bélica y represiva de los cuerpos castrenses, además de un nuevo aparato de inteligencia. Se parece demasiado a lo que ya hemos vivido, para que nos quedemos indiferentes.

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