• Ene. 23, 2011, media noche

La ciudadanía más consciente rechaza a Ortega, por sus atropellos al orden constitucional y su falta de respeto por sus derechos. Pero esta es una forma de individualizar el problema. Aparte de la cuestión personal, es la mezcla de las desviaciones individuales con sus falsificaciones ideológicas la que provocan los sentimientos de rechazo a su conducta como gobernante. Y aún más, contra su reelección ilegal.

No hay comentario crítico a las políticas del gobierno de Daniel Ortega, que no señale –como eje central— la forma francamente arbitraria de ignorar o poner al margen los puntos esenciales de la Constitución Política en que descansa el orden jurídico del Estado y los derechos ciudadanos. Los calificativos condenatorios a esas políticas abundan tanto como las mismas violaciones anticonstitucionales que Ortega comete de forma sistemática.

Para quien no vive en Nicaragua ni dispone de la mejor información sobre este hecho, les podría parecer una reiteración viciosa de la crítica, siendo, en realidad, sólo la reacción lógica ante la viciosa reiteración de las violaciones a la Constitución. Junto a este hecho, también reconocemos que, dado a esta constante reiteración de ambas cosas –las violaciones y las críticas—, no deja de causar cierta indiferencia en algunos círculos.

Así, hemos llegados a este momento, cuando ya sobran evidencias de que Daniel Ortega no cejará en su intención de imponer su candidatura a despecho, en contra y de forma expresamente violatoria de la prohibición constitucional. Pero aún se hace necesario buscar explicaciones sobre cuáles son las causas de esta decisión –en apariencia, sólo caprichosa e irracional— de enfrentar a la ciudadanía a una situación conflictiva y peligrosa.

¿Será por su excesiva ambición personal? ¿Querrá garantizar sus crecidos y crecientes intereses económicos con la continuidad en el poder? ¿Serán sus delirios dictatoriales los que lo impulsan a considerarse indispensable, el dueño de la voluntad de todos y el único capaz de conducir los destinos del país?
Todo eso al mismo tiempo, y se reflejan en su estilo de ejercer el poder, sus condiciones de vida y el enriquecimiento familiar y de la cúpula, que le es fiel y cómplice a la vez. Pero éstas serían sólo algunas de las causas nacidas de la naturaleza de Ortega como individuo, su afición al poder y su envanecido carácter. Faltaría agregar la desviación ideológica de quien, en una oportunidad fue un revolucionario. Esto, sumado a los desarreglos psicológicos mencionados, le dota de la falsa idea de que su actitud está respaldada por una convicción revolucionaria impulsora de la segunda etapa de lo iniciado el 19 de julio-79, en el calendario histórico de Nicaragua. Es lo que él cree, además de que se lo hacen creer los elogios y ayudas que recibe desde el exterior de parte de algunos líderes de distintos países, con distintos sellos revolucionarios.

Junto a sus desvaríos individuales y una torcida convicción revolucionaria, Ortega ha confundido la teoría acerca del origen del Derecho. Él sabe que el Derecho nacido de la revolución francesa, es el Derecho burgués que forman “el conjunto de las leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el punto de vista de las personas y de la propiedad”, contra el Derecho pretendidamente divino de la “nobleza” sobre la propiedad, el poder y las personas. Y que, en términos relativamente radicales, fue lo que ocurrió con el Derecho tradicional de nuestro país, durante los cambios revolucionarios del 79.

En aquella ocasión, fue Bayardo Arce, quien lo hizo público: “la revolución es fuente de Derecho”, cuando se justificaba la confiscación de las propiedades de los Somoza, que luego se extendió a otros somocistas y, a veces, hasta quienes no lo eran, pero tenían antipatías hacia la revolución (propiedades que después sirvieron de base a la acumulación de riqueza de orteguistas y otros políticos).

El epílogo de aquel proceso, es harto conocido. Ahora, con el retorno de Daniel Ortega al poder, ha asumido la pretensión de presentarlo como una “segunda etapa de la revolución”, pero, aunque no lo admita –y le es muy conveniente no admitirlo—, se trata de una farsa de la histórica revolución del 79. De esta pretensión se vale Ortega para hacer creer que si toda revolución es fuente de Derecho, que entierra el Derecho del sistema social vencido, esta su “segunda etapa revolucionaria” está haciendo lo mismo. Y por ello, se da la facultad de desconocer “el Derecho anterior”, en primer lugar, la Constitución Política en donde se fundamenta.

¿Cómo está llevando a la práctica Daniel Ortega este supuesto derecho revolucionario contra el derecho “anterior”? De forma atropellada. Por ende, violatoria y violenta; sobre todo, atentando contra el derecho constitucional que –por sus tergiversaciones y reformas maniobreras de su Pacto con Alemán—, fue la vía por la cual tuvo acceso a la presidencia de la república por segunda vez, pero muy lejos de la vía revolucionaria de la primera vez.

Ortega está haciendo su propio derecho personal a nombre de una revolución inexistente. Ése es el motivo por el cual ha venido sustituyendo artículo por artículo de la Constitución con sus decretos. En su delirio autoritario, y ante la imposibilidad de reformarla a su gusto, se atribuye el derecho de cambiar la Constitución con sus decretos, no dando cabida a la crítica, de que se trata de una transgresión anticonstitucional y jamás la recuperación del “Derecho de la segunda etapa de la revolución”. Este absurdo de Ortega, choca abruptamente hasta con el hecho histórico de que la Constitución que está violando es, básicamente, la que heredó la auténtica revolución al país en 1987 y sus oportunas reformas de 1995. Una prueba de su falsificación, es que él y su grupo se han convertido en practicantes del derecho a la propiedad privada, desde que, a la sombra del Estado, son grandes propietarios capitalistas.

Los artículos que pretende desconocer con sus decretos, como el 147 que prohíbe la reelección, fueron los primeros en ser sustituidos, pero no son los únicos. Hay otros artículos que contienen derechos esenciales, como la libertad de profesar o no una religión, que es el efecto práctico que busca el artículo 14 (“El Estado no tiene religión oficial”), los cuales no ha derogado por decreto, pero, de hecho, los desconoce olímpicamente. Se sabe, que primero falta Ortega en un acto político oficial, que falte la figura del Cardenal Obando con sus “bendiciones”.

La ciudadanía más consciente rechaza a Ortega, por sus atropellos al orden constitucional y su falta de respeto por sus derechos. Pero esta es una forma de individualizar el problema. Aparte de la cuestión personal, es la mezcla de las desviaciones individuales con sus falsificaciones ideológicas la que provocan los sentimientos de rechazo a su conducta como gobernante. Y aún más, contra su reelección ilegal.

Enfocar mejor este problema, evitará diluir esfuerzos en ataques personales y partidaristas, y ser más acertados en las críticas al sistema seudo “cristiano, socialista y solidario”, que son unas de las máscara de la corrupción de las funciones del Estado nicaragüense. No es sólo su pretendida reelección el único lado feo y explosivo del orteguismo. Sus pérfidos argumentos “revolucionarios”, le acompañan.

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