• Ago. 30, 2011, media noche

Nicaragua es un país de sorpresas. Solo hay que ver las declaraciones del obispo auxiliar de Managua,  Silvio Báez quien recientemente y a razón de las diferencias que mantiene parte de la jerarquía católica nicaragüense con el  gobierno sandinista reclamó valientemente el respeto a la laicidad del Estado establecida en la Constitución política de este país.

Y es que ese reclamo, provocado por el uso recurrente de símbolos del catolicismo de parte del gobierno con fines proselitista,  no tendría tanta importancia si el demandante no fuese un alto representante de la jerarquía católica y el demandado un gobierno que tradicionalmente se ha caracterizado en discrepar con las ideas de esa Iglesia.   

La laicidad del Estado que curiosamente y por primera vez en la historia política nicaragüense exige un sacerdote y no un partido político representativo, está contemplada en la Constitución política de Nicaragua en los artículos 14, 27 y 29  en los que se reconoce que el Estado no tiene religión oficial  y que  todos los personas  tienen derecho a profesar  o no una religión sin ser por ello discriminado.

Las declaraciones del sacerdote ofrecidas a título personal representan el sentimiento de malestar de una parte de la conferencia episcopal, que a mi juicio son farisaicas, pues la Iglesia nunca se ha preocupado en separar  las cosas del cielo con  las de la tierra. Por el contrario se han inmiscuido en asuntos que no son de su competencia.

A quien se le olvida por el ejemplo, que la penalización del aborto terapéutico  en octubre del 2006, en plena campaña electoral fue producto de la presión que ejercieron sobre los diputados de la derecha -a la que tranquilamente se sumaron los sandinistas- la Iglesia católica y  las evangélicas.  Ambas  organizaciones religiosas presentaron en el Parlamento nacional una cantidad de firmas de ciudadanos que apoyaban la penalización del aborto y  uno de sus principales argumentos para reclamar la aprobación de esa ley fue que como Nicaragua era un país cristiano había que penalizar cualquier práctica médica de este tipo.

El caso más emblemático de injerencia que tuvo la Iglesia católica nicaragüense fue con el caso “rosita”, la niña  de 9 años violada y embarazada por un familiar, y en la que  el gobierno se coludió con esa institución religiosa para enfrentarse ideológicamente a grupos de feministas que intentaban salvarle la vida a la pequeña.

Pero ese tipo de intromisiones  de la Iglesia católica en asuntos de Estado no es nada nuevo en este país. Durante los años 90 la Iglesia logró ubicar y mantener en el Ministerio de Educación -un lugar estratégico para promover la  moral de esa institución- a Humberto Belli, uno de los católicos más conservadores y miembros del Opus Dei en Nicaragua.

Desde ese Ministerio  se promovía un modelo de sociedad basado en los valores de la Iglesia, se obstaculizaba el desarrollo de proyectos relacionadas con la planificación y la educación sexual, y se demonizaba el trabajo eficiente que realizaban varios organismos no gubernamentales  que abogaban por el derecho de las mujeres.

Fue también en esos años cuando se reformó el artículo  204 del código penal para  castigar a los homosexuales –derogado posteriormente en el 2007-,  y cuando grupos católicos fundamentalistas empezaron una campaña feroz en contra de las pastillas anticonceptivas para la mañana siguiente (PPMS) afirmando que estas eran abortivas.

En el gobierno de Enrique Bolaños la Iglesia presionó al Ministerio de Educación, a través de sus organizaciones satélites, para que retirara el  Manual de Educación Sexual  que había sido consensuado con amplios sectores de la sociedad nicaragüense y que fue apoyado por el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  En las reuniones previas a la aprobación de ese  manual la Iglesia facilitó información al Ministerio sobre ese tema  y hasta nombró a un sacerdote para que les  representara en las discusiones del documento.

La Iglesia también se entrometió en la aprobación de Ley de  Igualdad de Derechos y Oportunidades presentando objeciones y solicitando la reforma de varios artículos relacionados  con la sexualidad y con los derechos de las mujeres, pues entendía como hasta hoy, que esa disposición  jurídica era muy “liberal” y que fomentaba prácticas que iban en contra de la moral de este país.

Está por verse si así como el obispo Báez demanda el respeto a la laicidad del Estado nicaragüense, su institución también contribuirá con ese precepto constitucional y deja de meterse en asuntos que son de carácter público, si eso sucede creo que vamos por un buen camino en la construcción de una verdadera laicidad, si no  es así entenderé como hasta hoy que esas declaraciones son solamente una rabieta más de la Iglesia católica.  

*El autor es periodista.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus