• Ene. 3, 2012, media noche

Hace un mes se dieron lugar elecciones en Nicaragua, en las que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó una mayoría, sin precedencia, de 62.46 por ciento del voto nacional. A lo largo del este año, Cid-Gallup, la afiliada institucional de Gallup en Centro América, y M&R Consultores, una compañía privada de encuesta, habían predicho un gane decisivo para Daniel Ortega. A medida que avanzaba el año, las encuestas demostraban una creciente margen de diferencia en el liderazgo de Daniel Ortega que, según Cid-Gallup, alcanzaba el 53 por ciento de posibles votantes (el segundo lugar en las encuestas alcanzaba el 19 por ciento).

En una entrevista con canal 12 en Nicaragua, Vania Soza, miembra de la empresa encuestadora Cid-Gallup, afirmo que:


"En nuestras encuestas a lo largo del año dábamos la mayor intención de votos al candidato del FSLN, que en este caso es el que ganó las elecciones, o que el Consejo Supremo Electoral (CSE) da como ganador. Nosotros consideramos que acertamos con los resultados de nuestra encuesta, cabe mencionar que nosotros -en todos los países donde existe Cid Gallup- hemos acertado en elecciones presidenciales"

 En una discusión después de las elecciones sobre los resultados de las encuestas previas a las elecciones, Raúl Obregón, gerente de M&R Consultores, dijo:


“Como Encuestadores, esta elección, sinceramente, ha sido como la menos estresante, estoy hablando de números, no de asuntos políticos. A nosotros, por ejemplo, en septiembre del 2010, nos dio 44%; luego, en diciembre de ese mismo año nos dio 46%; ya para abril andábamos rondando el 50% en la intención de votos. Para mediados de año, ya estábamos en 56%, y luego, en la última que hicimos en octubre, ya estaba en 58%. ¿Qué significa eso? Que la tendencia venía marcando esa intencionalidad de votos, para la candidatura del Presidente Daniel Ortega.”

A pesar del gran apoyo que el FSLN ya tenía para estas elecciones, los partidos de oposición continuaron haciendo predicciones de fraude y amenazas de violencia aun antes que las elecciones tomaran lugar. Curiosamente, las denuncias de fraude se hacían hacia un sistema electoral que había sido reformado y aprobado por gobiernos anteriores en los cuales el FSLN no estaba en poder ejecutivo ni gozaba de una mayoría legislativa en la asamblea nacional.

Antes de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), un poder del Estado independiente que maneja el proceso electoral y cuyos miembros son elegidos por un mínimo de 60 por ciento del voto en la Asamblea Nacional, permitió que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (EU) y el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), entre otros, acompañaran y monitorearan el proceso electoral durante la elecciones del 6 de noviembre.

El acuerdo de acompañamiento electoral, que fue altamente criticado por los medios como altamente restrictivo, recibió elogios del Secretario General de la OEA Miguel Insulza. "No tenemos ninguna limitación y los acuerdos suscritos ayer con el Canciller Samuel Santos y con el Presidente del CSE, Roberto Rivas, son exactamente iguales a todos los que hemos firmado en todos los países en que hemos observado las elecciones cuando hemos sido invitados por los respectivos gobiernos", afirmó el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, en un comunicado de prensa el 28 de septiembre.

De los tres grupos internacionales de acompañamiento electoral, los equipos de monitoreo de la OEA y la UE fueron los más críticos del proceso electoral. Entre las criticas más citadas que ambas misiones hicieron después de las elecciones fueron: (1) que hubo un doble rasero con respecto a la acreditación de los diferentes partidos políticos y que la CSE se demoró en entregar materiales de acreditación al Partido Liberal Independiente (PLI). (2) Que la CSE “coartó los derechos de los observadores nacionales negándose a acreditar a dos organizaciones críticas” (UE). (3) Que el CSE no resolvió problemas en cuanto a la distribución de cédulas de identidad para votar, “cuya distribución ha sido dejada en muchos casos en manos de cuadros del FSLN” (reporte preliminar de la UE).

Con respecto al primer punto sobre la acreditación, el CSE había acreditado, semanas antes (la ley electoral exige un mínimo de 10 días antes de las elecciones), todas las solicitudes legales para fiscales en los centros de votación. Sin embargo, dos días antes de que las elecciones se realizaran, el PLI solicitó que el CSE reemplazara alrededor de 9,500 credenciales de sus fiscales. Los representantes de partido del PLI argumentaron que muchos de los credenciales que habían recibido anteriormente contenían errores con respecto a los nombres y números de cedula, algo que hubiera prohibido a fiscales de monitorear y aprobar actas de escrutinio en los centro de votación. Este reclamo por parte del PLI es sospechoso por dos razones: la primera siendo que ninguno de los otros partidos que participaba en las elecciones solicitó un remplazo tan masivo de credenciales (aunque sí pudiera haber sido cierto que hubo algunos errores en la producción de los credenciales). Segundo, si bien es el caso que 9,500 credenciales contenían errores, entonces el PLI pudiera haber solicitado un reemplazo de credenciales muchos antes, y no sólo dos días antes de las elecciones, cuando el plazo para este tipo de solicitudes ya se había vencido.

Al final, el CSE sí cumplió con la solicitud de reemplazo de credenciales del PLI. Sin embargo, el PLI, acompañado por representantes de la misión de observación de la UE y la OEA, tomo esta oportunidad para hacer parecer que el CSE entregó los credenciales a última hora antes de las elecciones. El PLI denunció el proceso electoral y los resultados, afirmando, sin evidencia, que el sistema estaba siendo manipulado en su contra. A pesar de todo, lo que los eventos demuestran es que el PLI intentó obstaculizar el proceso electoral, atrancando intencionalmente al CSE con una masiva solicitud burocrática para después poder decir que al PLI no se le  permitió  tener fiscales en los centros de votación. Mientras tanto, los grupos de observación de la OEA y la UE facilitaron las tácticas desestabilizadoras del PLI. En cuanto al proceso electoral, estos sucesos demuestran la inhabilidad de los grupos de observación de la OEA y la UE a ser imparciales en la documentación y el acompañamiento del proceso electoral en Nicaragua.

Un segundo reclamo hecho por representantes de ambas misiones de la OEA y la UE fue que, en las palabras da la UE, “el CSE coartó los derechos de los observadores nacionales negándose a acreditar a dos organizaciones críticas”. Sin embargo, el uso de “derechos de los observadores nacionales” en cuanto a las “dos organizaciones criticas” es cuestionable dado que la ley electoral no proporciona ningún derecho inherente de ‘observación’ a organizaciones no-gubernamentales. La ley estipula que el CSE es el único ente que puede “reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral (artículo 10). En fin, es la decisión única del CSE – que es elegido en consenso por los partidos políticos en la Asamblea Nacional porque no hay partido con mayoría en la asamblea – de acreditar a quien estime como apropiado – en este caso, a los que el CSE consideró como apropiados fueron la OEA, la UE, la CEELA y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), entre otros.

Los derechos de grupos, como Ética y Transparencia, no fueron coartados, como sugiere el reporte preliminar de la UE. Ética y Transparencia no aplicó para acreditación de observador porque ellos, a diferencia de la OEA, no estaban satisfechos con, entre otras cosas, las limitaciones que establecía el acuerdo de acompañamiento del CSE. Que grupos como Ética y Transparencia tenían una historia de recibir fondos de grupos financiados por el gobierno de Estado Unidos como la Fundación Nacional para la Democracia no fue un asunto que preocupó a los medios nacionales e internacionales que criticaron el proceso electoral.

La tercera denuncia común sobre problemas con respectos a cédulas de identidad representa otro caso de ignorancia de la OEA y la UE con respecto al sistema electoral de Nicaragua. Para iniciar, en Nicaragua, como en otros países de América Central, se necesita tener una cédula nacional de identificación para votar. Los ciudadanos Nicaragüenses deben aplicar para recibir sus cédulas; para hacer esto deben ir a las oficinas del CSE y presentar un certificado de nacimiento original. Después de alrededor de dos o cuatro semanas, el individuo debe volver a las oficinas del CSE para recoger su cédula de identidad, que después puede ser usada para votar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si un individuo no aplica para su cédula de identidad con suficiente tiempo de anticipación a las elecciones, ese individuo tal vez no podrá votar. Esto es claro y simple.
 
De este modo, es la culpa de esos votantes, o partidos que quieren que sus partidarios voten, si no tienen sus cédulas de identidad cuando hay elecciones.

En el caso del FSLN, quien de acuerdo a representantes de observación de la UE y la OEA, tiene el poder de distribuir estas cédulas de identidad, no es que el partido tiene un sistema integrado de manera vertical, desde la CSE hasta los votantes, con el que discriminan al distribuir cédulas de identidad. Es que el FSLN, como partido, está mucho más organizado (solo pregúntenle a alguien de la oposición o a la embajada de EE.UU.) para incentivar a gente a que aplique para obtener sus cédulas con tiempo, antes de las elecciones.

En la realidad, el CSE ha hecho un trabajo tremendo con respecto a la distribución de cédulas. Según el respetado e independiente presidente del Consejo Nacional de Universidades más de 95 por ciento de posibles votantes tienen cédulas de identidad. Una encuesta de Cid-Gallup hecha en mayo del 2011 reveló que el 91 por ciento de adultos encuestados tenían cédulas de identidad. Es más, la encuesta demuestra que individuos afiliados al partido Sandinista tienen una probabilidad menor de poseer cédulas de identidad. Esto significa que las denuncias de fraude, basadas en que individuos que votarían por un partido de oposición no iban a tener cédulas, no llevan fuerza alguna.

Por lo tanto, debe ser la ignorancia o la indiferencia intencional por parte de los grupos de acompañamiento de la OEA y la UE en cuanto al sistema legal y político de Nicaragua que los lleva a hacer estas conclusiones sin fundamento sobre problemas electorales.

Lo que sí es revelador son los eventos o ‘irregularidades’ que los equipos de la OEA y la UE no reportan.

Entre un sinnúmero de cosas que la OEA no admitió fue que tuvieron que sacar del país a un oficial de la misión de la OEA  por agresión física y verbal a una secretaria del Consejo Electoral Municipal en ciudad de San Carlos del Rio San Juan. El periódico nacional, El Nuevo Diario, reportó que el miembro del equipo de la OEA intentó, de manera forzada, tomar control de la distribución de un grupo de cédulas de identificación – tarea única de miembros del consejo electoral.
Hasta ahora, las críticas de miembros de las misiones de la OEA y la UE tampoco han mencionado nada sobre las quejas hechas por el CSE, que denunció al mayor partido de oposición, el PLI, de intentar a sabotear la transferencia de materiales electorales de centros de votación. El CSE también acusó  a un grupo internacional de observación de distribuir credenciales de fiscales del PLI, un acto que claramente sobrepasa los límites de la observación de cualquier ente que ha sido otorgado el privilegio de observar las elecciones.

En un artículo de opinión, el columnista del Miami Herald, Andres Oppenheimer, cuenta como él se sorprendió personalmente cuando el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, fue citado diciendo que “en Nicaragua ayer, la democracia y la paz han avanzado.” Oppenheimer llamó a Insulza por teléfono para preguntarle porque hizo este comentario. Insulza respondió que había sido un “error” decir eso. Sin embargo, como cualquiera puede observar con respecto al contexto ofrecido (en la crítica arriba) al análisis problemático de la OEA, no parece posible que la “democracia y paz hayan sufrido una retroceso en Nicaragua”, como afirma Oppenheimer. De hecho, la información disponible demuestra que ocurrió lo contrario.

Lo que debe ser considerado algo preocupante a nivel internacional es el hecho de que las misiones de la OEA y la UE se parcializaron por los partidos de oposición de una manera tan obvia y sin precedentes. Este caso de observación electoral internacional apunta a problemas serios con respecto a la legitimidad de la OEA y la UE con su involucramiento regional y global con la práctica de la democracia.

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