• Feb. 14, 2012, media noche

El juez Baltasar Garzón, inhabilitado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España y famoso por ordenar el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 por violaciones a los derechos humanos, ha influido mucho en la región Centroamericana desde hace algunos años.

El concepto de internacionalización de la justicia y de los derechos humanos que aplicó Garzón hasta hace unos meses desde la Audiencia Nacional de Madrid- el juez, fue separado de su cargo desde el 2010, fueron determinantes para que la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, buscará justicia en España por los crímenes cometidos contra los miles de indígenas guatemaltecos asesinados entre 1978 y 1986.

En diciembre de 1999, la Nobel de la Paz interpuso una denuncia en un juzgado de Madrid contra ocho militares guatemaltecos, entre ellos el golpista José Efraín Ríos Montt por los delitos de  genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas. Lo hacía según contó en su momento porque en su país no había hallado si no “negación de la justicia”.

La denuncia, que marcó un hito en la jurisprudencia española y que sigue su curso judicial pese a los alegatos de la defensa, hizo que el Tribunal Constitucional de este país europeo proclamara el principio de justicia universal, es decir, que los jueces tuviesen competencia para investigar los delitos de lesa humanidad aunque no hubiese víctimas españolas.

En el caso de Guatemala, la denuncia de Menchú llegó al juzgado en el que trabajaba Baltasar Garzón, y aunque éste no llevó el caso, sus colegas han sabido investigar con entereza los delitos contra los indígenas de Guatemala.

Pero el mediático Juez Garzón ha estado también en la primera línea de algunos hechos importantes para la justicia en Centroamérica. Pocas semanas después del golpe de Estado en Honduras ocurrido en junio de 2009, el juez español estuvo ahí junto a unos colegas para tratar un taller sobre las atribuciones de la Corte Penal Internacional y las acciones que se podrían emprender contra los violadores de los derechos humanos derivados del golpe de Estado.

El  controversial jurista rechazó el golpe de Estado y dijo que no le cabía en la cabeza  que haya una forma diferente de resolver las cosas que no fuese a través de las vías democráticas.

En octubre del año pasado regresó a Tegucigalpa para impartir una conferencia sobre  la “Impunidad, la libertad de expresión y la justicia” y para continuar investigando los delitos cometidos durante el golpe militar que sacó del poder al entonces Presidente, Manuel Zelaya.

La última vez que visitó Centroamérica fue a finales del año pasado en San José donde participó como invitado por el Instituto  Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para  hablar del derecho de las víctimas y la justicia.  Ahí frente a un concurrido público defendió la dignidad de  estás personas que “son incomodas para todos”,  por el derecho que tienen a ser escuchadas, protegidas y respetadas en el proceso judicial.

El magistrado abogó por la reparación de los daños a las víctimas que se dan en buena medida mediante la participación de estas en el proceso, y que por lo tanto se debe de garantizar por ley su participación en la acción penal.

En la conferencia Garzón volvió a referirse al tema de la violencia y la inseguridad que azota principalmente a los países del norte de Centroamérica y en la que destacó la incapacidad de los Estados para hacer frente a esta problemática y la necesidad de involucrar a los ciudadanos en los proyectos de seguridad.

El juez garzón ha sido suspendido de la carreta judicial española tras encontrársele culpable del delito de prevaricación al ordenar la intercepción de comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de una trama de corrupción en España. La condena impuesta por sus colegas ha sido catalogada de revanchista y ha tenido una repercusión mundial.

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