• Abr. 9, 2012, media noche

Nadie sabe con exactitud hasta cuándo durará la tregua que dieron recientemente al Gobierno de El Salvador, liderado por Mauricio Funes, los jefes de las maras para dejar de matar. Tampoco se conocen los alcances de esas negociaciones, porque ambos se han empeñado en negar tal acuerdo, a pesar de las evidencias. Lo que sí está claro es que la estrategia del Gobierno para frenar el fenómeno de las pandillas violentas ha sido un fracaso.

El presidente lo intentó y no pudo con ello. En septiembre de 2010 Funes, agobiado por el aumento de la violencia que azotaba a ese país centroamericano, aprobó la Ley de proscripción de maras y pandillas que penaliza con seis años de cárcel a aquellos que perteneciesen a grupos u organizaciones criminales.
 
Esa ley fue cuestionada por distintos  organismo de derechos humanos y por la Iglesia Católica porque, no resolvía el problema de la violencia que protagonizan esos grupos delincuenciales, criminalizaba la exclusión social y porque el sistema carcelario de El Salvador no estaba preparado para enfrentar la  avalancha de detenidos.

Después de un año de haber entrado en vigor dicha ley las autoridades salvadoreñas comprobaron que la violencia había aumentado, los presos se quejaban de las condiciones infrahumanas que sufrían en las cárceles como consecuencia del hacinamiento y  el gobierno no podía frenar la criminalidad en las calles.

La Policía Nacional Civil (PNC) de ese país estima que hay más de 28 mil miembros de pandillas y que de esos, nueve mil 566 están recluidos en prisión. De hecho, según  la ONU, El Salvador es uno de los países más violento del mundo.

La mayoría de esos delincuentes pertenecen a las Mara Salvatrucha (MS) y al Barrio 18, ambos grupos responsables del 70 por ciento de los homicidios y el 90 por ciento de las extorsiones que se cometen en ese país centroamericano.

A pesar de las distintas acciones y estrategias legales de parte del Gobierno para frenar la violencia en el ¨pulgarcito¨ de América, como se le conoce popularmente a El Salvador, esas pandillas violentas no habían dejado de matar.  Quizás por esa situación de impotencia frente a un fenómeno que cada vez se extiende a otros países es que las autoridades salvadoreñas decidieron cambiar de estrategia.

A finales de febrero, El Salvador vivía una brutal confrontación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos de delincuentes, provocado en parte por la designación de los nuevos cargos al frente de la seguridad nacional, quienes afirmaban que iban con todas contra las maras.
 
En ese movimiento político del presidente, interpretado como el retorno de la mano dura, es decir la imposición de la represión sobre  el modelo de prevención de la violencia, aparecieron las maras en acción.

“Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El salvador” decía un comunicado firmado por los jefes de las maras.

El comunicado surgió inmediatamente después de que el periódico digital El Faro publicará que el Gobierno de Funes estaba negociando con las maras.

La investigación periodística afirmaba que como parte de las negociaciones el Gobierno trasladaría a los líderes de las maras, de las cárceles de máxima seguridad a otras con menores restricciones y donde pudieran recibir visitas de familiares. A cambio las maras dejarían de matar.

Y así fue. El Salvador acostumbrado  a tener unas de las tasas más altas de homicidio en todo el mundo, pasó a registrar de 12 y 14 homicidios todos los días durante los últimos años, a tener entre 5 y 6 en las últimas semanas.

El Gobierno ha mantenido una postura bastante ambigua sobre  la  negociación con las pandillas, pues por un lado negaron la existencia de tal acuerdo para reducir la violencia, pero por el otro han sido incapaces de explicar las distintas  versiones en relación al traslado de los presos.

El presidente Mauricio Funes  ha salido al frente de las críticas sobre el tema, diciendo que ellos  solo sirvieron de facilitadores para que la Iglesia Católica pactara la tregua y que no tenían que ver nada con la misma, sin embargo exhortó a la sociedad salvadoreña para que  responda a las necesidades de integración planteadas por las maras en el comunicado.

De momento se respira un poco de tranquilidad en ese país. No obstante,  todavía hay muchas interrogantes por despejar. Los salvadoreños están en la obligación de saber que fue lo que se pactó con las maras, el Gobierno de explicar lo sucedido y algo más importante será conocer la estrategia que seguirán las autoridades después de la tregua.

Si el presidente no actúa con una estrategia integral, lo más seguro es que las estadísticas de homicidio vuelvan a sus niveles históricos, y algo más vergonzoso aún, que su gobierno fracase otra vez en su lucha contra la violencia de las maras.

tropecientaspalabras.worpress.com

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