Antes de que finalice el mes de mayo, los diputados de la Asamblea Nacional podrían aprobar la denominada Ley de Unidad de Análisis Financiero, UAF, que supervisará y detectará transacciones de organizaciones, empresas y personas que se sospeche financian la narcoactividad, el terrorismo y el crimen organizado en Nicaragua.

“Ya se ha realizado un proceso de consulta, y todas las instituciones públicas y privadas han reaccionado de manera positiva al dictamen de Ley de la UAF”, manifestó el  presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez.

El legislador expuso que ya se realizaron las consultas con la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Gobernación, Procuraduría General de la República, Superintendencia de Bancos y microfinancieras.

“Lo ideal sería que se apruebe antes de que finalice mayo, ya que el 25 (de mayo) hay una reunión de todas las unidades de análisis financiero de la región, y espero que haya consenso de todos los diputados para aprobar este mecanismo tan importante para el país”, dijo Gutiérrez.

Según el legislador la UAF, es un ente de carácter administrativo que tiene como objetivo ser una herramienta para el análisis de todas esas transacciones u operaciones sospechosas.

Es un paso importante
Para el economista René Vallecillo, este es un paso importante que está dando Nicaragua.

“La Ley debió haberse aprobado desde hace mucho tiempo, porque los organismos financieros internacionales requieren que en todos los países existan estas unidades para evitar el lavado de dinero y la corrupción gubernamental”, señaló.

En tanto  el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerrí expresó que es importante que haya una unidad de este tipo en el país.

“Algo muy importante es que esta unidad no debe imponerse sobre la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, sino que debe trabajar de manera autónoma”, señaló el representante de los empresarios.

Algunas atribuciones y funciones de la ley

1.- Solicitar, verificar y archivar información.
2.- Recomendar medidas a los sectores público y privado, para prevenir la comisión de los delitos de lavado de dinero.
3.- Intercambiar información con sus similares en el extranjero, entre otras.