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La Asamblea Nacional terminó el proceso de consulta de la Ley de Seguridad Privada, que regulará el servicio de seguridad privada que brindan unas 160 empresas en el país y que cuentan con unos 21,000 guardas de seguridad.

Según Luis González, presidente ejecutivo del Instituto Centroamericano de Seguridad Privada (Incaspri), “en términos generales se incorporó una buena parte del sentir de los diferentes actores consultados”.

En el proceso de consulta participaron el Ministerio del Trabajo (Mitrab); el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); la Policía Nacional; el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y unas 84 empresas de seguridad privada.

De las 84 empresas que asistieron, 17 son grandes, que son las que tienen más de 250 guardas de seguridad; 28 medianas, que tienen entre 50 y 250 guardas, y 39 pequeñas, que tienen menos de 50 guardas.

González indicó que las 84 empresas representan un 52.5% de las empresas que existen en el país, y que a pesar de que no todas llegaron, sí fueron invitadas a esa consulta.

Entre los aportes que ve González en el predictamen de la ley está que “los aranceles y pagos vayan a la Tesorería de la República y no a un fin especial”. La iniciativa de ley proponía que los ingresos en materia de impuestos que generen las empresas de seguridad privada fueran asignados a un destino específico, que permitiera “el fortalecimiento técnico y los recursos humanos y materiales para la autoridad de aplicación” de la ley.

También dijo que en el predictamen se estipula que todo el mundo que trabaje en esa actividad tiene que estar afiliado al INSS.

Formalidad

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) afirmó recientemente que la Ley de Seguridad Privada, que está en el proceso de consultas en la Asamblea Nacional, reduciría la informalidad en ese sector. “La formalidad es un buen negocio para Nicaragua, entre más trabajadores estén formales habrá más impuestos para el país”, sostuvo Freddy Blandón, asesor legal del Cosep.

“Los trabajadores serían favorecidos, pues recibirían el Seguro Social y capacitaciones constantes”, continuó Blandón.

Luis González aclaró que no es que haya empresas de seguridad en la informalidad, porque todas tienen licencias de operación, pero algunas utilizan “triquiñuelas” para no cumplir sus obligaciones, por ejemplo, con el INSS, el Inatec, entre otros.

“Una vez que se apruebe la ley ayudará a regular al sector y a los guardas y quienes trabajan en el sector a tener un régimen más de protección, que incluye el pago de todas sus prestaciones, y va a ser más difícil para aquellos que evaden cumplir con esos beneficios”, aseguró el presidente ejecutivo del Incaspri.

Los fines de la seguridad privada

Según la iniciativa de ley que se presentó en la Asamblea Nacional, la seguridad privada tiene como fin “contribuir a la seguridad ciudadana y humana, complementando las estrategias y acciones realizadas por el Estado, dentro del modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la prestación de sus servicios, que permita satisfacer las necesidades de seguridad de las personas y los bienes de sus contratantes, de terceros y su entorno comunitario ante la comisión de hechos delictivos”.

Asimismo, “colaborar y cooperar con la Policía Nacional en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público, para tales efectos deberán proporcionar de forma oportuna la información de interés policial”.

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