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Las autoridades financieras de Japón, EE.UU. y China planean crear una normativa conjunta para evitar que monedas virtuales como el bitcoin sirvan para financiar el terrorismo y otras actividades ilegales, informa el diario nipón Nikkei.

Estos tres países han liderado una iniciativa en el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), del que forman parte otros 31 Estados, para aprobar orientaciones destinadas a regular las monedas virtuales, señalaron fuentes de las autoridades niponas al citado periódico económico.

En la práctica, estas orientaciones supondrían la creación del primer marco regulador internacional para este tipo de monedas no controladas por ningún banco ni autoridad monetaria, que cuentan con un creciente volumen de transacciones en todo el mundo.

El objetivo de este órgano intergubernamental es someter al bitcoin y a otras monedas similares a una mayor vigilancia, y entre las medidas contempladas se encuentra exigir una verificación de identidad para los usuarios que abran “carteras virtuales”.

Terrorismo islámico

También se estudian mecanismos de control para transacciones que puedan tener vínculos a organizaciones terroristas como el Estado Islámico (EI), señalaron las mismas fuentes.

Japón se situó a la vanguardia mundial en la regulación del bitcoin al aprobar en marzo del año pasado una normativa para tipificar esta criptomoneda --forma de pago que tiene en la encriptación de datos el respaldo de su valor material-- como una mercancía y no como una divisa.

Poco después, la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) anunció que, a efectos fiscales, la bitcoin y otras monedas virtuales serán consideradas una propiedad intangible y no una divisa, por lo que estarán sujetas a impuestos.

Estas medidas llegaron después del escándalo de la quiebra de Mt.Gox, casa de cambio de bitcoin ubicada en Japón que en su momento llegó a canalizar la mayoría de operaciones globales y cuya bancarrota afectó a unos 100,000 clientes.

El FATF es un órgano intergubernamental creado en 1989 por el G7 para controlar el lavado de dinero, y entre sus miembros figuran otras entidades como la Comisión Europea, además del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como observadores.

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