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Unos dos mil funcionarios de diferentes niveles de la banca de todo el país fueron capacitados por una especialista en gestión de riesgos durante el seminario “Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: las mejores prácticas internacionales”, el cual se impartió en un hotel de la capital.

“Es importante que el personal que trabaja en la banca cumpla con las leyes que se han emitido, porque es a través del sistema financiero que se lava el dinero, ellos son los que principalmente tienen la responsabilidad de detectar cualquier actividad que sea inusual y poder prevenir este delito”, expresa Ana María H. de Alba, la especialista que impartió el seminario.

De Alba calificó como positivo el hecho de que recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sacó a Nicaragua de la “lista gris”, es decir, dejó de figurar entre los países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

“No está bien ser mal visto por la comunidad internacional como un país que no tenga leyes o un estándar que permita la prevención del lavado de dinero proveniente de cualquier tipo de actividad criminal, y haber salido de esa lista es un gran logro, es una demostración de que el Gobierno ha tomado acción y que se interesa en participar con el resto del mundo en prevenir este tipo de actividades”, señala De Alba.

Ojo con la corrupción

De Alba recomendó a los representantes de las instituciones financieras a estar atentos a las figuras de las Personas Expuestas Políticamente  (PEP), representadas en los funcionarios que ejercen cargos públicos y que además tienen acceso a fondos o recursos también de naturaleza pública.

Es importante que el personal que trabaja en la banca cumpla con las leyes que se han emitido, porque es a través del sistema financiero que se lava el dinero, ellos son los que principalmente tienen la responsabilidad de detectar cualquier actividad que sea inusual y poder prevenir este delito”, aseguró Ana María H. de Alba, especialista que impartió seminario en Managua.

“Por esa posición de poder o acceso a fondos públicos, el funcionario tiene una mayor vulnerabilidad y por eso el sistema financiero está obligado a considerar a estos riesgos a los cuales están expuestos al ofrecer servicios (bancarios) a este tipo de personas y tomar las medidas razonables para mitigar esos riesgos, en la eventualidad de que se presente una actividad sospechosa”, recomendó De Alba.

La experta considera que Nicaragua posee un meritorio reconocimiento a nivel internacional por su avance en la aprobación de modernas leyes del sector, “y es un país que por contar con un sistema financiero relativamente pequeño tiene mucho poder a nivel centroamericano y está visto muy bien incluso desde Estados Unidos, que lo ve como una jurisdicción que se la toma en serio en la eficiencia de sus operaciones”, concluye De Alba.

Al seminario asistió personal de las sucursales bancarias de diferentes regiones del país en todos los niveles, desde atención al cliente, caja, servicios bancarios, hasta los gerentes de sucursales y el alto nivel de la junta directiva y sus directores bancarios.

“Ya es el sexto seminario de este tipo y creemos que nuestra banca nacional ya cuenta con una gran experiencia y conocimiento sobre este tema”, indicó Teresa Montealegre, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp).

Ana María H. de Alba, fundó la firma de consultaría CSMB en 1997, especializándose en gestión de riesgos, investigaciones y estrategia corporativa. A su vez, es instructora y asesora académica de FIBA y está asociada como consultora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones y seguridad.

Cuenta con más de 30 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultoría. Como ejecutiva bancaria desempeñó puestos gerenciales en la banca doméstica e internacional en instituciones tales como el SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank y BICSA (Banco Internacional de Costa Rica.)

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